Luis
Hernández Navarro.
La familia Bours es sinónimo de
concentración del poder en el estado de Sonora. Tanto del político como del
económico. Sus integrantes, los hermanos Eduardo, Ricardo, Rodrigo y Javier
Bours Castelo están en el centro del poder y los negocios.
Eduardo fue senador y gobernador del
estado; Ricardo fue presidente del municipio de Cajeme y aspira a ser
gobernador; Rodrigo fue candidato a alcalde en el mismo municipio, mientras que
Javier es el operador financiero más visible del clan.
Los Bours tienen su base territorial de dominio en el
sur del estado de Sonora, en el municipio de Cajeme. Desde allí operan su red
de contactos políticos y el apoyo económico que los sostiene.
Muchas veces han estado en el centro
de la polémica. Así ha sucedido desde la gestión de Eduardo como gobernador del
estado o con el incendio de la Guardería ABC. Con Rodrigo insistiendo en
acceder al poder por la vía independiente y Javier sorteando las acusaciones de
posible evasión fiscal por 30 mil millones de pesos en tratos que habría
pactado para vender Megacable a Grupo Televisa (https://bit.ly/2z3G46X). Y más
recientemente, con la solicitud de revisión a posibles prácticas monopólicas
por parte de Industrias Bachoco, con presencia importante en el mercado de
pollo procesado y huevo.
El tema de acaparamiento del mercado
avícola por parte de la familia Bours volvió a surgir el pasado 7 de enero
durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, cuando Nancy Rodríguez, reportera del medio Oro sólido en redes,
preguntó sobre “el tema de los monopolios criminales” en lo que respecta a la
venta, distribución y comercialización de huevo y pollo.
En su
pregunta, la reportera mencionó que se
había castigado a la empresa Bachoco, propiedad de la familia Bours de Sonora,
por prácticas monopólicas. Pero las sanciones no habían surtido ningún efecto y
los precios de esos productos han seguido a la alza, en perjuicio de muchos
ciudadanos, incluso niños, que han dejado de consumir esos alimentos
(https://bit.ly/2S5ffdX).
López Obrador le respondió que
turnaba el caso a la Secretaría de Economía para dar seguimiento a su inquietud
y se pronunció directamente en contra de los monopolios.
Industrias Bachoco ya fue sancionada
en el pasado en dos ocasiones, con multas que superan los 3 millones de pesos.
La acusación que se hace contra
Bachoco es que para asegurar una mayor participación en el mercado del pollo y
el huevo habría simulado un brote de gripe aviar, provocando la disminución del
producto y, por tanto, su encarecimiento, dejando a la empresa familiar de los
Bours con acceso a una mayor tajada del segmento de ventas.
Algunos columnistas y medios de
comunicación en su momento calificaron esa práctica de “perversa” y como “la
trampa de Bachoco”.
“Con el paso
de los días –señaló un analista– han
comenzado a crecer sospechas sobre lo que podría haber atrás de este oportuno
brote de gripe aviar para una empresa que suele incurrir en prácticas
monopólicas en detrimento de los consumidores de pollo y huevo en el país.
“No debe olvidarse que han sido
sancionados en un par de ocasiones por la Comisión Federal de Competencia
Económica acusándolos no sólo de colusión, sino de otras prácticas en contra de
la dependencia.
“También es importante destacar que
productores de Estados Unidos se han quejado de las medidas ante la competencia
implementadas por Bachoco, puesto que ha solicitado acciones que evitan, en los
hechos, que los consumidores mexicanos puedan tener piezas de pollo a menores
precios de los que son vendidas por una empresa de tintes netamente
monopólicos.
“De confirmarse estas acusaciones en
contra de la empresa de la familia Bours, estaríamos ante hechos que intentan
encarecer productos básicos de alimentación, privando a los más vulnerables de
su consumo, sólo con el fin de obtener ganancias económicas”. (https://bit.ly/2FLJelz)
Recurrencia
en conductas de evasión.
Otro asunto delicado es el de Maga-cable,
en el que podría configurarse un caso de evasión fiscal.
Aunque Javier Bours representa la cara de Mega-cable,
los demás hermanos están al tanto de la operación y participan en la toma de
decisiones. Presumiblemente, las estrategias de evasión fiscal no son nuevas
para los Bours, son parte del modus operandi de su poderoso grupo empresarial.
Se sabe que existe una investigación
conjunta del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría
General de la República (en la actualidad Fiscalía General de la República) en
contra del Grupo Bours por la posible comisión de los delitos de defraudación
fiscal.
Por este asunto está en prisión
Roberto Rendón López, quien fuera director financiero del grupo. En varios
amparos ha denunciado que todo el esquema financiero de operaciones simuladas
para evadir impuestos al fisco abriendo cuentas en el extranjero fue orquestado
directamente por los hermanos Javier, Eduardo, Ricardo y Rodrigo Bours Castelo.
El asunto se encuentra actualmente en
la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero Aranda, quien
deberá analizar las denuncias de tráfico de influencias en contra de la familia
Bours para evitar el pago de miles de millones de pesos en sus diferentes
empresas, que por ley deben de ser entregados al gobierno federal.
La PGR abrió la carpeta de
investigación CI 2243/18 derivada de una denuncia presentada por el mismo ex
directivo del Grupo Bours, Roberto Rendón López, en contra de Francisco Javier
Bours Castelo, José Gerardo, José Rodrigo y Ricardo, todos de apellidos
Robinson Bours Castelo, así como de Arturo y José Francisco, ambos de apellidos
Bours Griffith, por los delitos de asociación delictuosa, falsificación de
documentos, fraude, falsedad de declaraciones judiciales y provocación de un
delito.
La demanda de Rendón López respondió
a que en febrero del año pasado el juzgado séptimo de distrito le dictó auto de
formal prisión por defraudación fiscal por 154 millones de pesos, por
presuntamente no haber realizado el pago del impuesto sobre la renta en 2009.
Como resultado de esta acusación está recluido en el Centro de Readaptación
Social de Ciudad Obregón.
Sin embargo, según Rendón López, los imputados
suplantaron su identidad al utilizar su firma electrónica en 2017 y principios
de 2018, ello pese a que ya se encontraba recluido.
Su firma electrónica fue utilizada
sin su consentimiento para realizar varios trámites ante el SAT, al ser
señalado como accionista y apoderado de 14 empresas propiedad de la familia
Robinson Bours, incluso en Colombia, Honduras, El Salvador, Suiza, Panamá y
Guatemala.
De acuerdo con Roberto Rendón López,
en por lo menos otras 13 empresas del grupo se ha operado el mismo esquema de
transacción durante varios años, lo que significaría un quebranto muy
considerable en contra del fisco federal.
La indagatoria constituye una prueba
de fuego para las autoridades judiciales y hacendarias actuales. Éstas deberán
aplicar la ley estrictamente para no dejar inconsistencias. Así se dejaría
establecido que en esta administración el poder económico de familias como los
Bours de Sonora, no está por encima de la ley.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.