Diputados federales cabildearán con
representantes de la Secretaría de Hacienda el rescate financiero de 10
universidades que atraviesan por una severa crisis financiera. Sin embargo, pedirán rendición de cuentas en la aplicación presupuestal debido a
que cuatro de las instituciones participaron en el esquema de presunto desvío
de recursos con dependencias federales.
Las universidades autónomas de
Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa,
Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan 19 mil millones de pesos para solventar
los pasivos que arrastran sobre todo por pensiones, prestaciones y hasta
salarios de sus trabajadores.
Cuatro de ellas participaron en el
presunto desvío de recursos con dependencias federales a través de convenios
para hacer supuestos servicios que no se cumplieron porque terminaron en empresas
fantasma, como lo documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.
Se trata de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil 140 millones de pesos con
la Sedesol y la Sagarpa; la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de
pesos en convenios con Sedesol; la Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco
convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de Zacatecas, que ganó 220
millones de la Sagarpa. Dichos tratos ocurrieron entre 2013 y 2015.
Este mecanismo
de desvío fue alertado desde 2013 por la Auditoría Superior de la Federación,
que en sus revisiones anuales detectó que universidades públicas subcontrataban
a empresas que no cumplían con los servicios previstos. Aun así, diferentes instituciones de educación
superior continuaron con esa práctica, pese a que el ex auditor superior, Juan
Manuel Portal, advertía que se trataba de un esquema que propiciaba corrupción.
Entre los
implicados en La Estafa Maestra, las
universidades son las únicas que no han dicho nada públicamente y no han sido
llamadas a rendir cuentas por nadie, pese a que han sido denunciadas penalmente
en 2015 y 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Por eso es que ahora que buscan
recursos extra para superar la crisis financiera, los diputados propondrán
requisitos para que las instituciones sean rescatadas y se aseguren de que no
vuelva a repetirse el desvío de recursos públicos.
Tonatiuh
Bravo, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y exrector de la
Universidad Autónoma de Guadalajara,
aseguró que una posibilidad es que las universidades reglamenten sus
procedimientos para que hagan pública la justificación para recibir una
adjudicación directa por parte de alguna institución de gobierno.
“Las universidades que pasaron por
estos problemas deben dar un salto y aprovechar la autonomía, y generar normas
que permita blindar la transparencia universitaria frente a actos ilícitos de
esta naturaleza”,
dijo el diputado en entrevista.
La crisis y
la corrupción.
La
Universidad Autónoma del Estado de Morelos llegó a límite. Se encuentra en huelga desde el 20 de septiembre debido a que los más
de 6 mil trabajadores demandan el pago de 640 millones de pesos de adeudos
salariales, prestaciones y aguinaldos para este año, dijo en entrevista Mario
Cortés, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores
Académicos.
Cortés
informó, además, que los pasivos están a
tal grado que sólo el adeudo con el IMSS asciende a 160 millones de pesos; pero
la crisis es tan severa que ya no se sostenía la operación de la institución,
“ni siquiera había papel de baño o copias”.
La
Universidad Autónoma de Morelos es una
de las participantes en el presunto esquema de desvío de recursos públicos.
Hizo cinco convenios en 2014 con la Sagarpa y la Sedesol para hacer servicios
como distribuir medio millón de despensas en los 400 municipios más pobres del
país o fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
Esto, gracias a que la Ley de Adquisiciones
permite una excepción para evadir licitaciones públicas. Permite a entidades de
gobierno contratarse entre sí sin necesidad de hacer concurso, para evitar
burocracias. Pero en este caso, 11 dependencias federales, como la Sedesol,
Pemex o Banobras, hicieron convenios con universidades por servicios que eran
ajenos a la labor educativa.
Además, la Auditoría Superior de la Federación
comprobó que los servicios no se hicieron, y Animal Político y Mexicanos contra
la Corrupción comprobaron que se utilizaron empresas fantasma y, por lo tanto,
el dinero público desapareció.
En este mecanismo, cada actor ganaba
un moche. Las universidades se quedaban con aproximadamente 10 y hasta 15% del
dinero que recibían a través de los convenios, y el resto lo entregaban en
subcontrataciones a las empresas, que iban pasando el dinero de una a otra, y
cada una se quedaba con un porcentaje.
La Universidad de Morelos obtuvo 61
millones de pesos de moche gracias a estos convenios de 2014, pero aun así,
para 2017 tenía un déficit de mil 320 millones de pesos. Cuando se entrevistó al entonces rector,
Alejandro Vera, aseguró que aceptó los convenios precisamente debido a los
problemas financieros de la institución.
“Es parte de lo que se tiene que
hacer para poder sufragar una serie de cargas estructurales, particularmente
prestaciones no reconocidas, pensiones y jubilaciones”, dijo en entrevista antes de concluir
su periodo, en 2017.
Sin embargo, pese a que Gustavo Urquiza asumió la
rectoría de la institución en noviembre de 2017, no se sabe si ha hecho una
revisión exhaustiva de la administración financiera de Vera, misma que dejó a
la institución en este punto de crisis.
Animal
Político buscó durante cinco días una
entrevista con el rector Urquiza, para preguntarle al respecto, pero no hubo
respuesta.
Desde el año
pasado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) acompañó el llamado de
auxilio de las universidades en crisis a través de un documento en el que los
191 rectores solicitan la ayuda gubernamental para el rescate, pero nunca han
hecho un pronunciamiento respecto a los posibles actos de corrupción entre sus
agremiados.
Por eso, también se solicitó una entrevista con
Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, respecto a la crisis financiera y
la utilización de las universidades en un mecanismo de corrupción, pero tampoco
hubo respuesta.
De acuerdo a
la legislación, su autonomía les permite
dirimir cualquier asunto al interior de la institución, pero en este caso
ninguna comunidad universitaria ha hecho algo para pedir cuenta a los rectores
de las ocho universidades implicadas en 2013 y 2014: las autónomas de
Morelos, Estado de México, Tabasco y Del Carmen. El Fondo de Fomento y
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM),
Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Politécnica del Golfo de
México, Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica
de Tabasco.
En 2015 también estuvieron la Universidad
Intercultural, Estado de México, Universidad Politécnica de Chiapas y la
Universidad de Tecnológica Nezahualcóyotl, que incluso fueron denunciadas
penalmente por la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, igual que la de
Morelos y Edomex, en 2015.
El
legislativo.
El pasado 20 de septiembre, rectores
de las universidades en crisis acudieron a la Cámara de Diputados para
solicitar su intervención ante la Secretaría de Hacienda, a fin de enfrentar
las crisis financieras, y los legisladores respondieron con la aprobación de un
punto de acuerdo para concretarlo.
Este lunes, en la reunión de la Junta
de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de todas las
bancadas, abordarán el tema y probablemente establezcan la fecha del encuentro
con Hacienda.
Sin embargo,
en esta negociación también incluirán
requisitos para que las universidades sean transparentes respecto a su
presupuesto, aunque respetando su autonomía, confirmaron a Animal Político
diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD.
Azael
Santiago Chepi, diputado de Morena, aseguró
que buscarán que la Secretaría de Hacienda libere recursos para las
universidades, que incluso están en peligro de solventar sus gastos en los tres
meses que restan del año, y además buscarán el aumento de recursos para 2019.
Pero también
existe el “señalamiento” del presunto
desvío de recursos públicos, por eso “seguramente se promovería una auditoría”
para las universidades implicadas.
En tanto,
Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, advirtió
que una posibilidad sería pedir a las universidades, en respeto de su
autonomía, que “reglamenten” el procedimiento cuando reciban adjudicaciones
directas para que “quede perfectamente transparente al interior de las
universidades de por qué se está aceptando”.
En el
espíritu de la ley de Adquisiciones, “la excepción es correcta” porque en
muchos lugares no hay otras alternativas, porque “se trata de estimular que
puedan generar alternativas, pero eso es muy distinto a que se vea como un
estímulo a que desde las universidades se hagan operaciones de carácter
ilícito”, advirtió Bravo.
Ricardo
Gallardo, coordinador de diputados del PRD, aseguró que “la autonomía no se va a vulnerar al momento de rendir
cuentas y es una obligación que lo hagan porque están ocupando recursos
públicos”.
En tanto, en la Cámara de Senadores está pendiente de
discusión un punto de acuerdo del senador Armando Guadiana de Morena, para que
la Auditoría Superior de la Federación revise a todas las universidades del
país respecto al ejercicio de su presupuesto de 2018.
Porque si
bien las universidades son sujetos obligados por la Ley de Transparencia, y
como entes auditables por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la rendición de cuentas ha sido limitada.
“Los recursos de las entidades
educativas tienen una cualidad en común, la opacidad con la que se aplica el
financiamiento y consecuentemente se tiene una ineficaz rendición de cuentas,
en el peor de los casos existe una nula información sobre las erogaciones
realizadas”,
advierte el diputado Guadiana en su punto de acuerdo.
Por eso también exhorta a la ANUIES a que, en el
ámbito de su competencia, establezca mecanismos eficientes, el acceso a la
información sobre la aplicación y destino de los recursos públicos de las
universidades e institutos de Educación Superior del país.
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