Comuneros desplazados de Chiapas viven con el miedo de ser asesinados o detenidos.

Los campesinos desplazados del municipio de Aldama, Chiapas permanecen aislados en el campamento al que fueron obligados a huir a principios de este año. Al salir a trabajar en los cafetales o a comprar alimentos corren el riesgo de ser baleados por grupos paramilitares, que permanecen a lo largo del camino para atacarlos a su paso.

Desde hace tres semanas temen salir también ante la posibilidad de ser detenidos, pues les fueron giradas siete órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, según su representante, Cristóbal Santiz.

En esa zona los ataques armados son frecuentes desde 2016, cuando revivió un conflicto territorial que data de la década de 1970 entre las comunidades de Santa Martha y Aldama, que disputan 60 hectáreas de terreno cafetalero.

Sin embargo, Santiz asegura que la violencia arreció el miércoles pasado y no ha cedido hasta la fecha. Producto de ese reciente ataque, dos comuneros resultaron heridos en un brazo y el torso, respectivamente. La noche del domingo, incluso, los comuneros advirtieron un intento de entrar a sus campamentos.

Ante estas amenazas, las 780 personas desplazadas evitan salir más que para lo indispensable, aunque dentro de sus campamentos varios niños y ancianos ya presentan diarrea y enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, se les acaban los recursos para adquirir alimentos y medicinas, ante la dificultad de cosechar el café y las pérdidas que han tenido cuando salen huyendo de las balas sin poder llevarse la cosecha.

El gobierno municipal les ha enviado algunas tandas de alimentos y medicinas durante los ocho meses del conflicto agrario que los mantiene fuera de sus comunidades, pero estas se acaban y desde hace un mes no han llegado más, según Santiz.

“El pasado miércoles comenzaron disparos fuertes cuando fueron unas 25 o 30 personas a levantar la cosecha de Xuxchén. Como a las 11 de la mañana, cuando fueron vistos por los grupos agresores de la comunidad de Santa Martha, nos empezaron a disparar en los cafetales, cuando estábamos trabajando. Tuvimos que salir como se pudiera, dispersos, abandonamos lo que hemos recolectado en los cafetales. Llevábamos un carro y camionetas y regresamos caminando porque en el trayecto recibimos los disparos”, cuenta Cristóbal Santiz vía telefónica.

Los comuneros denuncian que el gobierno no ha actuado en ningún nivel, municipal ni estatal para protegerlos de estos ataques. Santi asegura que el secretario de gobierno de Chiapas, Carlos Mario Culebro les dio la razón en el conflicto agrario, les dijo que las tierras son suyas y los pobladores de Santa Martha se las deben devolver, pero hasta el momento ninguna acción oficial ha procurado que esto se cumpla. Animal Político solicitó la versión del secretario de Gobierno, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Azalia Hernández, coordinadora de Comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -organización que está apoyando a las personas desplazadas- confirmó que en el municipio de Aldama los disparos continúan y la violencia se intensifica porque empezó la temporada de cosecha de café, y los agresores están impidiendo a los campesinos cosecharlo, lo que está limitando cada día sus recursos económicos.  Por ello, el Centro publicó un llamado urgente al gobierno estatal de Manuel Velasco para que proteja la vida, integridad y seguridad de los campesinos.

Un acuerdo olvidado.

El conflicto entre los pobladores de Aldama y los de Santa Martha, Chenalhó se debe a un terreno compartido entre ambos poblados. En 2009, ambas partes firmaron un acuerdo ante el Tribunal Unitario Agrario para ceder a Aldama 60 hectáreas de ese territorio, 40 de las cuales se usan para sembrar café y las otras 20 para maíz y otros productos, señala el representante de los comuneros. El acuerdo otorgaba a Santa Martha una indemnización de un millón 300 mil pesos por los terrenos entregados a Aldama, sin embargo, en 2016 volvieron las agresiones armadas con el fin de recuperar ese territorio, según el relato de Santiz y las publicaciones del Centro Fray Bartolomé. Debido a la violencia, los pobladores de Aldama se vieron obligados a dejar sus casas y permanecen resguardados en otros cafetales, en cuevas, en campamentos cubiertos sólo por lonas o con familiares de municipios cercanos.

El conflicto ha dejado hasta el momento tres muertos, un adulto y sus dos hijos menores de edad que fueron baleados en abril pasado, y cinco heridos. Los más recientes son Emiliano Santiz Hernández, de 26 años, poblador de la comunidad de Coeztzinam que fue alcanzado el pasado miércoles por una bala en el brazo izquierdo, mientras trabajaba en sus cafetales.

El sábado fue herido en el torso Héctor de Jesús Sánchez Pérez, de 21 años, cuando regresaba del trabajo en el campo. Los hospitales más cercanos para trasladar a los heridos en esa zona, según Cristóbal, están en San Andrés Larráinzar, a media hora de Aldama, en San Juan Chamula, a 40 minutos y en San Cristóbal de las Casas, a una hora.

Sánchez Pérez fue trasladado al más lejano porque en San Juan Chamulla le dijeron que no había doctores ni material de curación.

El representante asegura que dentro de las 60 hectáreas invadidas hay 115 comuneros que desplazaron a siete familias con agresiones y amenazas. “Cuando terminó la cosecha talaron todos los cafetales, le echaron machete hasta a los árboles grandes, que son la sombra del café; empezaron a agredir a las familias que vivían ahí, los amenazaron con matarlos, quemar sus casas y lo cumplieron”, cuenta Santiz.

Aunque siguen desplazados, los comuneros se ven obligados a salir y transitar por un camino permanentemente vigilado por los agresores, ya que es el sendero hacia sus cafetales. Es ahí cuando les disparan. Los pobladores huyen, pero regresan intermitentemente a intentar recuperar la cosecha, o por alimentos y medicinas. Han intentado protegerse con brigadas de vigilancia en los caminos, pero las únicas armas con que cuentan para defenderse son machetes, palos y piedras.

“Si detectamos luces o algún ruido en los caminos, nos movemos todos para que la gente se prepare para salir si es necesario. También en las comunidades aledañas pusieron una señal de que estamos vigilando la comunidad. Tocamos silbatos o campanitas. Así nos comunicamos”, cuenta el vocero.

Cuando las amenazas de ataque son inminentes lo han reportado al destacamento de policía en Santa Martha, pero no han conseguido hasta el momento que la policía vigile de manera permanente, aunque se escuchan disparos casi todos los días.

La otra amenaza: el hambre.

En Aldama han empezado a escasear los alimentos, ya que los trabajadores no pueden levantar sus cosechas de café ante el peligro de los disparos, y por lo tanto no pueden vender su producto a los compradores que solían llegar a sus comunidades. “Van a sufrir mucha hambre ya este año”, lamenta Cristóbal.

Agrega que en los campamentos los niños y adultos mayores se enferman de diarrea y de gripe, y los apoyos médicos han sido intermitentes, igual que las clases, que se suspenden por semanas porque los maestros tampoco quieren acudir a las escuelas por el temor de ser atacados. En la comunidad de Xuxchen, cita Cristóbal como ejemplo, no hay clases desde hace un mes.

El gobierno municipal les ha llevado alimentos, pero no de manera permanente, situación que empeoró con el cambio de gobierno. El pasado 1 de octubre tomó posesión el nuevo presidente municipal de Aldama, Ignacio Pérez Girón, y su administración no ha entregado nada argumentando que aún no han sido liberados los recursos.

Santi dijo que en mayo pasado hubo un encuentro entre las partes en conflicto para intentar resolverlo, cuyo único resultado fue la firma de una minuta en la que las autoridades de Santa Martha se comprometieron a impedir que sus pobladores sigan disparando, pero no han cesado las agresiones. “No ha habido avance porque son muy violentos, tiene que intervenir el gobierno o que ponga el estado de derecho”, señala Santiz.

En lugar de eso, asegura el representante, la autoridad judicial emitió órdenes de aprehensión contra siete de los comuneros desplazados, cuatro de los cuales son o han sido en el pasado representantes comunitarios. Los delitos señalados son homicidio calificado y asociación delictuosa, y aunque hasta el momento ninguno ha sido detenido, los abogados de los Comités de Acompañamiento de Desplazados Forzados están tramitando amparos para evitar su encarcelamiento.

“El gobierno no nos quiere resolver porque nos quiere mandar a otro lugar, mandarnos a otro terreno, pero nosotros no aceptamos. También nos quiere pagar las 60 hectáreas, pero nosotros no queremos porque hay familias que es lo único que tienen”, puntualizó Cristóbal Santiz.

La directora de Comunicación del Centro Fray Bartolomé informó que el próximo miércoles presentarán un informe a un año del desplazamiento de los comuneros de Chalchihuitán, uno de los tres municipios afectados por el conflicto agrario, junto con Aldama y Chenalhó.