El país que deja Peña es peor de lo que imaginamos: Alejandro Encinas; “no teníamos ni idea”

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La agenda de las víctimas en un país plagado de fosas clandestinas, desaparecidos y cadáveres sin identificar que se pierden en el mundo de la burocracia gubernamental y en la falta de protocolos, es para el próximo Gobierno una de las asignaturas más importantes por el impacto que tendrá lo que se haga en los mexicanos que salieron a votar por Andrés Manuel López Obrador y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 1 de julio, reconoce en esta entrevista Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en la administración federal que iniciará a partir de diciembre.

Encinas Rodríguez acepta que no sólo se sacó “la rifa del tigre” con la posición que le encomendó el futuro Presidente de la República, sino que además tendrá que lidiar con “el tigre rabioso” de un país ensangrentando y adolorido por la crisis profunda de violación de derechos humanos que dejará la administración de Enrique Peña Nieto.

“El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población”, dice Alejandro Encinas.

El próximo Subsecretario de Derechos Humanos traerá como primera encomienda el caso Ayotzinapa y darle respuestas a los padres y madres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. También tendrá la agenda de todas las víctimas dolientes que ha dejado a su paso la violencia desbordada en el país.

Esas víctimas que le gritaron a López Obrador “ni perdón, ni olvido” en el Centro Cultural Universitario Tletelolco a principios de septiembre. Alejandro Encinas los sabe y lo asume, asegura. “Lo primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia de búsqueda porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para hacerlo”, explica.

En el caso Ayotzinapa, dice Encinas, se abrirá el 27 Batallón con destacamento en Iguala, Guerrero, a la nueva Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad que se creará por decreto el 1 de diciembre, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de las controversias presentadas por el Gobierno federal en contra de la Comisión mandatada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Los elementos del Ejército que estuvieron presentes aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre deben dar cuenta de lo que lo que saben, como fue la demanda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que llegaron al país a formar parte de la investigación en marzo de 2015.

“Aquí no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la institución militar”, afirma.

–Usted probablemente trae una de las asignaturas más difíciles para el próximo Gobierno que es todas las víctimas, este México ensangrentado, se sacó la rifa del tigre.

–El tigre con rabia.

–La rifa del tigre con esta posición que tendrá usted en la Secretaría de Gobernación. Me gustaría saber hasta ahorita, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está dejando este Gobierno de Peña Nieto?

–Hay que asumir que no hay tarea sencilla para el próximo Gobierno federal; el país está en un proceso de descomposición y deterioro de la vida institucional muy profundo, que se expresa en esta crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos de manera muy cruenta, pero que la encontramos en todos los ámbitos de la administración pública. Problemas serios de corrupción, problemas serios de mala administración, mal ejercicio de los recursos públicos, y pues un problema de pobreza, desigualdad, de inseguridad que es gravísimo en el país.

El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población y vamos a tener que informar y comunicar de manera muy clara y transparente porque evidentemente no será sencillo cambiar las cosas de la noche a la mañana, sino que será un proceso.

Primero para frenar este nivel de descomposición, revertirlo, y en muchos casos, en lo que a mí me corresponde, avanzar en el conocimiento de la verdad no solamente de los hechos graves que se han cometido contra los derechos humanos, sino garantizar la aplicación de la justicia para las víctimas y sus familiares.

–No sé si usted esté de acuerdo en que uno de los puntos más importantes por los que se dio el triunfo de López Obrador es precisamente este: la violencia, la inseguridad, las víctimas.

–Sí, yo creo que es la indignación. Una indignación muy profunda en la sociedad y el hartazgo. El hartazgo de los privilegios de una clase política que se corrompió con esta situación de zozobra, no sólo por el problema de inseguridad, sino de falta de certidumbre en el desarrollo del país. Y por supuesto esta indignación por la violencia y la inseguridad que ha afectado a la vida y al patrimonio de muchas familias, tenemos que asumirlo como parte fundamental en el resultado electoral y tenemos que dar respuesta a esa indignación.

–Ahora con la cancelación de los foros por la paz, son cinco estados, pero al menos tres tienen una grave situación: Veracruz, Tamaulipas y Morelos. Veracruz con todo el tema de Javier Duarte; Tamaulipas, la violencia; y bueno Morelos, las fosas.

–Independientemente de la cancelación de los foros que se hizo por parte de nuestros compañeros del área de Seguridad Pública, nosotros vamos a seguir manteniendo la relación y los encuentros con todos los grupos de víctimas. Este viernes yo voy a estar en San Luis Potosí, vamos a estar el día 19 de octubre en Zacatecas, vamos a tener relación con varios grupos de víctimas en Veracruz. Más allá de los foros, mantener el diálogo de interlocución será una tarea permanente y sistemática no sólo de aquí al primero de diciembre, sino ya en el ejercicio de la responsabilidad que nos han encomendado.

–¿Cuál es su estrategia Alejandro, una vez que llegue a su puesto, para combatir todos estos problemas que usted traerá en su agenda?

–Lo primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia de búsqueda, porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para hacerlo.

Tenemos que trabajar en todo lo que es la Comisión Nacional para frenar la violencia contra las mujeres, la Comisión Nacional para atender la situación de refugiados, en fin, muchos de los instrumentos nacionales que se crearon en la ley, pero que en realidad ni existe. Esto a fin de dar causa a todas las inquietudes y demandas de la población, hacer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funcione realmente. Que se desburocratice, que tenga una capacidad de respuesta inmediata, que el Sistema Nacional de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes tenga los recursos y los instrumentos para enfrentar situaciones tan difíciles como ha sido la desaparición y el homicidio de menores, particularmente de niños y niñas, que no se habían dado cuenta de este fenómeno a nivel nacional. Un primer paso es hacer que las instituciones funcionen para atender las demandas de la población afectada, pero también para ejercer los derechos que le corresponden a cada quien.

–Ahorita que habla de hacer que las instituciones funcionen, esta crisis tremenda que hay con los servicios forenses en todo el país, con los Semefos. Nos acabamos de enterar que en Coahuila hay 49 cuerpos que fueron donados a la Facultad de Medicina y que pueden ser de desaparecidos y no saben ahorita dónde están los cuerpos. Hablaba con Javier Sicilia [Zardain] y me decía que será muy costoso poder arreglar todo esto. ¿Cuál es el plan?

–En este caso lo que urge es un Sistema Nacional Forense que establezca protocolos únicos de actuación en todos los órdenes de Gobierno para nos solamente la identificación de los cuerpos que se vayan encontrando en las fosas clandestinas, sino los decesos que se dan de muchas personas en la vía pública o por accidentes, en donde no hay ningún control real, ni mucho menos de infraestructura, ni la logística adecuada para hacer laboratorios de antropología forense, bancos de ADN, hasta las mínimas condiciones de identificación de un cadáver.

Vemos en el caso de las fosas de Tetelcingo, por ejemplo, cómo la propia autoridad sembró cadáveres ahí sin haberlos identificado, violando todo tipo de protocolos. En algunos cementerios se han encontrado personas que traen identificación y que se han reportado como desaparecidos. Hay que poner orden y por eso se requiere de un sistema nacional con la participación de las entidades federativas.

–¿Los recursos de dónde van a salir Alejandro?

–Tienen que salir del ámbito federal, pero también del ámbito local. Si hablamos de un sistema nacional, no puede una situación tan crítica como esta absorber todo el Gobierno federal. Menos aún, porque es una competencia de los gobiernos estatales y municipales. Yo tuve la experiencia como Jefe de Gobierno me tocó hacer todo el Servicio Forense de la Ciudad de México, que es el mejor del país. Esto tiene que replicarse en todas las entidades. Pero tenemos que prepararnos de manera distinta; apenas van dos generaciones de estudiantes de Medicina Forense egresados de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México], esto hay que reproducirlo en todas las universidades públicas para estar a la altura de este reto.

–Me decía Javier que se necesita pedir ayuda internacional, recursos, ¿cómo se puede hacer?

–Hay organismos que facilitan recursos, otros nos pueden dar intercambio de experiencia. Ya hemos tenido reuniones con distintas embajadas que nos han ofrecido este tipo de servicios y por supuesto que lo vamos a tener.

RETOMAR CASO AYOTZINAPA.

–Entrando en materia del caso Ayotzinapa. Carlos Beristain del GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] dice que se tiene que investigar a Tomás Zerón y a Murillo Karam, ¿qué tan prioritario es investigar a estos personajes?

–El objetivo fundamental de la Comisión de la Memoria y la Verdad que está por integrarse es conocer la realidad de los hechos: qué pasó, dónde están los muchachos, quiénes son los responsables. En el momento que se abra esta investigación y se vayan deslindando responsabilidades podrá identificarse las acciones, omisiones, dolos, negligencias, de las autoridades que intervinieron en el proceso de investigación. Y si de ahí se deslinda una responsabilidad para cualquier servidor público del orden federal o local, vamos a actuar en consecuencia.

–Él habla de que una de las principales solicitudes que hizo el GIEI cuando llegó fue que se abriera la información del 27 Batallón. Hacer entrevistas con personas que ya tienen detectados y nunca se les permitió. Incluso cuando dieron su último informe antes de irse, dijeron las preguntas que les habrían hecho. En este nuevo Gobierno, ¿se les va a abrir esta posibilidad?

–Sí, parte de la idea de esta Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad es que efectivamente todas las líneas de investigación se desahoguen, no quede pendiente como lo ha mandatado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, y las declaraciones de testigos o de víctimas que fueron violentados sus derechos ese día y también de muchas de las autoridades que presuntamente tienen información sobre los hechos de esa noche en Iguala.

–¿Aunque sea del Ejército?

–Aquí no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la institución militar.

–Le preguntaba yo a Beristain si serán ellos mismos los que vendrían o serían otros. ¿Qué tiene pensado el nuevo Gobierno?

–La propuesta de los padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa es que ellos se reincorporen. Esto lo estamos trabajando ya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque ellos disolvieron el GIEI y crearon un mecanismo de seguimiento. Por supuesto que hay todas las condiciones para restablecer un acuerdo con la Comisión Interamericana y que el GIEI pudiera rearticularse.

–¿Con los mismos miembros?

–Con los mismos miembros. Yo no veo ningún impedimento para ello.

–¿Qué tan importante sería que fueran ellos?

–Pues ayuda, porque ya hicieron todo un proceso de investigación, están al tanto de los detalles; conocen además otras investigaciones como la que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México, como hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estamos esperando que emita una recomendación adicional sobre el caso Ayotzinapa, y eso ahorraría mucho tiempo.

–¿Cómo ve los tiempos en los que se irán viendo resultados en el caso Ayotzinapa?

–Lo primero es esperar la resolución de la Corte sobre las controversias que presentó el Gobierno federal contra la sentencia que emitió y luego ratificó el Tribunal de Tamaulipas de crear la Comisión de la Verdad. En caso de que no se ratifique, nosotros a partir del 1 de diciembre, el Presidente ya en funciones, emitirá un decreto para su creación. Habrá que proceder a la instalación de la misma; por supuesto que esto va acompañado de un proceso jurídico previo que ya está en marcha que es la creación de la Fiscalía General de la República, el nombramiento del nuevo fiscal que va a tener autonomía y de una Fiscalía que va a tener fiscalías especiales: la Anticorrupción, la Electoral, de Asuntos Internos, y una que es muy importante la de Derechos Humanos. Esto va a abonar mucho en poder concretar el compromiso que ya se estableció con los padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa para crear esta Comisión de la Verdad.

–Si vemos todas las variables de un país: lo económico, lo político, educativo y esta parte del México desangrado que incluye seguridad, las víctimas, ¿qué tanto valor de peso tiene esta parte para el próximo Gobierno?

–Para nosotros es muy importante, no solamente dar una señal de que las cosas cambiaron, sino fundamentalmente dar resultados. No es un asunto de imagen, es un asunto de convicción, de que puede haber justicia en este país. Ese es nuestro objetivo fundamental.

–¿En cuánto tiempo se verán resultados?

–Es muy difícil. Estamos hablando de cuatro años de los hechos de Ayotzinapa, hay que asumir que este periodo pudieron alterarse, esconderse y alterado muchas pruebas. No quisiera ser irresponsable y fijar un tiempo.

–Pero no sólo de Ayotzinapa, sino para ver algo en general, de todo el paquete que usted trae.

–A partir del 1 de diciembre habrá un cambio no sólo de actitud, sino de actuación de Gobierno en estos temas. El primer paso es que el Estado asuma su responsabilidad en esta tarea y lo vamos asumir.