De los 150 programas sociales
existentes en el país a nivel federal, 58 tienen similitudes en hasta 98% de su
contenido, lo que significa una repetición innecesaria de acciones y duplicidad
de recursos gastados en atender a población vulnerable, revela un informe del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y las organizaciones
Oxfam y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El reporte,
realizado como un diagnóstico sobre la política social del país que sirva de
punto de partida para el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López
Obrador, advierte que en el país
conviven miles de programas sociales desarticulados y con efectos limitados,
que se obstaculizan o compiten entre sí.
“Esta pedacería de programas, lejos
de responder a una lógica de complementar recursos y esfuerzos para potenciar
los efectos de la acción gubernamental, ha implicado la existencia de
intervenciones que se estorban, se duplican y de las cuales difícilmente
podemos saber sus efectos”, puntualiza la investigación.
El reporte,
presentado este miércoles, señala como
ejemplo dos programas federales que entregan pensión a adultos mayores:
Prospera y la Pensión para Adultos Mayores (PAM), que además coexisten con 13
programas estatales y 11 acciones a nivel municipal.
Los
académicos señalan que, además de la
repetición de programas, su problema es que están enfocados en las carencias de
la población y no en garantizar sus derechos, por lo que simplemente “tapan
baches” pero no modifican sus condiciones de vida.
“No existe un esfuerzo deliberado por
parte de los responsables de estas intervenciones por articularlas con otras
acciones, a fin de que las personas con mayor vulnerabilidad en el país gocen
plenamente de sus derechos y tengan mejores capacidades y oportunidades para
superar su situación de pobreza. Por tanto, no transforman las condiciones que
generan la pobreza y, por el contrario, refuerzan la lógica asistencialista y
el potencial uso clientelar en la entrega de bienes o dinero”, advierte el informe.
Uno de sus
autores, Guillermo M. Cejudo, señaló
durante la presentación que el gobierno federal ha carecido por mucho tiempo de
información precisa para la toma de decisiones en materia de política social,
ya que los datos no se actualizan o se renuevan en cada administración, lo que
provoca pérdida de continuidad de los programas.
Indicó que la futura Coordinación
General de Programas Integrales para el Desarrollo, del próximo gobierno tendrá
que crear espacios de coordinación para todas las políticas, que actualmente no
existen.
Por su
parte, Pilar Parás, representante de la organización Acción Ciudadana Frente a
la Pobreza, llamó a cambiar el actual
sistema de seguridad social por uno de protección social que incluya a todos
los grupos que requieren atención y no esté anclado al trabajo formal.
“Actualmente sólo hay acciones dispersas que generan clientelismo y
corrupción”, señaló la activista.
Esta desorganización imperante en la
política social ha provocado que no toda la población que requiere apoyos los
reciba y, por otro lado, hay familias enteras que viven de los apoyos sociales,
advirtió la secretaria de Desarrollo Social de Quintana Roo, Rocío Moreno.
Invitada al panel, la funcionaria confirmó que la actual política social premia
los programas que perpetúan la pobreza, en lugar de incentivar a los que
funcionan. “Hay pocas personas especializadas en política social (en el
gobierno), esos puestos se los suelen dar a políticos por su carisma o su
cercanía con la gente”, dijo.
A este ejercicio de autoanálisis
sobre las condiciones en que actualmente se desarrolla la política social en
México se sumó Almudena Ocejo, próxima titular de Desarrollo Social de la
Ciudad de México, quien admitió que si entre las instancias federales y locales
no existe coordinación, es simplemente porque no quieren coordinarse, pues
todos quieren destacar su propio trabajo en un afán de no perder asignaciones
presupuestales. “Esto es un desmadre de intereses y de cotos de poder”, sentenció.
Finalmente,
el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, dijo que el enfoque asistencialista y clientelar de la política social
se debe fundamentalmente a que los programas se piensan con un enfoque
electoral, por lo que los políticos siempre van a buscar “enamorar” a los
votantes con recursos fáciles e inmediatos. Esto explica por qué la mayoría de
los programas sociales federales se basan en entregar dinero, más que servicios
o infraestructura, según detalla el informe.
“Hacemos ‘programitas’ de adultos
mayores porque nadie quiere hacer una política de protección social y un
sistema de pensiones, que es lo necesario, pero es políticamente incorrecto”, detalló el funcionario.
Si el próximo gobierno empieza de
cero su política social debido a la desconfianza que suele tenerse en las
administraciones anteriores, se perderá tiempo, continuidad y recursos, advirtió Hernández Licona.
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