Con el asesinato de Abel Montúfar
Mendoza, Alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y candidato a Diputado
local, ya suman 24 los políticos asesinados y 3 los desaparecidos durante el
periodo electoral en Guerrero, el más violento en su historia, según los
líderes de los partidos en el estado.
Otros también han renunciado a sus
candidaturas en la entidad, por amenazas y violencia.
El consejo
general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero
informó que a la fecha ha aprobado 17
renuncias de candidatos propietarios y suplentes a diputados locales, y todavía
le quedan por analizar 90 solicitudes de sustitución para los ayuntamientos.
El
presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, reveló que entre las solicitudes de sustituciones hay aspirantes a
presidentes municipales, síndicos y regidores de todos los partidos.
“El ambiente sí está complicado, pero
nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo.
El estado,
de hecho, es uno de los cuatro focos rojos en el mapa electoral del INE para el
proceso del 1 de julio próximo, junto con los estados de Michoacán, Tamaulipas
y Chihuahua.
NI UN CRIMEN
RESUELTO
Los dirigentes locales del PRI, PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la situación de inseguridad y
violencia es grave, sobre todo porque la impunidad prevalece.
El presidente
estatal del conservador PAN, Marco Antonio Maganda, aseguró que el reciente asesinato de Montúfar pone en claro que en
Guerrero hay un total descontrol en materia de combate a la delincuencia
organizada.
Luis Walton
Aburto, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que ninguno de los casos de violencia contra candidatos y
aspirantes se ha resuelto y calificó como “grave” el problema de la
inseguridad.
Heriberto
Huicochea Vázquez, dirigente estatal del PRI, partido que gobierna en el estado y el país, reprobó los asesinatos, y
el líder local perredista, Ricardo Barrientos, hizo un llamado urgente a las
autoridades a que tomen medidas para enfrentar el problema de la violencia.
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