Justicia mediática contra impunidad legal.

Adela Navarro Bello.

Las instituciones están fallando. O quizá, mejor dicho, sería: quienes encabezan las instituciones están fallando. De tal manera que en México lo que prevalece es la impunidad y la corrupción. No porque no haya leyes y reglamentos para aplicarlos y procesar de manera eficiente a quienes roban, transan, lucran o desvían los dineros públicos, sino porque aquellos encargados de velar porque la ley y los reglamentos de control se ejecuten, no están actuando apegados a derecho. Impera la complicidad, el amiguismo y por ende, la corrupción.

Instituciones como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están encabezadas por personas ligadas al grupo de poder emanado del (PRI) Partido Revolucionario Institucional y de la Presidencia de la República, donde precisamente están enquistados quienes en los últimos años más han cometido actos de corrupción. Unos a otros se protegen. EL PACTO DE IMPUNIDAD EN TODA SU EXPRESIÓN.

Los pocos casos que llegan a ser investigados por el Ministerio Público se ven frustrados en sus resultados al llegar al Poder Judicial, casi siempre afectados de origen por la incapacidad e impreparación que domina en esa institución responsable de procurar justicia.

De tal manera que los contados expedientes que llegan a presentarse en un juzgado son desestimados ante la falta de evidencia, pruebas y argumentos para fundamentar los actos de corrupción en la administración federal.

Es un procedimiento viciado: un secretario de estado o alguno de sus subalternos comete un acto de corrupción, desvío de recursos, tráfico de influencias, conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, etcétera, y en la PGR no lo investigan, tampoco en la función pública, y cuando deciden hacerlo, integran de forma muy pobre un expediente que presentan al ministerio público donde normalmente presentan una denuncia de hechos, el ministerio público cuando decide investigarlo lo hace de la misma forma: cayendo en errores, en tecnicismos, rompiendo protocolos, de tal manera que cuando solicita al juez una orden de aprehensión, esta es negada. A veces avanza un poco más el proceso judicial, pero la debacle procesal siempre está en el destino. Y así una y otra vez.

En esta escalada de ineficiencia o complicidad entre las instituciones de gobierno, y en ocasiones crecientes del Poder Judicial, los ciudadanos están buscando métodos para acceder a la justicia, para forzar a quienes encabezan las instituciones a actuar, y en un momento dado, si las puertas no se abren, los ciudadanos están haciendo justicia mediática.

Exhibir la corrupción y la impunidad de la que gozan funcionarios de todos los niveles, ex gobernadores y ex funcionarios, se ha convertido en deporte nacional. Precisamente porque hay materia para hacerlo, y mucha.

Para realizar sus propias investigaciones, las organizaciones de la sociedad civil están recurriendo en muchos casos, a periodistas y a abogados. Los primeros se dedican ahora a hacer lo que llaman periodismo filantrópico, ejerciendo el oficio no para la publicación en un medio tradicional, sino para presentación en una organización de la sociedad civil, mientras los segundos indagan en documentos oficiales y a realizan análisis para hacerlos públicos y presentar denuncias penales, también desde organizaciones de la sociedad.

De esta forma los ciudadanos se van enterando de investigaciones sobre corrupción que de otra manera desconocerían.

Pues las instituciones con facultades para realizar esas indagaciones no lo están haciendo. En la secretaría de la función pública, por ejemplo, no investigan casos de conflictos de intereses, supongamos las reuniones de Luis Videgaray con empresarios chinos once meses antes que se lanzara la licitación para el tren de alta velocidad donde participó una filial del Grupo Higa, compañía a la que pertenece también la empresa que le vendió la casa a Luis Videgaray, como fue investigado y publicado por Aristegui Noticias. No investigan el caso en la función pública, porque dicen que ellos no investigan de oficio, sino que una persona debe denunciarlo formalmente para que ellos puedan actuar en consecuencia. Así la impunidad continúa.

La organización que desde de la sociedad civil está realizando periodismo filantrópico con mayor impacto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, recientemente ganó (junto a un medio digital, Animal Político) un premio de periodismo, el Ortega y Gasset que entrega en Madrid, España, la editorial de El País, precisamente por la investigación que hicieron sobre desvíos de recursos en once secretarías de estado que utilizaron a universidad y empresas fantasmas para sacar dinero público, más de 7 mil millones de pesos, en lo que mediáticamente llamaron “la estafa maestra”, una obra de distracción de recursos públicos que no ha sido investigada oficialmente. De hecho, ninguna institución ha iniciado indagación alguna con la intensión de sancionar la conducta delictiva documentada por los periodistas de la organización de la sociedad civil.

Otras instituciones que fueron creadas ciudadanas para construir contrapesos al gobierno federal, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), están siendo cooptadas desde los poderes ejecutivo y legislativo, en este último recae el nombramiento de los comisionados.

Prueba de la toma de las instituciones ciudadanas por los partidos políticos, especialmente en estos momentos del que emanaron los funcionarios públicos federales, es la inclusión de Ximena Puente, ex comisionada del INAI, y de hecho aspirante a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción (proceso convenientemente congelado en el legislativo), en la lista a diputados por la vía plurinominal del Partido Revolucionario Institucional.

Desde el INAI, información que debería ser pública para el análisis y la evaluación del gobierno federal, del poder legislativo o del judicial, ha sido reservada, clasificada y oculta, a conveniencia de quienes ejercen el poder, abonando con ello a la opacidad en la rendición de cuentas, la impunidad y la corrupción.

Ante la ineficiencia, incapacidad o desinterés que predomina en las instituciones cuando quienes las titulan reaccionan más cuidando el interés propio que el de la administración pública, la ciudadanía está recurriendo a los amparos. Ejemplo de ello es la iniciativa ciudadana para regular la publicidad gubernamental, que encabezaron las organizaciones Fundar y Artículo 19, quienes han documentado el brutal gasto de 40 mil millones de pesos en publicidad (propaganda) del gobierno de Enrique Peña Nieto en cinco años de ejercicio. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgaron un amparo ante la omisión del poder legislativo para regular el gasto de la publicidad.

Hoy día, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y activistas, denuncian mediáticamente a los partidos políticos mayoritarios en la Cámara de Diputados que pretenden “regular” para dejar las cosas como están, y que el derroche y el abuso del gasto publicitario continúe.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también ha informado que, derivado de un amparo contra el fondo de fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, hoy tienen acceso a 47 convenios realizados entre ese fondo y empresas catalogadas por el sistema de administración tributaria como fantasmas, precisamente para desviar dinero público, como lo documentaron en su reportaje sobre la estafa maestra.

Vaya, ante los yerros cometidos desde las instituciones para promover la impunidad y la corrupción, los ciudadanos, los periodistas, los abogados, la sociedad civil, está buscando justicia a partir de amparos, obligando a los poderes a develar oficialmente lo que públicamente se advierte por el tufo de corrupción que despide.

Es eso y exhibirlos públicamente para alcanzar una justicia aun cuando sea mediática.

Que la sociedad esté enterada del nombre y el apellido de los corruptos.

Que, en este gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, como nunca antes, abundan.