El perdón a la pena por el delito de
delincuencia organizada a uno de los implicados en el caso que ha tocado al
candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, está previsto en el Código Nacional
de Procedimientos Penales y podría aplicarse en caso de que Andrés Manuel López
Obrador busque reducir la violencia, si gana las elecciones.
La figura del perdón es una forma
alternativa de solución de controversias, establecido en las reformas
constitucionales que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón para
modificar el sistema de justicia penal, en 2008, y que entró en vigor hace dos
años en todo el país.
Una de las modificaciones fue la del
artículo 17 de la Constitución para que las leyes prevean “mecanismos
alternativos de solución de controversias en materia penal” y aseguren “la
reparación del daño”.
Los llamados
criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios son dos de las figuras de ese nuevo sistema y fueron las que
permitieron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda llegar a un acuerdo con Luis Alberto López López, chofer de Manuel
Barreiro, quien a través de una empresa fantasma le compró a Ricardo Anaya una
nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos.
Con los
criterios de oportunidad, el Ministerio Público tiene la facultad de no ejercer
la acción penal; es decir, no castigar
el hecho o perdonar al delincuente siempre y cuando haya reparación del daño.
Los acuerdos reparatorios se deben dar entre la víctima y el imputado, incluso
en delitos culposos y patrimoniales.
En el caso, la UIF pactó el perdón con López López,
acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una modalidad del
delito de delincuencia organizada.
El chofer de
Barreiro firmó un acuerdo reparatorio y
en razón de ello, le entregó la nave industrial a la Procuraduría General de la
República (PGR), el pasado viernes 20. De esa manera, a López López ya no se le
aplicará ninguna pena por el delito que se le acusaba y que está previsto en la
Ley contra la Delincuencia Organizada.
La bodega de
Manhattan Master Plan, una empresa fantasma creada ex profeso, estaba a nombre del chofer porque así lo
pidió Barreiro, el viejo conocido de Ricardo Anaya, pese a que el candidato
presidencial intentó inicialmente desconocerlo.
Según Anaya,
el caso ya está aclarado, como insistió en el primer debate presidencial, el
domingo 22. Pero está lejos de eso.
El pasado
miércoles 25, el diario digital El Español reveló que las autoridades europeas
investigan la estructura financiera en Gibraltar y en paraísos fiscales para
eventualmente obtener fondos para el candidato presidencial y expresidente del
PAN.
Las operaciones también se habrían
hecho en Canadá, donde se refugió Barreiro apenas se conoció el escándalo en
México y en el que también está implicado el hispano-mexicano Juan Pablo Olea
Villanueva, quien tiene intereses en Querétaro, como la sociedad Advance Real
Estate, así como 14 compañías en España, según informó el corresponsal de
Proceso en Madrid, Alejandro Gutiérrez.
Desde el 1 de marzo la PGR bloqueó y
embargó las cuentas en México de Barreiro y de Olea Villanueva.
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