Entre 2011 y 2012,
Adrián “N”, presunto contador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG),
fungió como subdirector administrativo de la Policía Municipal de Puerto
Vallarta, además de ser enlace ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, para la operación del Subsidio para la Seguridad
en los Municipios (SUBSEMUN).
De acuerdo con la
sentencia de un amparo directo concedido a Adrián “N”, contra la decisión de un
juez en materia laboral dictada en 2016, se ordenó que además de su
reinstalación como subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad
Pública Municipal en Puerto Vallarta, se le pagaran salarios caídos.
Documentos de transparencia del ayuntamiento de Puerto
Vallarta indican que el entonces funcionario realizó un viaje oficial a
Santiago de Chile, entre el 24 y 31 de octubre de 2010, para estar presente en
el “Segundo Encuentro de la Red Latinoamericana de Gestión de Personas por
Competencia y Organizaciones Sostenibles”.
Además, representaba
al director de la Policía Municipal en algunas reuniones convocadas por la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La información obtenida por Animal Político revela que el ingresó a Adrián “N” a la policía
municipal se dio el primero de enero de 2010, en la administración del alcalde
priista Salvador González Reséndiz.
Gana reinstalación.
Inconforme por su despido como funcionario de la
administración municipal de Puerto Vallarta 2010-2012, en febrero de 2013
Adrián “N” demandó al Ayuntamiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón
del Estado de Jalisco.
Reclamó salarios caídos por su cargo de subdirector
administrativo, horas extra, bonos económicos de servidor público, cuotas
dejadas de aportar al IMSS y al fondo ahorro para el retiro, así como su sueldo
por la comisión como enlace del SUBSEMUN.
El 1 de agosto de 2016 el tribunal laboral falló en
favor de Adrián “N” en la mayoría de sus peticiones, incluso en que fuera
reinstalado en el cargo que ostentaba; sin embargo, no condenó al municipio a
pagarle 12 mil pesos mensuales durante 21 meses, por la comisión como enlace
institucional ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para la recepción del subsidio.
Por considerar que no convenía a sus intereses el
laudo, el exfuncionario interpuso una demanda de amparo directo ante un
Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en el Estado de Jalisco. El amparo y
protección de la justicia federal le fue concedido el 22 de junio de 2017, para
efecto de que le sea reconocido el pago de la comisión de enlace como parte de
sus percepciones económicas. Se condenó al ayuntamiento a dicho pago.
Otros cargos.
Como lo informó Animal Político, Adrián “N” es concesionario de transporte público en Jalisco. Desde el
6 octubre de 2016, el presunto contador del CJNG es uno de los más de 50 socios
de la empresa Transporte Unido Costa Pacífico, concesionaria de 7 diferentes
rutas de transporte público en Puerto Vallarta.
Además, fue
oficial mayor administrativo del Ayuntamiento de Puerto durante la
administración del presidente municipal Gustavo González Villaseñor
(2004-2006), tiempo en el que fue señalado por trabajadores de nepotismo, al
haber dado empleo a su hermana María Maura “N”, con el cargo de “auditor A”.
Durante el periodo que
el presunto contador del CJNG se desempeñó como subdirector administrativo de
seguridad pública municipal, policías se manifestaron en diversas ocasiones
señalando al funcionario de presuntos malos manejos del SUBSEMUN, sin que se
comprobaran las acusaciones.
El SUBSEMUN es
un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando
éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o
coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad
municipales.
Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del
delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las
instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías,
su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases
de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de
emergencia.
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