Miembros de ocho colectivos de
familiares de personas desaparecidas fueron excluidos de la reunión en la que
el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció una inversión millonaria para la
adquisición de equipo forense del proyecto de búsqueda e identificación de
cuerpos.
Curiosamente,
se trata del grupo que reprochó la
conducta del mandatario por criminalizar a los dolientes sin fundamentos
jurídicos.
“El dolor y la desesperación de no
saber de nuestros familiares es compartida, y la decisión de trabajar sólo con
algunos grupos de víctimas nos deja en una situación desfavorecida en cuanto al
acceso a la justicia, y nos revictimiza al mostrar un trato parcial y preferente
del gobernador Héctor Astudillo”, expresó la presidenta del Colectivo de Chilpancingo,
Guadalupe Rodríguez Narciso.
Los miembros del Frente Guerrero por
Nuestros Desaparecidos, que aglutina a miembros de ocho colectivos, hicieron un
llamado público al mandatario y al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín, para que no vuelvan a sesionar y tomar
acuerdos sin considerar a todos los colectivos.
Además de que los incluya en el
programa de análisis forenses de cuerpos no identificados y búsqueda de
personas, anunciado esta semana y donde supuestamente los gobiernos estatal y
federal van a invertir 20 millones de pesos
Los
inconformes denunciaron que Astudillo
solo convocó a integrantes de colectivos de Iguala y Acapulco para evitar que Jaime
Rochín presenciara protestas ante la “indolencia y falta de respeto” del
gobernador hacia las víctimas.
Ello, debido a que el gobernador Astudillo
aseguró, durante una reunión del club rotario en Acapulco y sin presentar
pruebas, que la mayoría de los jóvenes desaparecidos en la entidad,
“participaron en acciones delincuenciales”.
En el comunicado de los ocho
colectivos señalan que los cuerpos sin identificar que están en las morgues de
la entidad, “no son patrimonio de ningún colectivo en particular, por lo tanto,
no se debe excluir a los familiares”
Por ello, insistieron en exigir respeto a Astudillo
para todas las familias de desaparecidos, ser incluidos en la firma de los
convenios que los involucre, así como cumplir y acatar las leyes que protegen
los derechos de las víctimas, y que ofrezca una disculpa pública por la forma como
el mandatario ha criminalizado a las víctimas.
“No entiendo por qué el gobernador
nos excluye, pero se considera que intenta dividir los colectivos y que este
problema no sea un solo grito”, señaló Rodríguez Narciso.
También, recordó que todos los familiares de
personas desaparecidas tienen “la legitimidad y el derecho” de saber qué es lo
que se hace con los cuerpos que permanecen sin identificar en las morgues, así
como el conocer los resultados y contribuir en la búsqueda.
Incluso, señaló que el actual dirigente estatal y
diputado local priista, Heriberto Huicochea Vázquez se benefició con el tema de
los panteones forenses al hacer negocios al amparo del poder junto a su
compadre, el gobernador Astudillo.
El documento
fue firmado por el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, Madres
Igualtecas en busca de sus desaparecidos, Colectivo Los Otros Buscadores:
Buscando Vida entre los Muertos, Centro de Derecho de las Víctimas de Violencia
Minerva Bello, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón (Centro Morelos), Colectivo Margarita López y Carlos Alberto
González Campo.
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