Otro carnal.

Javier Risco,

El 2017 está a punto de terminar como uno de los años en que más ha tenido que protestar la sociedad civil organizada por nombramientos a modo en puestos clave en el combate a la corrupción. A nivel federal los movimientos de #FiscalíaQueSirva y el que exige una #AuditoríaAutónoma han sobresalido por la trascendencia nacional pero no son los únicos casos.

En la Ciudad de México, a nivel local, la Asamblea Legislativa, que en esta Legislatura se ha caracterizado por su improductividad, por estar de pleito en pleito y por el abuso en las leyes que aprueba, que violan incluso la propia Constitución –que en febrero tanto presumían–, está apunto de regalarnos un #ContralorCarnal.

En julio de este año, en este mismo espacio, advertimos sobre la forma en que se aprobó en CDMX el Sistema Local Anticorrupción, sobre cómo los diputados locales se habían adjudicado nombramientos que no le correspondían en solitario y que habían incrementado el periodo en que puestos clave, como el del contralor, podían estar en funciones.

En aquel momento alzamos la voz sobre cómo ignoraron a los grupos de la sociedad civil que habían trabajado estos temas desde la Asamblea Constituyente que dio origen a la Carta Magna local, y aquello que en ese momento reprocharon que era ‘tenerles mala fe’, ahora se ve cristalizado.

Ayer, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, envió una terna para que la ALDF, sin consultarlo con nadie, elija al próximo contralor, que forma parte de la Auditoria Local y que será el encargado de investigar conflictos de interés y actos de corrupción en materias como obra pública, adjudicación de contratos, adquisiciones, etcétera. Para aterrizarlo, es el funcionario que, por ejemplo, investiga la forma en que se llevó la construcción de la Línea 12 del Metro.

Y aunque se enviaron tres opciones, desde que la ALDF aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública el puesto ya tenía dedicatoria: Eduardo Rovelo Pico, el actual contralor de la ciudad, quien por la forma en que se legisló este tema, además de los dos años que ya lleva en la dependencia, y los siete que dura el contralor en el Sistema Local Anticorrupción, puede reelegirse por siete años más. Un funcionario con 16 años en la misma posición y a la ALDF como la única con facultades de removerlo.

¿Quién es Rovelo? El contralor capitalino, que debería diseñar nuevas estrategias de combate a la corrupción administrativa en el gobierno de la ciudad, ES EL MISMO QUE HACE UNOS MESES DIJO EN ENTREVISTA CON EL PERIÓDICO LA JORNADA QUE LA CORRUPCIÓN ERA IMPOSIBLE DE ERRADICAR.

“(El flagelo de la corrupción) sólo lo puedes mantener en niveles tolerables, pero jamás lo puedes eliminar, pues es consustancial a la sociedad (…) no se va a erradicar porque es un hecho social”, declaró en junio al reportero Alejandro Cruz.

¿Cómo podemos poner en manos de quien cree que hay que tener ‘tolerancia’ a la corrupción, porque es un hecho social, la enorme tarea de combatir uno de los que quizá sean los mayores problemas de esta década en el país?

El contralor que pretenden imponernos entre la ALDF, con los diputados del PRD, PAN y PRI como respaldo, y Mancera, es un funcionario cuya área deja mucho que desear, porque pese a las más de dos mil inhabilitaciones que presume en su informe anual de actividades, 70 por ciento de éstas terminan en juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad, y de ese 70 por ciento, la mitad terminan revocándose, según el área de Asuntos Jurídicos de la propia Contraloría.

Y no pasa con casos insignificantes. Le ocurrió con la inhabilitación de Francisco Bojórquez, exdirector del Metro, investigado por la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, que finalmente no fue sancionado pues su falta había prescrito; o el caso del ex oficial mayor, Édgar Armando González, a quien la Contraloría había inhabilitado por dos años por comprar tóner a sobreprecio y que el TCA consideró que no era la sanción adecuada. En ambos casos la falta se comprobó, pero como pasa en el área penal, si quien debe armar un caso no lo hace bien, un juez termina por desechar el expediente.

Ese es el #ContralorCarnal que Mancera y la ALDF pretenden dejarle como herencia a los capitalinos, un hombre que el siguiente jefe de Gobierno no tendría facultad de remover y que difícilmente se dedicaría a perseguir a quienes lo acomodaron en un puesto con un sueldo anual de más de 800 mil pesos.