El deterioro de la seguridad en 2018
no solo se manifestó en el crecimiento de los homicidios. Por segundo año
consecutivo los delitos del orden federal, entre ellos la posesión de armas, el
tráfico de drogas, los delitos fiscales, los secuestros, entre otros, también
registraron un incremento de casi el 18% en el país.
Datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que de enero a diciembre de 2018 se
registraron, ante agencias del Ministerio Público Federal, 112 mil 917 delitos.
En promedio, se trata de 310 nuevas denuncias todos los días.
En
comparación con 2017, cuando se reportaron 96 mil 35 delitos, significa un incremento cercano al 18%. Y
si la comparación se hace con 2016, donde el registro fue de 85 mil 213 casos,
se trata de un crecimiento en dos años de la incidencia delictiva federal del
32.5%.
La cifra de delitos federales
registrada en 2018 es la más alta desde 2012, año en el que se reportaron 125
mil casos.
Entre los delitos federales que más
crecieron el año pasado se encuentran los relacionados con la migración ilegal
y otros contemplados en la Ley de Migración. De acuerdo con la información en
2018 se iniciaron 764 carpetas de investigación por estos ilícitos, que es un
crecimiento del 54% en comparación con los 497 casos del año pasado.
Chiapas es la entidad que concentra
la mayor cantidad de los delitos relacionados con migración con el 18% del
total, seguido de Nuevo León con 15 por ciento de los casos y Veracruz con 11
por ciento.
Otros
delitos con un crecimiento importante
fueron los de tipo patrimonial que pasaron de 36 mil 670 casos en 2017 a 51 mil
424 casos en 2018. Casi 15 mil casos más, lo que equivale a un incremento del
40.2%.
En cuanto a
los delitos relacionados con drogas
ilícitas (contra la salud), se reporta en 2018 la apertura de 6 mil 432
carpetas de investigación, que es un ligero incremento respecto a las 6 mil 324
iniciadas el año pasado.
Los delitos
contra la salud se dividen en distintos rubros. En algunos como el comercio o el tráfico se registró una disminución el
año pasado. También hubo una caída importante en la modalidad de “transporte”
de drogas que bajó de 1 mil 264 casos en 2017 a 220 casos en 2018, una caída
del 82%.
En cambio en
la modalidad de producción de drogas
ilícitas se reporta un incremento importante: de 505 casos en 2017 se pasó a 1
mil 258 en 2018, que equivale a un alza del 149.1%, es decir, más del doble.
Otro ilícito
federal con un incremento importante es el de violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos, que tiene
que ver en su mayoría con la portación ilegal y decomiso de armas de fuego. En
2018 se registraron 13 mil 837 carpetas de investigación por este delito, que
equivale a un alza del 1.2%.
También se
registró un repunte en los casos de narcomenudeo
que le tocó investigar a la PGR. Mientras que en 2017 se iniciaron 870 casos
por este ilícito, para 2018 la cifra se elevó a 994 carpetas de investigación.
Otros
ilícitos federales en los que se registró un incremento son los relacionados
con ataques a vías de comunicación con
256 denuncias en comparación con las 219 registradas el año pasado, y los
relacionados con violaciones a la Ley de Propiedad Industrial que subieron de 1
mil 326 a 1 mil 614 casos, un alza del 21%.
En cuanto a
los secuestros que se denuncian directamente
al Ministerio Público Federal, en 2018 se registraron 389 casos, un ligero
incremento si se compara con los 378 del año pasado.
Los estados
con más casos.
La
estadística anual revelada por el SESNSP ubica
a la Ciudad de México con la mayor cantidad de carpetas de investigación
iniciadas por delitos federales con 19 mil 566 casos que equivalen al 17.3% del
total. La elevada cantidad se debe, en parte, a que en la capital se encuentran
varias de las unidades centrales de la extinta PGR que también reciben
denuncias.
El segundo
estado con más casos abiertos de delitos federales en 2018 (muy lejos de Ciudad
de México) es el estado de México con 8
mil 398 carpetas de investigación, seguido de Veracruz con 7 mil 195, Jalisco
con 7 mil 57, y Guanajuato con 6 mil 57.
Si el
análisis se hace por delito el orden de los estados cambia en algunos de ellos.
Por ejemplo, en el caso de los
secuestros el estado de México acapara 105 de los 389 casos, que es más de la
cuarta parte de ellos. Y en segundo sitio se encuentra el estado de Veracruz
con 76 casos.
En el caso de los delitos de
producción de drogas los tres estados con la mayor incidencia son San Luis
Potosí, Baja California y Sonora. En tanto, en lo que se refiere a os delitos
relacionados con armas de fuego y explosivos, Baja California, Guanajuato y
Michoacán concentran el 25% de las carpetas de investigación abiertas en 2018.
Como ya se
dijo, Chiapas encabeza la incidencia en
el caso de los delitos relacionados con migración ilegal mientras que Tabasco
lidera en incidencia por lo que respecta a ataques a vías federales de
comunicación. Y en delitos ambientales Quintana Roo y Yucatán acaparan la
cuarta parte de los casos.
Crece el
rezago por casos menores.
Durante las
comparecencias que se llevaron a cabo en el Senado con motivo del proceso de
selección de fiscal General se presentó un diagnóstico del rezago de casos que
siguen abiertos ante el Ministerio Público Federal, algunos desde hace más de
20 años, y que están paralizados sin resolución.
De acuerdo con la numeralia expuesta
existe un rezago de 205 mil averiguaciones previas iniciadas desde la década de
los noventa y hasta 2016, fecha en que expiró que antiguo sistema penal. Son
casos donde los delitos no han prescrito pero donde la investigación –la que se
haya hecho – tampoco ha permitido darles alguna resolución.
A estos
casos habría que sumarle además 101 mil
carpetas de investigación iniciadas ya con el nuevo sistema penal, es decir en
los últimos tres años, que tampoco se han concluido. Sumados dan un total de
306 mil casos sin resolver.
Si se toma en cuenta que la fiscalía
genera cuenta actualmente con unos 3 mil 660 agentes del Ministerio Público,
significa que cada uno de ellos tendría que resolver por lo menos 83 casos
rezagados. Esto sin tomar en cuenta todos los nuevos que se vayan iniciado. Es
una cifra inmanejable según los diagnósticos presentados.
Además existen 22 mil órdenes de aprehensión y
mandamientos judiciales que la Policía Federal Ministerial tampoco ha podido
cumplimentar.
En su
exposición Alejandro Gertz Manero, quien
a la postre terminó siendo escogido como fiscal General, dijo que gran parte del rezago que enfrenta la extinta PGR, hoy
fiscalía, se debe al elevado número de denuncias por casos menores relacionados
con tarjetas de crédito, cheques sin fondo, y otros ilícitos relacionados con
temas patrimoniales.
Los datos de la incidencia delictiva
de 2018 confirman lo dicho por el fiscal.
De las 112 mil 917 carpetas iniciadas, 61 mil 625 tienen que ver con
ilícitos patrimoniales o relacionados con el sistema bancario, que equivalen al
54% del total de la incidencia.
Gertz advirtió que no existe personal suficiente
para entender ese nivel de casos. Por ello propuso como una solución a
implementar el fortalecer las áreas de mecanismos alternos que permitan que las
partes involucradas lleguen a un arreglo y se repare el daño, y así liberar a
los fiscales y policías de indagar esos asuntos para priorizar otros de alto
impacto.
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