Después de tres años, la Procuraduría
General de la República (PGR) determinó el “no ejercicio de la acción penal” en
contra de Pedro Topete Vargas, directivo de Infraiber, debido a que nunca pudo
comprobar la existencia del supuesto espionaje y la supuesta extorsión a la
empresa OHL.
Ahora el Estado mexicano, afirma el
abogado de Infraiber, Paulo Díaz, tendrá que hacer frente a la responsabilidad
derivada de este abuso de poder.
El pasado 8 de enero, el Juez
Decimoquinto de Distrito en materia Penal, en la Ciudad de México, fue
consultado por la PGR del no ejercicio de la acción penal, la cual fue
autorizada el pasado 13 de marzo.
Con esta
acción, se concluye la averiguación
penal PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/081/2016, iniciada por los delitos de Intervención
de Comunicaciones Privadas sin Mandato Judicial, Tráfico de Influencia, que
involucró también al abogado de Infraiber, Paulo Díez.
El acta circunstanciada se inició con
motivo de la publicación en el portal YouTube de conversaciones telefónicas
sostenidas entre Pablo Wallentin, directivo de OHL, José Andrés de Oteyza, y
otros directivos, sostenidas con funcionarios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), sobre la obra del Viaducto Bicentenario en
el Estado de México.
El 15 de
septiembre de 2015, Juan Ozuna, director
de OHL, denunció ante la PGR que José Luis Meana Trujillo le confesó que junto
con Pedro Topete, realizaron las grabaciones de las llamadas.
En un
comunicado, el abogado de Infraiber
recordó que “en un hecho vergonzoso”, en septiembre de 2015 la PGR montó un
operativo en el Estado de México para detener a su representante legal Paulo
Díez, a quien, de manera ilegal, se le sembró una pistola para intentar
incriminarlo de portación ilegal de arma de fuego.
Días después, la autoridad lanzó un
cateo en oficinas de la empresa ubicadas en Polanco y sustrajo computadoras,
teléfonos celulares y documentos, con el objetivo de recabar información
referente al supuesto espionaje.
El objetivo:
la localización y presentación de Pedro
Topete Vargas, señalado como dueño de Infraiber.
No obstante, y tras no encontrar
elementos que sustentaran la imputación, la PGR fue obligada a devolver el
material incautado en 2017 y el 15 de noviembre de ese año un juez federal
ordenó a la procuraduría resolver la averiguación previa iniciada desde 2015.
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