Javier Risco.
Recuerdo la
manera en la que vendieron el reportaje previo a su publicación. Animal
Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad habían dado varios
golpes periodísticos antes –tal vez el más representativo, el relacionado con
las empresas fantasmas del exgobernador veracruzano, Javier Duarte–, pero nada
parecido a este, por lo menos así nos lo advertían.
Y cumplieron
su promesa. El trabajo periodístico de
ambos equipos de investigación cimbraría la agenda nacional, se hablaba otra
vez de triangulación de recursos, pero esta vez de una forma mucho más
compleja, se trataba de '#LaEstafaMaestra: Graduados en desaparecer dinero
público'.
El trabajo coordinado por Daniel
Moreno y Salvador Camarena exponía más que un desvío, revelaba un sistema usado
desde las más altas esferas del gobierno: “El gobierno federal, a través de 11
dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de
pesos. Sólo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal
Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron
contratos ilegales por siete mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se
sabe dónde quedaron 3, 433 millones.
“Los siete mil 670 millones de pesos
le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir
recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad
jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente
porque no existen (…). Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó
Javier Duarte.
“La diferencia radica en que aquí el
gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero
los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas.
Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de
pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”.
Animal
Político y MCCI decidieron seguir la
pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y
cuáles eran las empresas seleccionadas para estos 'trabajos'.
Luego de
reportear en seis estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de
supuestos domicilios, la investigación de los periodistas Nayeli Roldán, Miriam
Castillo y Manuel Ureste concluye y
prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma, cuyos
socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para
las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios.
Al uso de
universidades para desviar dinero público le dediqué en este espacio una
columna titulada ‘La corrupción más dolorosa’: “¿Hasta dónde vamos a dejar llegar a un gobierno impune que es capaz de
torcer hasta la vocación más noble, como la de enseñar?”, cuestionaba en
aquel momento, como uno de los hallazgos más dolorosos del imperdible trabajo
en el que también colaboraron Yosune Chamizo y Omar Bobadilla.
Tras la
revelación, la respuesta cínica de la
Secretaría de la Función Pública fue la de admitir que sabían de esos desvíos,
pero de posibles sanciones a los funcionarios responsables, de eso nada.
Once funcionarios federales, todos
cercanos al círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto, entre los que
sobresalía Rosario Robles, de la época en la que estuvo al frente de Sedesol.
El 13 de
septiembre, pocos días después del sismo que devastó Oaxaca y Chiapas, tuve la
oportunidad de entrevistar en el programa de Así las Cosas, en WRadio, a Robles
y cuestionarla sobre estos desvíos, en los que millones de pesos destinados a
los más pobres del país, simplemente habían desaparecido.
“Nosotros no contratamos, ninguna de
las instituciones del gobierno, a empresas particulares, sino a las
universidades. Punto. Estamos en medio de una tragedia, corriendo casa por
casa, visitando municipios, estamos caminando, yo creo que habrá otro momento
para que pueda aclararle a usted todo lo que quiera”, argumentó la funcionaria.
“Esperemos que exista este momento”, le dije, y ya molesta
reviró: “No tengo nada qué aclarar por la sencilla razón de que yo no firmé
ninguno de esos contratos, que fueron auditados por (la Secretaría de) la
Función Pública, que están siendo procesadas denuncias en la PGR, en la que en
ninguna estoy mencionada, entonces yo le suplico que entendamos que estamos en
un momento de emergencia, de desesperación de miles, de cientos de miles de
personas, es hoy mi tarea fundamental”.
Ayer, este trabajo periodístico fue reconocido
con el Premio Ortega y Gasset, que otorga el diario El País. Y en medio de una
contienda electoral como la que se vive en México, donde uno de los
contendientes a la presidencia también ha resultado involucrado en los desvíos
encontrados por la ASF y revelados por estos periodistas, las respuestas aún
están en el aire. Y al contrario de lo que Robles respondió, sí hay mucho que
los protagonistas de #LaEstafaMaestra aún tienen que explicar y mucho por lo
que responder. ¿O no es acabar con la corrupción y la impunidad la propuesta
más mentada de este proceso electoral?
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