Especialistas discuten en foro sobre la privatización del agua.

Durante el foro “Agua, Privatización y Corrupción”, especialistas en el tema analizaron y alertaron sobre los avances de la privatización del agua en el país.

María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) advirtió que los Consejos Consultivos de Agua son espacios “de simulación, ahí no están las comunidades, no está la gente que padece problemas de contaminación del agua, o de desabasto”, sino empresarios que sólo buscan privatizar el servicio y proteger los intereses de sus negocios.

Ejemplificó que el Consejo Consultivo del Agua, A.C. está integrado por presidentes y directores de grandes compañías que necesitan del agua para sus procesos, como el ejecutivo de Nestlé México, Marcelo Mechior; de Asuntos Corporativos Femsa, Genero Borrego Estrada; de Grupo Carso, Carlos Slim; de Relaciones Institucionales de Cemex, Juan Pablo García, entre otros.

Mencionó que los actos de corrupción se ven reflejados en la infraestructura que se construye para abastecer de agua. Recordó que el extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias, quien estuvo en el cargo durante 11 años, dimitió en 2013 tras ser acusado de firmar contratos que suman 91 millones de pesos con una empresa cuyos socios eran sus familiares.

Otro caso que citó es la presa El Zapotillo, que se levanta desde 2004, pues inundaría a tres municipios: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y a la fecha cuesta tres veces más de lo presupuestado, al pasar de 10 mil millones de pesos a 27 mil millones.

Indicó que las empresas involucradas en el proyecto de El Zapotillo – FCC, La Peninsular, Hermés y Abengoa- a pesar de que desde hace cuatro años que está parada la obra, han recibido 19 millones de pesos mensuales.

Desglosó que por adjudicaciones e indemnizaciones Abengoa recibió mil 600 millones de pesos, mientas que a La Peninsular y a Hermes les dieron mil 436 millones de pesos. Además, se le entregó a Abengoa los fondos de las pensiones de los trabajadores del estado, que suman 604 millones de pesos y el gobierno federal le dio 200 millones de pesos, y el de Guanajuato 100 millones de pesos. “Pero hay otros costos que tienen que ver con estudios, los nuevos centros de población, etcétera (…) la presa podría costar 50 mil millones de pesos, sin incluir la operación”, señaló María González.

Recordó que en el presupuesto federal del 2018 se contempla una partida por mil 500 millones de pesos para la presa El Zapotillo, y que en los últimos tres años ha recibido la obra 3 mil 814 millones de pesos.

“Con esa cantidad de dinero pudiéramos haber invertido en el saneamiento integral del río Santiago, se pudiera haber invertido en acceso al agua de muchas zonas y colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que carecen de agua”, comentó.

Por su parte, Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario especialista en agua, advirtió que se busca legislar para privatizar el vital líquido en el país. Tal es el caso de la Ley General de Aguas que es “la culminación de la reforma energética porque se trata de poner en las grandes empresas petroleras prácticamente todos los recursos de agua. No podemos desconocer que quien tiene interés en petróleo, en energía, también lo tiene en agua”.

El especialista nombró a la ley general de Aguas “ley Pichardo”, por el legislador priista que la impulsa- mencionó que en este momento el régimen concesional permite mediante un contrato transferir el agua y cambiar su uso por un periodo máximo de 30 años, pero si se llega a reformar la legislación, tendrían a perpetuidad la concesión de la infraestructura del agua y la operación.

Alertó que existen otros avances para la privatización como la ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que no está promulgada, pero fue aprobada por la Asamblea Legislativa, así como la ley de Agua de Oaxaca.

En tanto, Félix Hernández Gamundi, especialista en Agua, Medio Ambiente y Energía, enfatizó que la disponibilidad del agua en México no es homogénea. “Más de dos terceras partes de nuestra disponibilidad de agua en la República se ubica en el sureste del país, pero ahí habita solo el 30% de la población, donde está el resto de la población tenemos solamente un tercio de la disponibilidad, y ahí se genera la mayor parte de la actividad industrial, y del Producto Interno Bruto Nacional está del centro hacia el norte”, informó.

Comparó que mientras en Jalisco se dispone de 1,900 metros cúbicos de agua por habitante al año, la zona del Valle de México recibe 180 metros cúbicos, y en tiempos críticos solo 130 per cápita.

Apuntó que en la entidad jalisciense no es problema la disponibilidad del agua que proviene del río Lerma-Santiago-Chapala, sino que la recibe muy contaminada – principalmente por las descargas de la industria en Toluca-, por estar al final de los mil kilómetros de la cuenca.

Consideró que las plantas de tratamientos no son funcionales para descontaminar el agua proveniente del río Santiago, pues su función es limpiar las aguas domésticas, no industriales. Otro dato que aportó es que los 99 acuíferos del país están sobrexplotados, contaminados o ambos.

“El problema de todo esto que les estoy diciendo, el gobierno lo sabe, es información oficial (…) mi critica es que sabiéndolo no resuelven el problema, (…) porque tienen intereses que son ajenos al bien común”, lamentó.

Propuso que se implante un modelo distinto para la gestión del agua en el país, comenzando por modernizar los métodos de riego de la agricultura, y dar un pretratamiento a las aguas industriales para eliminar metales pesados.

“El manejo del agua no es un asunto de dinero, es un asunto de políticas, la lógica del gobierno es que nos dicen que es escasa, pero no es cierto, y la única solución que encuentran es privatizando (…) pero en ninguna parte del mundo la privatización ha resuelto el problema del agua”, insistió.