Antes de irse, en su último año, EPN entregó 268 concesiones de playas a particulares y empresas.

Por VICE.com

En su último año de Gobierno (2018), Enrique Peña Nieto otorgó 268 títulos de concesión de playas mexicanas a particulares y empresas privadas para que puedan dedicarse a la extracción artesanal de piedra, a la acuacultura, a la pesca y a usos generales. Este número de notificaciones representa más del doble de las concesiones del año anterior (2017), cuando fueron autorizados 123 permisos.

Estas licencias para usufructuar la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que concentran casi tres millones de metros cuadrados, fueron otorgadas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Se trata de entidades que han sido afectadas por el proceso de privatización de las playas, iniciado desde que, en 1992, mediante la modificación del Artículo 27 Constitucional, se facultó al gobierno federal para brindar concesiones de los bienes inmuebles del Estado a particulares. En estas casi tres décadas transcurridas, pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras han sido desplazadas, mientras en su entorno aparecían complejos residenciales, restaurantes o áreas restringidas a los deportes de playa.

Según datos extraídos del registro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 158 particulares y 110 empresas obtuvieron títulos de concesión en 2018. 98 de esos permisos tienen un plazo a 15 años, mientras que otros 35 se dieron a cinco años. En blanco, sin precisar temporalidad, aparecen 134 autorizaciones.

Pero los 268 beneficiarios de 2018 –más los 123 de 2017– no fueron los únicos favorecidos en la recta final del sexenio peñanietista. Información obtenida por VICE muestra que, entre 2015 y 2018, el Gobierno federal notificó mil 477 títulos de concesión para explotar el territorio marítimo nacional. Esto significa que se otorgaron, en promedio, 369 permisos por año. Una concesión cada día, durante los últimos cuatro años.

QUINTANA ROO Y NAYARIT, LOS REYES.

En enero de 2016, en Quintana Roo, ciudadanos y activistas denunciaron que, de madrugada, un grupo de trabajadores escoltado por policías había empezado a realizar trabajos con maquinaria pesada para construir el proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar. La excavación afectaba a un manglar y la vida de especies como el cangrejo azul, la rana leopardo, varias aves, iguanas rayadas, garzas, pelícanos cafés y cocodrilos Moreletti. La defensa de la zona escaló al grado de solicitar en la plataforma Change.org que se le retirara a México la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP13). Así, Tajamar se volvió emblema de la lucha activista del medio ambiente.

A pesar de ese antecedente, en esa entidad es donde se encuentra el mayor número de concesiones otorgadas durante 2018. Para Quintana Roo fueron 56 títulos, de los cuales 35 fueron otorgadas a las inmobiliarias Papaya Playa (14 mil metros cuadrados), Riberas de Cancún (uno de 13 mil y otro de 14 mil), Magogon (13 mil), Mx Riusa II (14 mil), Inmobiliaria Puerto Bonito (13 mil) y Deutsche Bank México (11 mil).

En el reparto de estas concesiones Nayarit aparece en segundo sitio. Ahí, en 2007, el gobierno del estado y el federal lanzaron la marca turística Riviera Nayarit. Desde entonces, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), empezó la concesión y venta de predios con frente de playa expropiados a ejidatarios, un proceso en el que los municipios Bahía de Banderas y Compostela resultaron claves.

No todo era progreso ni alegría. En las comunidades de la zona, los habitantes que resistieron a los desalojos y al cierre de caminos sufrieron amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta tortura de policías de la entidad, consta en un cúmulo de documentos de activistas. Un caso emblemático fue el del pueblo El Monteón donde en 2009, policías antimotines y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado golpearon y sometieron a decenas de pobladores.

BAJA CALIFORNIA Y SINALOA, EN EL TOP.

Pese a ese pasado, en el último año de Peña Nieto como Presidente, se concesionaron 32 mil metros cuadrados en Bahía de Banderas y 36 mil en Compostela. MX Rusia II, BD Beach, Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, Punta Bandera GM y Paradise Village Country Club fueron otras de las inmobiliarias con mayores extensiones otorgadas.

En el tercer sitio está Baja California, donde el Centro de Innovación Ambiental ha denunciado insuficiente infraestructura para tratar las aguas negras, por lo que Playas de Rosarito y Playas de Tijuana sufren ahora de contaminación. Las inmobiliarias pueden usufructuar territorios más extensos son Mexicana del Arco, Inmobiliaria El Retiro de Tijuana y Paladín Redi-Baja.

En el cuarto sitio aparece Sinaloa, con 26 títulos concesionados, de los cuales cinco fueron para desarrollos que en su mayor parte fueron otorgados en los municipios de Ahome, Mazatlán y Culiacán.

EN DESORDEN, LAS CONCESIONES DE PLAYAS.

En su último informe, la Auditoría Superior de la Federación reveló que el cobro del uso, goce y aprovechamiento de las playas mexicanas se efectúa con desorden. Ello hizo que se perdieran por lo menos 375 millones de pesos en 2016. La Federación cobró 704 millones de pesos por el otorgamiento de 6 mil 842 permisos emitidos; es decir, por cada uno habría recibido unos 103 mil pesos. Pero esos no son todos los ingresos porque de 17 estados con costa, sólo 10 reportaron el cobro de derechos.

No hay certeza de cuánto dinero se genera por las concesiones de las playas porque los derechos se cobran de manera combinada entre federación, estados y municipios. Por ejemplo, entidades como Colima, con 681 concesiones vigentes, Guerrero con mil 266, Michoacán con 737, Sinaloa con mil 747, Sonora con 919, Tamaulipas con 279 y Yucatán con 254 concesiones no reportaron un solo ingreso.

La Semarnat no tiene facultad para vigilar los cobros por concesiones. En su informe, la ASF asentó: “Debido a que los ingresos de derechos por uso, goce o aprovechamiento se recaudan por los municipios y corresponde a ellos la atribución de verificar que los concesionarios cumplan con su pago; la Semarnat no cuenta con información para determinar si los pagos reportados por cada municipio fueron correctos”. Tampoco la tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Respecto a éste, el órgano fiscalizador expuso: “El SAT desconoce las razones por las que no hubo recaudación en siete entidades federativas”.

La anarquía en el cobro de derechos o las protestas por la amenaza de ecocidio no han logrado parar el proceso de la concesión de la arena y el mar. En las cotizadas playas de México, cada vez es más frecuente el letrero de “Propiedad Privada”.