La oposición en la Legislatura mexiquense
anunció que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la
lista de programas sociales que fue aprobada el jueves 17 para que éstos puedan
ser operados en veda electoral, por considerar que alrededor de 30 de ellos no
se apegan a las características permitidas en la ley y pueden emplearse para
coaccionar el voto.
Víctor Hugo
Sondón, presidente del Partido Acción
Nacional (PAN) en la entidad, anticipó que a más tardar la próxima semana
presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la lista avalada
por la mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y aliados.
El panista confió en que los grupos
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena se
sumarán al recurso, como ocurrió el año pasado –en vísperas de la elección de
gobernador–, ya que también votaron en contra del catálogo.
Para que un
instrumento legal de este tipo proceda, es necesaria su promoción por la
tercera parte de la Legislatura. Si se contabiliza con base en la totalidad de
los diputados locales (75), se necesitarán 25 firmas.
No obstante, el quórum del jueves
implicó 64 votos (41 a favor y 23 en contra), lo que significa que bastan 22
(21.33) firmas para respaldar la acción de inconstitucionalidad, por lo que el
panista confió en su procedencia.
A pesar de que jurídicamente son
necesarios tres meses posteriores a la aprobación del decreto correspondiente
para promover el recurso, y no obstante que las campañas de ayuntamientos y
diputados locales prácticamente están en puerta (comienzan el 24 de mayo),
Sondón Saavedra espera que, debido a la premura requerida para su
procesamiento, la Corte atenderá de manera inmediata el recurso y, en su
defecto, los programas sociales serán detenidos en tiempo y forma.
“La Corte debe valorar los tiempos
para que pueda ejercerse justicia; si (los ministros) no lo determinan antes de
que inicie la campaña electoral local, no servirá de nada”, advirtió.
Desde su
punto de vista, al menos 30 de los 47
apoyos autorizados no se apegan a lo establecido por la ley y pueden ser
ejercidos de forma clientelar, por tanto, deben ser frenados en los 30 días
anteriores a la jornada.
El artículo
261 del Código Electoral del Estado de México establece que en ese plazo deben
detenerse “los programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega
a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de
sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los
casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales,
siniestros u otros eventos de igual naturaleza”.
Sin embargo, el catálogo avalado
incluye apoyos aparentemente contrapuestos a esta disposición, como los
programas Alimentación Mexiquense, Desayunos Escolares, Nutrición Escolar,
Paquete Alimentario para Familias Fuertes, Alimentación para la Niñez y Programa
de Abasto Alimentario, entre otros, que se traducen en la entrega de despensas.
También prevé programas que implican
la distribución de materiales, entre ellos útiles escolares, a pesar de que el
ciclo escolar actual está por concluir y el siguiente inicia en agosto, dos
meses después de las elecciones.
Además, cinco de los programas aprobados (Personas
Adultas Mayores, Alimentación Mexiquense, Creciendo Contigo, Fortaleciendo
Comunidades y Niñez Indígena) ejercerán en conjunto 3 mil 153 millones de pesos
de los 4.8 previstos para los 12 principales apoyos de la Secretaría de
Desarrollo Social estatal (Sedesem).
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