Javier Risco.
Nunca le importaron un
carajo.
En el último sexenio la
protección a los derechos humanos y a periodistas nunca fue su prioridad. Con
oficinas insuficientes, con presupuestos absurdos, con una Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que fue
incapaz de proteger e investigar el asesinato de tantos comunicadores, el
gobierno de Enrique Peña Nieto será recordado como una época oscura para las
libertades, ese último priista en el poder se ubicará en la historia como un
presidente al que le incomodaron la prensa y los defensores de derechos humanos
hasta el desprecio.
¿De qué otra forma iba
a cerrar este sexenio sino dejándolos en el olvido? Sin darles un peso para su
protección, quedan dos meses, “ya para qué”, debieron pensar.
Ayer, lo que debió ser
una nota de portada en todos los medios, apareció perdida en las páginas
interiores del diario Reforma: “Suspenden recursos a defensores de derechos
humanos”.
La nota, firmada por el periodista César Martínez, es contundente: “El Mecanismo de
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se quedó
sin recursos, por lo que desde este mes no se podrán cubrir los gastos de las
medidas de protección a 727 beneficiarios, informó la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
El organismo recordó
que el pasado 19 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante Juárez, y el subsecretario
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz
Cabañas, se comprometieron a que el gobierno federal depositaría, antes de
finalizar el mes de septiembre, 75 millones de pesos al fideicomiso del
Mecanismo (…) sin embargo, no se ha recibido ningún recurso en el fideicomiso”.
Un mecanismo que ha
resultado insuficiente, investigaciones cojas sobre los homicidios de decenas
de colegas sólo en este gobierno, el miedo constante a las condiciones
terribles de seguridad en estados del país que han sido silenciados porque el
crimen –desde el gobierno y fuera de él– ha tenido un sistemático ataque a
quienes quieren ser la voz de los que no pueden hablar por sí mismos.
Tamaulipas, uno de los casos más emblemáticos.
Si habiendo recursos
que ejercer, periodistas que habían alertado amenazas en su contra han sido
amenazados aun cuando gozaban de una supuesta protección, imaginen ahora, sin
un peso de recursos, en uno de los sexenios más violentos y con una transición
gubernamental que por sí misma puede resultar en un reacomodo del crimen
organizado que ponga a defensores y periodistas en la mira. ¿En serio no se ha
vuelto aún un foco rojo para el gobierno?
Hace unos días, el corresponsal chiapaneco Sergio Martínez González se convirtió en el
séptimo periodista asesinado de 2018, el 46 del gobierno peñista. Con un 98 por
ciento de impunidad. Con condiciones paupérrimas de trabajo para los
periodistas en casi todos los estados. ¿Prensa libre y segura? No en este
México.
Esta noticia se convierte al mismo tiempo en una oportunidad
real para el nuevo gobierno que dice tener la intención de generar una mejor
relación con la prensa, de proteger a los colegas amenazados y desplazados y
garantizar una real libertad de expresión.
Quitando todo el
presupuesto a la de por si poca protección. Así es como la administración del
presidente Enrique Peña Nieto hace la burla final: confirma una simulación que
trató de esconder pero que en los discursos y en la práctica se veía evidente,
dentro de las prioridades de su gobierno la carrocería de las “grandes
reformas” de este país eran más importantes que la dignidad y la lucha por una
verdadera democracia, porque no puedes hablar de un Estado libre y con derechos
cuando siempre hay un pretexto para violentar la palabra y la vida misma.
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