Por Arturo
Rodríguez García.
La exhibición de datos, así sea
dosificados, sobre la forma en que el robo de combustible se extendió por
diferentes zonas del país, deja dudas sobre quiénes podrían ser los
responsables del robo a gran escala, tanto en la clase gobernante del pasado
inmediato como en el sector privado.
En palabras del presidente Andrés
Manuel López Obrador se trata de un sistema paralelo, lo que alguno de los
funcionarios inmersos en la implementación de la estrategia describió como un
sistema encima del sistema de transporte de combustible por ductos.
“Es un sistema diseñado con tanta precisión
que se roba lo necesario para quitarle la ganancia a Pemex, pero le permite
subsistir”, me dijo.
De acuerdo
con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado, se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo
que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse de la
ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de entre 46 mil
millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la fuente, en el último
año.
En su
edición 2204, actualmente en circulación, el
semanario Proceso expuso la forma en que el gran robo ocurre a través de una
red que, con tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos
clandestinos que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de
almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar
decenas de miles de litros de combustible.
Por
supuesto, la dimensión de la extracción
así como su capacidad de transporte demuestran que, en efecto, se trata de una
operación idéntica a la de Pemex, respecto a la que falta aún ver cuál es el
destino, es decir, si todo el proceso tiene características similares a las de
la otrora paraestatal, necesariamente tiene que haber clientes similares.
Hasta ahora, con los indicios que ha
dado la Unidad de Inteligencia Financiera y, aunque en menor medida, la
Fiscalía General de la República, resulta más o menos claro que hay
franquiciatarios de Pemex involucrados en la recepción del robo de combustible.
Existe la posibilidad de que también
participen del mercado ilegal de combustibles, tanto empresas transportistas de
amplio parque vehicular, como grandes empresas de distribución de productos en
transportes terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.
Luego, el resultado de esta operación tiene que
ser en dos vías: una, la que implica a poderosos servidores o ex servidores
públicos de la petrolera y otra, la de quienes de manera consciente
comercializan el combustible robado.
Aun cuando se han anunciado
averiguaciones previas y casos ya judicializados, hasta ahora no existen
indicios de que las investigaciones lleguen hasta los más altos niveles de
responsabilidad. Y, en el caso más sonoro de todos, el del general Eduardo León
Trawitz, ni siquiera se ha abierto averiguación previa pese a que todo indica
que será el primero en ser llamado a cuentas.
León
Trawitz, quien fuera responsable de la
seguridad de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de
México, ocupó la posición clave en la seguridad de Pemex durante el sexenio
pasado y, para que esté disponible, la actual administración lo acaba de
regresar de la representación diplomática en Panamá, a donde se le destinó como
agregado militar.
Ese país centroamericano, famoso por
los paraísos fiscales que ahí se desarrollaron fue un destino temporal para el
mando castrense, ascendido en el sexenio peñanietista, notable su relación con
el llamado Grupo Atlacomulco, que tiene en Acambay uno de sus semilleros, lugar
enclavado en una región que se ubica como uno de los principales puntos
huachicoleros.
Fieles a su tradición de combinar
política y negocios al amparo del poder, los priístas mexiquenses son conocidos
en parte por su empresas transportistas y por ser franquiciatarios de
gasolinerías, aunque lo mismo ocurre en diferentes zonas del país, como ya se
evidencia en Puebla con los alcaldes involucrados en el proceso ilegal.
Con tufo mexiquense en este primer
momento, el huachicoleo parece encaminarse a dejar en evidencia a empresarios y
políticos de distinto signo.
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