La
legisladora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), está por concluir su participación en el Senado de la República
y desde el 29 de agosto de 2012 –cuando tomó protesta como Senadora– hasta hoy,
ha dejado su paso plagado de conflicto
de interés entre su labor como funcionaria y como empresaria, de acuerdo con
declaraciones de activistas y políticos de opositores.
El trabajo legislativo de la única mujer entre los seis
hijos del magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien es egresada de la
Licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, ha sido calificado por representantes de organizaciones civiles y
partidos políticos como “incongruente” y
“plagado de conflicto de interés”.
Durante los cerca de seis años que ha
ocupado un escaño en el Senado ha impulsado iniciativas de Ley polémicas, y que
de acuerdo con las fuentes atentan contra la riqueza natural y el equilibrio
ambiental del país.
Salinas
Sada, comenzó su carrera legislativa en 2009, a los 29 años, como Diputada
federal en la LXI Legislatura, tiempo en que fue presidenta de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y secretaria de la Comisión de Recursos
Hidráulicos.
Durante ese periodo promovió algunas
iniciativas para reformar leyes en materia ambiental y otras en asuntos de
trata de personas, educación, protección civil, entre otras, pero nada que la
colocara en el ojo del huracán, como es ahora en su paso por la Cámara Alta.
El vínculo para que Salinas Sada
debutara como legisladora, declara una fuente anónima, fue la amistad con Jorge
Emilio González, conocido como el “Niño Verde” y las relaciones de negocios con
Carlos Alberto Puente Salas, hoy dirigente nacional y coordinador del Partido
Verde en el Senado.
Puente Salas fue asesor de la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y Televisión; también fue director de
Enlace y Atención Gubernamental en Televisión Azteca –empresa subsidiaria del
conglomerado Grupo Salinas, que preside su padre–, compañía en la que también ostentó los cargos de gerente de
Estrategias y Desarrollo Político y jefe de Administración de Convenios
Públicos.
Por ello, la misma fuente afirma que dentro del
Partido del Tucán existe tráfico de influencias y acuerdos establecidos con las
televisoras y con el sector energético.
“Hay mucha gente en el Partido Verde
que no sabe nada sobre medio ambiente, saben sólo de intereses políticos y
económicos y Ninfa Salinas no es la excepción. Es gente que está colocada allí
por un interés, económico, político o de amistad […] Ninfa Salinas es una mujer que tiene
preparación y sentido común, pero obedece a intereses particulares”, dice la
persona que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias.
SENADORA Y
EMPRESARIA DE ENERGÍA.
Ayer
Diputada y hoy Senadora, Ninfa no ha
sido nunca electa por los ciudadanos, pues ambos cargos fueron concedidos vía
plurinominal; es decir su partido le dio el puesto directamente.
Actualmente, y a la par de su labor
en el Senado, funge como presidenta de los consejos consultivos de Grupo
Salinas. Además, es presidenta y socia fundadora de Grupo Dragón, compañía de
generación de energía renovable eólica, geotérmica y solar instituida en 2011.
La legisladora y empresaria fue quien
presentó la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector
Hidrocarburos. Recientemente, una reforma a esa Ley, promovida también por
Salinas Sada, fue duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil
al considerar que se le confiere más poder al Gobierno federal en turno –desde
las más altas esferas– para evitar vigilancia a las empresas y se les permita
continuar con la contaminación del país.
Lo anterior,
porque, explicó la Alianza contra el Fracking, la reforma incorpora el artículo 27 Bis que le da la facultad al
Presidente de la República –en este caso Enrique Peña Nieto– de designar a los
cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia.
En octubre de 2016, impulsó la Ley
General de Biodiversidad, actualmente detenida, pero también sumamente
criticada por ambientalistas y académicos. En su momento, Salinas Sada afirmó que, de aprobarse la
LGB “colocaría a México a la vanguardia en el tema de protección al medio
ambiente”. No obstante, los opositores
manifestaron que la Ley dejaría desamparadas a las áreas naturales protegidas
(ANP) para llevar a cabo actividades mineras y de fracking o fractura
hidráulica.
Esa última técnica de extracción de
petróleo y gas, han advertido especialistas, es altamente dañina para el medio
ambiente y, encima, requiere de miles de litros de agua.
“La fracturación de un solo pozo
requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual
de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México
supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo
doméstico (100lts/pers/día) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año.
Ello acarreará la disminución de la cantidad de agua disponible, lo que pondría
en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la
alimentación. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, regiones donde
esta actividad ya se está realizando, la disponibilidad de agua es limitada al
tratarse de regiones con alto estrés hídrico (donde la demanda es mayor a la
disponibilidad)”,
explica la Alianza contra el Fracking.
Otro ejemplo que generó suspicacias
sobre el accionar de la Senadora del Verde se dio en 2014, cuando la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa
Desarrollos Zapal, subsidiaria de Grupo Invecture, relacionada con Grupo
Salinas, la autorización para construir la mina a cielo abierto “Los Cardones”
en un ANP de Baja California Sur. Aunque, finalmente, el año pasado el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa decretó la nulidad, dio a conocer el medio
Pie de Página.
En este
sentido, el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
en su Fracción XI señala a la letra las
obligaciones de todo servidor público, entre las que destaca evitar el
conflicto de interés.
“Excusarse de intervenir, por motivo
de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen o hayan formado parte”, dice a la letra.
LEGISLA PARA
LA FAMILIA, ACUSAN.
Ante estas
evidencias, Ninfa Salinas Sada ha sido
señalada por partidos de oposición y defensores ambientalistas como una
Senadora que legisla sólo en favor de sus intereses, los de su familia y los de
sus amigos.
En
entrevista para SinEmbargo, José Francisco Gallardo Rodríguez, General
Brigadier y defensor de los derechos humanos, afirma que durante la participación de Salinas Sada a inicios de la
LXII legislatura, “la cachamos intentando legislar para su papá en los temas de
minería y eólicas”. El general recuerda que, tras ser señalada por el conflicto
de interés, finalmente desistió de proponer las iniciativas.
“Entre 2013 y 2014, ella presentó un
asunto de telecomunicaciones, ligado a los negocios que tiene su papá […] Se
descubrió que había conflicto de interés porque estaba apoyando a las empresas
de su padre. Además, no es posible que siendo ella defensora de la ecología
esté impulsando leyes o proyectos de reforma que van en contra de la ecología,
como los de energía y minería”, expuso el General, quien se desempeñó como coordinador de
asesores en el Senado de la República de 2013 a 2015.
“Es una Senadora para asuntos de
carácter familiar. Está con los verdes que están en alianza con el PRI [Partido
Revolucionario Institucional], que son los que empujaron la Reforma Energética
y otras que impulsó Enrique Peña Nieto. Es una Senadora que legisla para los
intereses particulares de ella y de las empresas que tiene su padre”, agregó Gallardo Rodríguez.
Por su
parte, Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la
Diversidad Biológica, consideró que, sin duda, la empresaria tiene un conflicto de interés porque mientras legisla “no
se deslinda de los quehaceres de Grupo Salinas”. Agregó también que
mientras continúe con una participación empresarial activa y como Senadora, “por supuesto que nunca va a legislar sobre
algo que vaya en contra de los intereses del sector empresarial que
representa”.
“Deslindarse del conflicto de interés
no será posible, mientras [Ninfa Salinas Sada] tenga dos trabajos: como
legisladora y ejecutiva de Grupo Salinas. Nunca va a legislar para frenar o
poner mayores regulaciones al sector empresarial, al contrario, va a
beneficiarlo, de allí el conflicto de interés”, destacó el activista.
Olivera
Bonilla laboraba para Greenpeace México cuando la mujer comenzó su carrera
política, recuerda que alrededor del año 2009 Salinas se acercó a la
organización civil con presencia internacional y mostró interés por escuchar
las problemáticas ambientales, pero
jamás cumplió con legislar a favor del sector.
“Ofreció total apertura, después todo
cambió, nunca más ha tenido otro acercamiento, nunca ha trabajado con las
organizaciones de la sociedad civil en el tema ambiental. [Aquella reunión]
sólo fue un intercambio de experiencias que al final no derivó en nada”, rememoró.
Por si fuera
poco, en junio de 2014, la entonces
Senadora Layda Sansores San Román denunció la existencia de conflicto de
interés en el actuar de Salinas Sada por participar en las comisiones
dictaminadoras de la legislación energética, y paralelamente ser la presidenta
de la subsidiaria de Grupo Salinas, con negocios en la industria eléctrica en
Chiapas y Jalisco.
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