Darío Ramírez,
La
Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, ex procuradora
general que solamente administró la impunidad anunció que Oderbrecht sería
sancionado por 4 años y no se podrá celebrar contratos con ellos cuando se esté
hablando de recursos federales. Si son
estatales el gigante brasileño corrupto podrá seguir haciendo negocios. Y, por
si eso no fuera suficiente simulación, los contratos vigentes que se tienen con
Oderbrecht seguirán estando vigentes.
Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a
dar una muestra clara de su afición por la impunidad y protección de la
corrupción. Por lo menos en eso ha sido consistente a lo largo de su
administración.
La señal que manda el gobierno de
Peña es clara: bienvenidas todas las empresas a México, en donde pueden cometer
delitos en contubernio con funcionarios públicos y nada les pasará. Ganarán mucho dinero y después una leve sanción administrativa los
detendrá por un breve lapso de tiempo para después continuar con los
multimillonarios negocios. Es una vergüenza.
Al día
siguiente Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicó que “Olivio
Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas
electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril
y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya, coordinador de vinculación
internacional del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña
Nieto.
El mismo
personaje transfirió otros 951 mil dólares a una segunda empresa -también ligada
a Lozoya- en tres depósitos realizados en noviembre de 2012, días antes de que
Peña Nieto asumiera la Presidencia de México.”
Se apilan las evidencias de que los
sobornos millonarios de Oderbrecht llegaron a la campaña de Peña vía Emilio
Lozoya. Los trabajos periodísticos son contundentes.
La procuración de justicia
evidentemente ausente. Sin un fiscal de delitos electorales la impunidad de
Lozoya y Peña está asegurada. Si la impunidad está asegurada nada los detiene
para que en el próximo proceso electoral 2018 hagan lo mismo. La impunidad
siempre es el aliento más claro para cometer nuevos delitos.
Cuando el presidente Peña y miembros
de su gabinete hablan de “fortalecer las instituciones”, claramente estamos
ante retórica vacía. La ausencia de pruebas que sostenga las afirmaciones
contrasta con la abultad demostración de lo contrario. El carácter y compromiso
democrático de la clase gobernante se evidencia por su afán por debilitar las
instituciones y hacer de la impunidad nuestra realidad más lacerante.
Si partimos que la democracia se
sostiene en el Estado de Derecho y éste a su vez en el acceso universal a la
justicia, nuestra realidad dista mucho de ser una democracia real.
Para la gran mayoría de los mexicanos
la justicia es irreal e inexistente. Mientras sigamos otorgando ese elemento
fundamental a vaivén político del Poder Ejecutivo nuestra realidad seguirá
siendo marcada por la impunidad.
Se apilan casos de corrupción con su
inseparable impunidad, pero al parecer nada se mueve para evitar eso. Lo que
debería estar en la agenda central, lo verdaderamente importante es: la
construcción de la nueva institución y el plan de transición de la Procuraduría
a la Fiscalía.
Se vuelve urgente la necesidad de
revisar el modelo de procuración e impartición de justicia porque el todavía
vigente es no solamente un modelo fallido (y ahí está la impunidad en el 98%
para confirmarlo) sino uno que respondía a un patrón de
gobernabilidad autoritaria en el que nunca importaron ni la definición de una
política criminal ni la construcción de capacidades para implementarla. Hemos
vivido con una Procuraduría (replicada en los estados de la República)
congénitamente débil y al servicio de los intereses políticos y económicos.
Creo que a todos se nos ha agotado la
paciencia ante la injusticia que vivimos todos los días, una injusticia amplificada por la
inseguridad y violencia sistemáticas y generalizadas. A la democracia (así de
incipiente como la hemos conocido) se le está terminando la legitimidad por la
ausencia de un estado de derecho. Y, a todas las fuerzas políticas se les ha
terminado los pretextos para seguir postergando la aprobación de las reformas
para construir una nueva Fiscalía General de la República que garantice el
nuevo modelo de procuración de justicia que México requiere. Pero, jamás olvidemos que la impunidad es
el aceite del sistema del cual hacen usufructo los corruptos y vividores del
sistema político. Cambiarlo implicaría que dejarán de tener esos beneficios.
Toda encuesta confirma que la
sociedad ha puesto al frente de sus preocupaciones y demandas el fin de la
inseguridad y de la violencia, de la corrupción y la impunidad y de la falta de
acceso a la justicia.
Y, como respuesta nos han entregado o el
desdén y postergación de estas demandas o el desmantelamiento de las
instituciones encargadas de procurarlas. En medio de la crisis, hoy no tenemos
ni Procurador, ni Fiscal Anti-corrupción, ni Fiscal contra Delitos Electorales,
ni magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sólo un
pacto político con visión de Estado puede sacar al país del marasmo de la
injusticia e impunidad en el que está inmerso. No podemos argüir –como se ha
dicho- que no hay condiciones políticas
para dar este debate y llegar a acuerdos. Sin embargo, la ausencia de actores
con visión de estado es evidente en nuestra arena política.
Las condiciones no se dan por
generación espontánea, se crean. Y se han creado con éxito en el pasado.
Podemos volver a hacerlo.
La profunda crisis de gobernabilidad,
seguridad e impunidad que vive el estado mexicano sin duda existe. Los actores
políticos y ciudadanos deben trabajar a favor de un cambio de realidad, si no
por convicción al menos sí por interés de estado. De no hacerlo, de posponer la
urgente necesidad de crear un nuevo modelo de procuración de justicia civil, la
legitimidad y credibilidad de la democracia y de todas las fuerzas políticas
seguirán deteriorándose y el desenlace puede ser irreparable para las futuras
generaciones.
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