El
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio
a conocer que presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
en contra del juez Gerardo Moreno García, por el “desaseo” y la “prontitud” de
su resolución para “arrebatar” al gobierno estatal el caso del exsecretario
general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez,
preso por el delito de peculado agravado.
“Estamos absolutamente convencidos de
que se trata de una actuación contraria a Derecho, que busca dotar de impunidad
al exsecretario general del PRI (…) Y hemos pedido a los órganos
jurisdiccionales que se revise la actuación de este juez (federal), quien ha
tomado resoluciones que no habíamos visto en muchísimos años en México, no sólo
en los términos de cómo resuelve, sino en los tiempos, las formas”, subrayó.
La actuación del juez agregó, habla
de una realidad que vive el país. “El problema de la corrupción en México se
explica en buena parte por áreas del Poder Judicial altamente corruptas,
altamente entramadas en la complicidad”, puntualizó.
Y es que Moreno García impidió al coadyuvante
jurídico del gobierno del estado de Chihuahua, Fernando Gómez-Mont, su
participación en la audiencia del caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que se
realiza en esta capital.
De acuerdo
con el secretario general del gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, el defensor del priista Antonio Collado
pretende quitar el beneficio de “criterio de oportunidad” a dos testigos que
han ofrecido pruebas contra Manlio Fabio Beltrones.
El pasado viernes 4, en la audiencia
del caso Gutiérrez y dos exfuncionarios duartistas (Gerardo Villegas Madriles y
Enrique Antonio Tarín García), el juez de Distrito impidió la participación de
Gómez Mont, así como del consejero jurídico del gobierno de Javier Corral,
Jorge Alberto Espinoza Cortés, y la coordinadora jurídica de la Secretaría de
Hacienda estatal, Ángela Mónica Ferreira Aguilar.
Alejandro
Gutiérrez fue detenido el pasado 20 de diciembre en Saltillo, Coahuila, cuando
salía de su casa. Ese mismo día fue trasladado al Centro de Readaptación Social
(Cereso) número 1 localizado en el municipio de Aquiles Serdán –donde lo
esperaba un buen número de agentes federales–, acusado de peculado agravado por
el presunto desvío de 250 millones de pesos.
Por ese mismo caso están vinculados a
proceso Gerardo Villegas Madriles y Enrique Antonio Tarín García, quienes en el
gobierno de César Duarte fungieron como directores de Administración y
Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, respectivamente.
La defensa de ambos ha solicitado que
la Procuraduría General de la República atraiga el caso, junto con el de
Gutiérrez, petición que fue concedida por el juez de Distrito Gerardo Moreno
García.
De acuerdo
con la causa penal, una de las empresas
utilizadas en el desvío de recursos –a través de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte– fue Servicios y Asesorías Samex S.C, con la que el 24 de
febrero de 2016 simularon el contrato SH/AD/078/2016 por 55 millones de pesos,
supuestamente para capacitar a padres de familia de nivel preescolar y
primaria, lo que nunca se hizo.
El contrato
SHAD/079/2016 con la empresa Servicios y Asesorías Sinax, S.A de C.V, fechado
el 25 de febrero de ese mismo año, fue por el servicio de capacitación y actualización
de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y
áreas de oportunidad, por 55 millones de pesos.
Otro
contrato, el SHAD/080/2016, se hizo con la empresa se Servicios y Asesorías
SISASS S.A. de C.V, el 26 de febrero, por un curso sobre medio ambiente por 46
millones de pesos.
Un más se
firmó con el Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V. Quedó registrado con
el expediente SHAD/070/2016, el 29 de febrero, para la planeación, diseño e
implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento
de Personal del Subsistema Estatal, por 90 millones.
El contrato
con el número SH/SD/067/2016, por concepto de prestación de servicios
profesionales de elaboración de manuales de procedimientos de tierra y protección
civil para aeronaves y helicópteros del gobierno del estado, por 4 millones de
pesos, corresponde a la empresa de Alejandro Gutiérrez, Jet Combustibles S.A de
C.V.
Los contratos fueron autorizados por
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, instancia que emitió
las actas de excepción a la licitación pública y de adjudicación directa para
evitar el proceso licitatorio correspondiente.
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