Con 328
votos a favor de Morena, PES y PT, 118 abstenciones del PRI y el PAN, y 18
votos en contra del PRD, la Cámara de
Diputados aprobó facultar al Ejecutivo federal para que conforme “comisiones
presidenciales” que investiguen, fiscalicen o den seguimiento a hechos donde se
hayan violentado los derechos humanos.
La reforma
de ley aprobada modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de la administración
Pública Federal, y con ello Andrés
Manuel López Obrador podrá crear tres tipos de comisiones: presidenciales,
consultivas e intersecretariales.
En dichos
entes podrán participar especialistas y
representantes de la sociedad civil o de reconocida experiencia “designados por
el presidente de la República”. También se incluirá a ex servidores públicos y
en activo de otros poderes u órdenes de gobierno.
Por ejemplo,
en las comisiones presidenciales se dará
paso a la creación de una comisión de la verdad para esclarecer qué ocurrió con
los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Las consultivas tendrán como tarea
resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema
especificado en el objeto de su decreto de creación. “Estas comisiones podrán
ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo y sus
conclusiones no serán vinculantes”. En este caso podrían caber consultas como
la anunciada para la construcción del Tren Maya.
Por su
parte, las comisiones intersecretariales
serán creadas por el presidente de la República para despachar asuntos en los
que deberán intervenir varias secretarías de los distintos estados.
Este tipo de
comisión ya las contemplaba el artículo 21 de la citada ley, por ejemplo, la que se creó para la
pacificación en Chiapas o la que buscó esclarecer el magnicidio contra Luis
Donaldo Colosio. También la que se conformó para pacificar Michoacán o la
encargada de organizar el bicentenario del inicio de la Independencia y el
centenario de la Revolución Mexicana.
Al
argumentar en contra, el panista Jorge
Galván dijo que ningún poder, “ni el Legislativo, ni el Judicial, deben estar supeditados
al presidente de la República”.
Manifestó su
acuerdo en el esclarecimiento de hechos, pero la reforma, añadió, tiene
inconsistencias. “No es, ni debe el Ejecutivo la cabeza del Legislativo. No
podemos ser subordinados del Poder Ejecutivo ni tampoco el Poder Judicial lo
debe ser. Estamos a favor de la verdad, pero en contra de la subordinación, por
eso el PAN votará en abstención. Nosotros nos somos subordinados de López
Obrador ni de Enrique Peña Nieto”.
En forma
similar se pronunció la fracción del PRI en voz de Ricardo Aguilar Castillo,
que también se abstuvo: “Estamos a favor de la democratización, sin embargo,
queda claro que las organizaciones de la sociedad civil y los demás serán
instrumento de legitimación. Por decreto acatarán las decisiones del
presidente. Ésta es una más de las contradicciones que ha propuesto el partido
político mayoritario, donde aprueban una ley para la austeridad, pero con esto
demandarán más recursos públicos”.
El PRD fue
más directo y el único partido que votó en contra. Claudia Reyes Montiel expresó que las comisiones de la verdad deben ser
encabezadas por la sociedad civil y no por el Ejecutivo Federal. “Aquí se abre
la puerta para que los amigos del presidente tengan derecho a recursos
federales y no ser sujetos de investigación, pues no están bajo la ley de los
servidores públicos. Amiguismo a cambio de influir en licitaciones. Es
lamentable que el grupo mayoritario se imponga, por eso el PRD votará en
contra, no a favor de que los integrantes tengan influencia alguna sin ser
funcionarios”, apuntó.
Movimiento
Ciudadano (MC), a través de Martha Tagle, respaldó la reforma, pero presentó
modificaciones que fueron rechazadas.
En defensa
de los cambios, Pablo Gómez subió a
tribuna y aclaró que comisiones siempre ha habido, pero hoy lo que se pretende
es la base legal para crear comisiones y esclarecer hechos.
El Ejecutivo estaba a la defensiva
cuando lo criticaban y actuaba como tapadera, pero ahora “queremos poner las
cosas al revés”. El presidente, abundó, “está obligado a esclarecer y a traer
especialistas que contribuyan a ello. Entiendo que les cause escozor”.
Y cerró adelantando que la Comisión de Puntos
Constitucionales darán un paso más: hacer que las comisiones de investigación
de la Cámara de Diputados también tengan facultades de investigación como los
ministerios públicos. “Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no será
tapadera de nadie”, lanzó Gómez.
Al final se
rechazaron todas las propuestas de cambio que presentó la oposición y se avaló
la modificación al artículo 21 de la citada ley, con 328 a favor, 118
abstenciones y 18 en contra.
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