La directora
de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, dio a conocer que el colectivo
#MediosLibres solicitará a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión que
someta a discusión la iniciativa ciudadana para regular la publicidad oficial.
Pidió que los congresistas que ahora
son mayoría y que en su momento fueron oposición al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) e interpusieron una acción de inconstitucionalidad para ir
en contra de esa #LeyChayote –aún dentro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN)–, hagan suya esa iniciativa.
“Creemos que por congruencia propia
es importante que los partidos de las diferentes fuerzas parlamentarias asuman
esta iniciativa que estamos presentando desde #MediosLibres, le den la entrada
y la aprueben después de un debate abierto con la sociedad”.
En
entrevista para #AristeguiEnvivo, Ruelas
recordó que en abril la Legislatura pasada aprobó la #LeyChayote, así llamada
“porque legalizaba las malas prácticas y al final provocaba que el dinero
público fuera utilizado para hacer promoción personalizada de funcionarios
públicos”.
En ese
sentido, expuso que el colectivo
integrado por periodistas, especialistas, abogados y organizaciones de la
sociedad civil busca que los medios tengan libertad y no estén bajo “el yugo
del dinero público”.
“Lo que estamos buscando en #MediosLibres es
decir: ‘tomen esta iniciativa en el
Congreso, ya les hicimos el trabajo, ya les hicimos la chamba, ahora pónganse a
relegislar y aprueben esta ley’, que no sólo reconoce las bases mínimas que
fueron presentadas en febrero de este año por el colectivo, sino también
reconoce los más altos estándares internacionales”, explicó.
De acuerdo
con Ruelas, el colectivo coincide con la
SCJN cuando señala que la publicidad oficial genera un efecto inhibidor en el
ejercicio periodístico, dado que los periodistas se tienen que sujetar a la
línea editorial de quien paga.
“La propuesta fija criterios claros,
objetivos y transparentes para la asignación del gasto. Esto quiere decir que
las campañas de comunicación social tienen que ser difundidas por aquellos
medios u otras formas de promoción que sean idóneas para la población
objetivo”, añadió.
De igual manera,
comentó que la iniciativa también tiene
como fin “prevenir y sancionar las campañas que buscan la promoción
personalizada de funcionarios públicos”, así como poner topes al gasto en
propaganda gubernamental.
También mencionó que el colectivo propone que no
sean las empresas privadas las que se encarguen de las mediciones de audiencia,
lectorías y penetración, sino “que sea un órgano del Estado como el Inegi
(Instituto de Estadística y Geografía) el que lleve a cabo estas encuestas y
esos estudios”.
Lo que se
busca con eso, abundó, no es sólo que sean transparentes las audiencias, sino
que al momento de determinar la asignación de la publicidad oficial “pensemos
en las campañas y los mensajes que nos quieran dar el gobierno”.
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