Una decisión reciente del Juez Octavo
de Distrito en Materia Administrativa abrió una oportunidad para esclarecer una
parte del espionaje ilegal a periodistas y activistas que operó el gobierno de
Enrique Peña Nieto con el malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa
israelí NSO Group, indicó hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales
(R3D).
Al acatarse
la decisión, derivada del juicio de amparo 591/2018, la Procuraduría General de la República (PGR) debería revelar los
nombres, cargos y firmas de las personas que participaron en la adquisición de
Pegasus; las especificaciones técnicas del equipo y los procedimientos
relacionados con su operatividad, pero también los documentos que sirvieron de
base para la celebración del contrato, tales como estudios de mercado,
facturas, entre otros.
En su
sentencia, el juez desechó una
resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), que autorizaba la PGR a reservar
información en los contratos relativos a la compra del malware –bajo el
pretexto de “seguridad nacional”
El Citizen
Lab reveló que agencias gubernamentales
mexicanas usaron Pegasus para espiar a periodistas y activistas –incluso los
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)–, lo
que detonó el escándalo conocido como #GobiernoEspía. La PGR lanzó una
investigación, pero según los abogados que siguieron el caso –entre ellos R3D–,
ésta fue una simulación.
La PGR es una de las instancias que
compró el programa, por 32 millones 16 mil dólares, a la empresa Grupo Tech
Bull, una filial de
Balam Seguridad Privada, fundada por dos jóvenes: un israelí y Rodrigo Ruiz Treviño, un mexicano de 35 años quien es
sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, funcionario de Peña Nieto y amigo cercano
del senador priista Emilio Gamboa Patrón.
El polémico Tomás Zerón de Lucio,
entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), firmó el
contrato para la compra del equipo. El mismo Zerón fue el
arquitecto del sistema de espionaje durante el gobierno de Peña Nieto, y el interlocutor
de las empresas que desarrollan estos programas, como lo reveló Proceso.
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