La Ley de Seguridad Interior (LSI)
está a punto de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
Con dos votos más, el máximo tribunal
del país echaría abajo la ley con la que se pretende justificar la
participación de los militares en tareas de seguridad pública, como ha ocurrido
en los dos sexenios anteriores, y que el próximo gobierno pretende mantener.
Luego de dos
sesiones de los juicios constitucionales contra la LSI, seis ministros se han pronunciado por declarar inconstitucional la
norma aprobada por el anterior Congreso y sancionada por el presidente Enrique
Peña Nieto.
Para que una ley sea expulsada del
orden jurídico del país se necesita una mayoría calificada de ocho votos del
pleno.
Los
ministros que están por la inconstitucional
argumentaron que hubo vicios parlamentarios durante la aprobación de la ley,
además de que ésta “encubre” la presencia del Ejército y la Marina en funciones
de seguridad pública.
El
exprocurador general de la República en el gobierno de Felipe Calderón, Eduardo
Medina Mora, fue enfático en su rechazo.
De mantenerse la LSI “podría perpetuarse
el incentivo perverso” de que las autoridades civiles se desentiendan de su obligación constitucional de
dar seguridad a los ciudadanos”, expresó el también director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la gestión de Vicente Fox.
Ambos gobiernos incentivaron la
participación de los militares en el combate al narcotráfico.
El Ejecutivo federal puede disponer
de las Fuerzas Armadas, pero el Congreso no está facultado para legislar en
materia de seguridad interior”, por lo que la norma es “un fraude”
constitucional, dijo
Medina Mora.
El ministro
Arturo Zaldívar, quien aspira a asumir la presidencia de la SCJN en enero
próximo, dijo que la ley “encubre una
función de seguridad pública”, aunque lleve el nombre de seguridad interior.
Coincidió en que ésta es una facultad
exclusiva del titular del Ejecutivo Federal. Lo mismo expresó el ministro José
Ramón Cossío Díaz.
A esos tres
votos se sumaron los de los ministros
Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán,
quienes de plano propusieron desechar en su totalidad el proyecto en discusión.
La propuesta de resolución fue
presentada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien plantea rechazar
sólo algunos artículos y declarar constitucional la participación “subsidiaria”
de los militares en tareas de seguridad pública.
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