El Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) sobre el “uso político” que el Estado mexicano ha dado a la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En un amicus
curie que envió a la CoIDH, el
Movimiento detalló que entre las condiciones con las que se aprobó dicha
legislación se cuenta “el impulso de las familias y no el resultado de la
voluntad política o debida diligencia del Estado”.
El pasado 13
de mayo, el Movimiento -integrado por 55 colectivos de familiares de
desaparecidos, 35 organizaciones civiles de 18 entidades federativas y tres
países de Centroamérica- remitió a la CoIDH un amicus curie en el contexto del
litigio que se sigue contra México en el tribunal regional por la desaparición
forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido
Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano.
Los integrantes de la familia
Alvarado fueron detenidos por elementos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo
Casas Grandes, Chihuahua. Y, pese a que persisten elementos de la autoría
castrense en el caso y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó
una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la
que se confirmó la participación militar, ante la CoIDH el Estado mexicano ha
negado su responsabilidad.
Durante la
audiencia para abordar el caso en la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica,
los días 26 y 27 de abril, los representantes del Estado adjudicaron como un
logro del gobierno de Enrique Peña Nieto la aprobación de la Ley General en
Materia de Desaparición, así como un elemento para eximir de responsabilidad al
Estado mexicano de la desaparición de los Alvarado.
En el documento enviado al tribunal
de la OEA, los colectivos denunciaron “los obstáculos y retos enfrentados por
las familias en la implementación de la Ley General de Desaparición”, como un
aporte informativo al juicio en el que se busca que se “condene al Estado
mexicano y ordene como una de las garantías de no repetición, la implementación
efectiva” de la legislación.
En el contexto del caso Alvarado,
hasta ahora impune, el Movimiento de colectivos de familiares “solicita a la
Corte IDH que considere insuficiente la adopción de medidas legislativas
meramente formales que no se traducen en la garantía de los derechos a la
justicia, verdad y reparación para las víctimas”.
En el amicus
curie entregado a la CoIDH, el Movimiento narró el proceso legislativo que
derivó en la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición, en
noviembre de 2017, por el presidente Enrique Peña Neto.
El Movimiento reconoció que el Estado
mexicano fue el responsable de legislar, a través del Congreso de la Unión,
pero que “no hubiera sido posible si no fuera por la presión que se realizó
desde el Movimiento y otros sectores”.
Por el
contrario, agregó que “el actuar del
gobierno federal fue encaminado a reducir los alcances de la ley general en
aspectos fundamentales como la búsqueda de las personas desaparecidas y la
responsabilidad penal del superior jerárquico y herramientas de investigación
eficaces”.
Con la finalidad de ampliar el
contexto de la información que se canalizó a la CoIDH, documental y en la
audiencia pública en Costa Rica, los integrantes del Movimiento reiteraron la
falta de voluntad política del Estado para aplicar la Ley en materia de
desaparición.
“Lamentamos el uso político que el
Estado mexicano realiza de una legislación que está vigente en el país no por
su iniciativa, sino por la presión social, y más, porque si bien contamos con
una legislación en la materia, que considerábamos necesaria, ésta, lejos de
garantizar efectivamente los derechos de las personas desaparecidas, desconoció
muchas de las propuestas planteadas por el Movimiento y nos generó nuevas
problemáticas, como un proceso de implementación que deja ver su falta de
voluntad real”,
puntualizó el medio centenar de colectivos y decenas de organizaciones civiles.
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