Javier Risco.
Hace algunos
días hablaba de dos ficciones. La primera era el Sistema Nacional
Anticorrupción, un 'esfuerzo' que en realidad no llegó ni siquiera a intención
por parte de este gobierno para combatir el tan citado cáncer social; la
segunda ficción era la Unidad Comité de la Defensa de Derechos Humanos de la
Segob, descrita por uno de sus responsables como una oficina rebasada. Dos
temas sensibles que acapararon la agenda del sexenio despreciados u omitidos:
la lucha anticorrupción y los derechos humanos. Hoy se suma una nueva
simulación: la importancia que le da el gobierno federal a los desaparecidos.
¿Cuántas historias hemos contado en estas páginas de gente que no volvió?
¿Cuántos han dicho hasta el cansancio que no hay peor desamparo que los
familiares que esperan a un ser querido? ¿Cuántas madres sólo quieren el cuerpo
de su hijo para tener donde llorar? Sin duda es la mayor tragedia de este
sexenio. Las cifras son inexactas; sin embargo, el gobierno ha reconocido más
de 37 mil y ¿cuál es su respuesta? Ayer el periodista Jorge Ricardo, del diario
Reforma, publicaba la situación en la que está la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas: “La Comisión tiene su nueva sede en un pequeño espacio de oficinas
aún sin terminar y casi vacías (...) dispone de apenas 20 empleados. Esto
equivale a que cada uno de los funcionarios de la Comisión debería rastrear a
mil 871 desaparecidos. En un recorrido por la sede se ubicó a personal
conectando computadoras y a técnicos instalando cables por los plafones; además
se observaron sillas sin armar amontonadas, cables y mangueras, entre otros
enseres”.
No puedo
imaginar el dolor de un familiar llegando a estas oficinas, tratando de buscar
respuestas en un cascarón incapaz de recibirlos con dignidad. Previo al primer
debate recuerdo que en el programa, Así las Cosas, de W Radio, entrevistamos a
los especialistas en temas de seguridad, María Elena Morera y Ernesto López
Portillo. Cuando les preguntamos cuál era la mínima exigencia en este tema a
los candidatos, los dos coincidieron: “Que partan del dolor de las víctimas”.
Que el primer paso sea el reconocimiento de la tragedia en la mirada de los que
la sufren, esa era la exigencia a los candidatos porque el gobierno de Peña
Nieto ha dejado claro que la suya ha sido la política de la indiferencia en
estos casos.
El trabajo
publicado por Reforma también recoge voces de los propios empleados de la
Comisión Nacional de Búsqueda, “el Presupuesto de Egresos 2018 contempló la
cantidad de 186 millones de pesos para que la Segob implementara la ley y la
Comisión. Pese a ello, personal adscrito a la CNB confirmó que a la fecha no
han recibido sus pagos y algunos asistentes a reuniones de trabajo confirmaron
que el café y las galletas eran subsidiados por el mismo personal. La falta de
recursos que padece no se debe a que los 186 millones fueran insuficientes,
sino que el nuevo organismo no ha podido tener acceso a ellos, en parte por
procesos burocráticos”. Así que no sólo se trata de 20 empleados insuficientes,
sino que no tienen los elementos mínimos para trabajar, ninguno busca a nadie,
la Comisión no será capaz de atender a las víctimas ni de encontrar a los
desaparecidos por la sencilla razón de que está en el olvido y en un limbo
presupuestal.
En medio de
la transición se esconden estos problemas capitales, el gobierno de Enrique
Peña Nieto ya ha cerrado la cortina definitivamente dejando en el desamparo a
las víctimas y entregando un gobierno indigno ante los cientos de miles que han
padecido los peores años de su vida.
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