Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno por
Morena, ha sido señalada como responsable de las irregularidades y corrupción
que habrían permitido que el Colegio Rébsamen, en el que murieron 19 niños y
seis adultos, tras el sismo del 19 de septiembre pasado, operara por más de
tres décadas.
Verificado 2018 publicó ayer la primera parte de esta
investigación sobre la opacidad alrededor del expediente, que fue reservado
durante cuatro meses. Dos son las primeras conclusiones:
1.- Sobre opacidad, los documentos fueron públicos un mes y
estuvieron en la página de Internet de la Delegación Tlalpan, pero se
reservaron desde el 27 de octubre hasta el 22 de febrero, cuando INFODF ordenó
su difusión.
2.- Peritos y abogados de familiares de los fallecidos en el
Rébsamen enlistaron documentos que no están en el expediente oficial,
particularmente aquellos que pudieran probar que hubo revisiones de seguridad
estructural de las instalaciones, responsabilidad que le correspondía a la
delegación Tlalpan.
Verificado 2018
corroboró que el colegio presentó un certificado de uso de suelo falso para
operar en el predio y carecía de programas de protección civil, como señaló en
un inicio la delegación, aunque después encontró los de 2016 y 2017, que correspondían
a la gestión de Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México conoció de estas
irregularidades, pero no clausuró sus instalaciones.
En entrevista con Denise Maerker, Sheinbaum dijo que la
delegación compartió toda la información relativa al Colegio Rébsamen en su
página web. Sin embargo, no es cierto: en el InfoDF aparece más información
recopilada a través de solicitudes de transparencia que no consta en el
expediente.
Protección civil.
En el expediente del
Colegio Rébsamen no figuran los programas internos de Protección Civil, pese a
que deben ser renovados cada año.
En su lugar, hay un
oficio de prevención del 31 de julio de 2017, en el que se le otorgan cinco
días hábiles para subsanar las observaciones o el trámite sería rechazado. Pero
el trámite no fue resuelto. El plazo para resolverlo se vencía tres meses
después, el 31 de octubre, pero el sismo ocurrió antes.
Además, la delegación
se contradice en cuanto a las respuestas que ha dado vía transparencia. Primero
dijo que no existía ningún programa en sus registros, unos días después aseguró
en su página web haber encontrado los programas de 2016 y 2017,
correspondientes al periodo de gobierno de la delegada en funciones.
El despacho de abogados Fuentes León, que representa a
algunos de los padres de niños víctimas, anunció que presentará hoy una
denuncia en materia de Protección Civil contra servidores de Tlalpan por las
inconsistencias en la respuesta a la solicitud de información.
El Rébsamen debió ser clausurado.
El predio Rancho
Tamboreo 19 tenía un certificado de uso de suelo falso. Verificado 2018 pudo
corroborar que la constancia de uso de suelo presentada en el expediente no
corresponde a la escuela, sino a un predio ubicado en la calle Ferrocarriles
del Río Frío, manzana 16, Lote 13, Colonia El Rodeo, en la delegación
Iztacalco, según confirmó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) mediante solicitud de información.
En enero de 2017, el
Instituto de Verificación Administrativa (Invea) detectó que el colegio había
entregado un certificado falso de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos. Ante la duda, el INVEA cotejó con Seduvi el certificado de
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos de Rancho Tamboreo 19 que
entregó la directora, y constató que no correspondía al predio en el que se
encontraba el colegio.
La institución exigió
una multa de 107 mil pesos y conminó a la escuela a que dejara de operar como
colegio o que presentara un certificado válido que ampare el uso de suelo y
superficie utilizada. Sin embargo, la directora de la escuela, Mónica García
Villegas, apeló la resolución y la escuela se mantuvo abierta.
LA POSIBLE CLAUSURA ERA
UNA DECISIÓN QUE CORRESPONDÍA AL GOBIERNO DE LA CDMX.
Meyer Klip, presidente del
Invea, justificó NO haber clausurado el inmueble porque la Ley de
Establecimientos Mercantiles establece que, ante irregularidades de giros de
bajo impacto, como las escuelas, lo primero que se debe hacer es conminar a que
regularicen su situación jurídica, y alegó que no había continuado con el
proceso debido al amparo que obtuvo la directora.
Pero el Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México lo corrigió y precisó que el 31
de mayo del 2017 había fallado a favor del INVEA el juicio de nulidad que
iniciaron los representantes legales del colegio, validando la sanción impuesta
y permitiéndole continuar con su proceso.
El oficio del Tribunal
señala que “este procedimiento, de ninguna manera, le impide al INVEA continuar
con el procedimiento administrativo respecto a las materias de su competencia”.
En paralelo, la
Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia
de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México (PGJCDMX) inició en febrero de 2017 una investigación contra García
Villegas por el delito de falsificación y uso indebido de documentos, bajo la
carpeta de investigación CI/FEDAPUR/A/UI-2 C/D/00111/02-2017.
Unos meses después, el
27 de septiembre de 2017, García Villegas presentó una demanda de amparo con la
que logró suspender cualquier orden de detención y congelar la información que
las autoridades podían proporcionar sobre ella. Fue esta la razón por la que
tanto la delegación Tlalpan como el INVEA se basaron para reservar la
información.
Verificado 2018
constató que el último certificado público de uso de suelo de Rancho Tamboreo
19 que aparece en el Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo
Urbano (SIEDU), con fecha del 18 de abril de 2013, determina que el único uso
de suelo permitido es el habitacional, con un máximo de tres niveles de
construcción.
Interpol tras la directora y dueña del Rébsamen.
Mónica García Villegas permanece prófuga de la justicia por
el presunto delito de homicidio y uso de documentación apócrifa para la
construcción de su departamento en el colegio Enrique Rébsamen.
En septiembre obtuvo un
amparo para no ser detenida, y en diciembre, la Procuraduría General de la
República informó que la Interpol había emitido una ficha roja para localizarla,
después de haber realizado un cateo en una vivienda de Coyoacán sin éxito.
En repetidas ocasiones, usuarios de redes sociales han
solicitado a Verificado 2018 revisar si García Villegas es cuñada de la
exministra Olga Sánchez Cordero –casada con el notario y catedrático Eduardo
García Villegas–, y quien, de resultar electo Andrés Manuel López Obrador,
formaría parte de su gabinete.
Mónica García Villegas es hija de Enrique García Gámez y
Gloria Villegas Piña, mientras que el notario Eduardo García Villegas es hijo
de Francisco García Villagomez y Mercedes Villegas Bouchez.
La exministra aclaró a
Verificado 2018 que se trata de una “coincidencia de apellidos” y compartió el
acta de nacimiento de su esposo.
Las denuncias que presentó Sheinbaum.
Sheinbaum también dijo
a Mearker que una de sus primeras acciones fue denunciar a funcionarios
públicos de pasadas administraciones delegacionales. Es cierto.
El 28 de septiembre
Sheinbaum presentó una denuncia penal contra Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel
Ángel Guerrero López, exdirectores generales de Jurídico y Gobierno en Tlalpan
en administraciones anteriores, así como contra la directora del Colegio
Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas. Además, y “contra quien resulte
responsable”.
La denuncia no señala
directamente a los exdelegados Higinio Chávez García (2009-2012) o Maricela
Contreras Julián (2012-2015), quienes estuvieron a cargo de la delegación en
los periodos en los que supuestamente se cometieron las irregularidades en el
colegio, pero Sheinbaum se refirió a sus administraciones. Tanto Chávez como Contreras
migraron a las filas de Morena en los últimos seis meses.
José Adolfo Suárez del
Real, coordinador de la campaña de Sheinbaum, dijo que ninguno de ellos forma
parte del equipo oficial de la candidata. “Esa información es falsa; sería una
irresponsabilidad exponer la campaña integrando a funcionarios que están
sujetos a investigación”, aclaró. “Sheinbaum amplió la denuncia a quien resulte
responsable, pero corresponde a la Procuraduría (de Justicia de la Ciudad de
México) determinar hasta dónde llega la responsabilidad”, precisó Suárez del
Real.
Contreras no forma
parte de la campaña de forma oficial, aunque en los últimos meses ha hecho
campaña a favor de la candidata a través de sus redes sociales. El 4 de abril publicó una foto en
su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje: “Con mi amiga Patricia Aceves
Pastrana sumando esfuerzos para que #Tlalpan contribuya al triunfo de #Morena
en el país con Andres Manuel Lopez Obrador y en la Ciudad con Claudia
Sheinbaum”. En otra publicación del 1 de abril, la diputada compartió una nota
titulada Claudia Sheinbaum inicia campaña, presenta a su equipo, y señala:
“Vamos a recuperar en la #CDMX la vocación de izquierda que mejore las condiciones
de vida de las personas. Existe esperanza y se logrará con este equipo”.
Miguel Ángel Guerrero
López, que actualmente se desempeña como secretario técnico en la Cámara de
Diputados, ocupó el
cargo de director Jurídico y Gobierno, durante la administración de Maricela
Contreras Julián (2012-2015) y Alejandro Zepeda, director de Adquisiciones en
la Asamblea Legislativa del DF, ocupó el mismo cargo durante la administración
de Higinio Chávez García (2009-2012).
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