Adela
Navarro Bello.
El ulular de
las sirenas de las patrullas ha sido constante durante las últimas semanas en
Tijuana. Julio apunta a convertirse en el mes con más ejecutados producto del
narcotráfico y el crimen organizado. Todos
los días asesinan a alguien. A veces cuatro al mismo tiempo. Las balaceras
acechan en cualquier esquina, centro comercial, residencial de lujo o
fraccionamiento.
Por supuesto que la violencia
sangrienta no es privativa de Tijuana, aunque esta ciudad se encuentre entre
las cinco que mayor número de homicidios dolosos presentan, ciudades como
Culiacán, León, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad Victoria, padecen los
estragos de la corrupción y la impunidad que han empoderado a los
narcotraficantes.
Así como en México atravesamos por el
sexenio más sangriento, con más de 131 mil hasta abril del 2018 y desde que
inició el ahora disminuido sexenio de Enrique Peña Nieto, en Baja California
estamos viviendo el sexenio más violento con Francisco Vega de Lamadrid como
gobernador. Uno del PRI, el otro del PAN, igual de desinteresados en el
narcotráfico, la inseguridad, la violencia, la impunidad o la corrupción,
permitiendo con la inacción de policías e investigadores, que los criminales se
autorregulen en el territorio con la premisa de sangre y plomo.
Al amparo de la ineficacia y la
corrupción en la procuración de justicia en el País, los cárteles de la droga
han hecho de México su territorio criminal. El cártel de Sinaloa ha sobrevivido
de manera violenta a la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, mientras
el de Jalisco Nueva Generación goza de total impunidad, ambas las estructuras
criminales más peligrosas y violentas actualmente.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto,
los homicidios dolosos producto de la guerra entre cárteles, han ido
incrementando con el paso de los meses y los años. Si en el mes de diciembre de
2012 cuando tomó posesión del cargo de Presidente, se registraron mil 999
homicidios, para 2013 la cifra alcanzó los 23 mil 63 ejecutados, un año después
en 2014 fueron 20 mil 10, y para 2015 20 mil 762. En 2016 se contabilizaron 24
mil 559 ejecuciones, y hace unos días el INEGI ajustó la cifra de homicidios
dolosos ocurridos en 2017, solo para dar a conocer el año más sangriento en la
historia contemporánea de México, con 31 mil 174 ejecutados en doce meses.
En enero de 2018 fueron 2 mil 549,
febrero dejó 2 mil 389 ejecutados, marzo 2 mil 737, y abril de 2018 (último mes
en el que ha registrado cifra el Secretariado Nacional de Seguridad Pública), 2
mil 720. En total en 65 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, se
contabilizan oficialmente, 131 mil 962 ejecutados. Una cifra superior a los
poco más de 103 mil muertos en la “guerra contra las drogas” del sexenio de
Felipe calderón Hinojosa, y en el gobierno de Peña, aunque parezca que ya concluyó
por la falta de compromiso, faltan por contar, los muertos de mayo, junio,
julio, y los eventos que sucederán en agosto, septiembre, octubre y noviembre.
Pero con un promedio de 2 mil 600
ejecutados por mes, Peña terminará el sexenio con aproximadamente 150 mil
ejecutados.
Tijuana, una ciudad pujante,
fronteriza, de mucha interacción con California, Estados Unidos, industria,
valles vinícolas y un auge en la gastronomía, está ahora sumida en el horror.
Ahí la han situado los malos oficios del alcalde Juan Manuel Gastélum
Buenrostro (por cierto uno de los diputados que votó por la eliminación de la
portación de arma de fuego como delito grave), la pésima coordinación y la
ausencia de liderazgo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ambos más situados
en la sospecha de a corrupción, el endeudamiento y la ineficiencia
gubernamental, que en el compromiso por enfrentar las batallas que la sociedad
requiere para tener seguridad, tranquilidad y desarrollo.
En lo que va de este 2018 en la
frontera ciudad se han contado mil 447 homicidios dolosos, producto de guerras
entre células del narcotráfico. Particularmente de tres, las del cártel Jalisco
Nueva Generación, de Sinaloa y de lo que queda de los Arellano Félix.
Como en el
ámbito nacional, la cifra de muertos ha
ido en ascenso: 191 en enero, 177 en febrero, 184 para marzo y 212 en abril,
216 en mayo y 221 sucedieron en junio. Julio es el mes más sangriento del año,
246 ejecutados hasta las 8 de la mañana del 31 de julio cuando ya habían
asesinado a un hombre en una concurrida plaza comercial, y colgado a otro en un
puente de la marginada e insegura zona este de la ciudad.
Entre balaceras, tiradero de cuerpos,
enfrentamientos, en siete días, del 19 al 25 de julio se vivió la peor semana;
67 asesinados. Sin embargo, tanta muerte y tanta sangre que corre, no han sido
suficientes para que gobernador y alcalde reaccionen con un plan emergente de
seguridad, o que la presidencia de la República, mínimo la secretaría de
gobernación que encabeza ahora Alfonso Navarrete Prida, establezcan una
coordinación especial ante la emergencia por la inseguridad, utilizando a las
Fuerzas Armadas que en aquel estado están destacadas.
La realidad
es que con la premisa de que se “matan entre ellos”, los gobernantes intentan
transmitir seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que trabajan, viven,
estudian y se desarrollan sin tener ligas con la criminalidad organizadas. Lo
cual parece que están esperando, a que –como sucedió en el pasado- la violencia
escale de las células criminales a los sectores sociales y económicos, y afecte
a los suyos, para emprender acción alguna.
Los discursos que sectorizan la
inseguridad y la violencia no han funcionado en el pasado y no funcionan ahora.
La criminalidad crece y se empodera porque hay corrupción y se provee de
impunidad en la procuración y en la administración de la justicia.
Mientras los gobiernos, el federal,
el estatal y el municipal sigan evadiendo su responsabilidad, sea por omisión,
incapacidad, complicidad o corrupción, los miembros de los cárteles con
impunidad seguirán matando en la conquista de territorios para delinquir.
Son muchas
las muertes para ignorarlas, eso ya lo hacen los gobiernos mientras la sociedad
sobrevive en condiciones de inseguridad, a la extinción a balazos en el sexenio
más violento.
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