Gabriel Sosa Plata.
El origen de la serie sobre populismo
en América Latina que se pretende transmitir en México es muy oscuro, pero no
así su objetivo fundamental: desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador. Es
parte de la intensa guerra electoral y a nadie debería sorprendernos, mucho
menos al candidato que encabeza las encuestas y a la coalición de partidos
políticos que lo apoyan.
López Obrador ofreció este domingo,
en Palenque, Chiapas, transmitir la serie en su muro de Facebook si se revela
quién la pagó y celebró que televisoras nacionales y extranjeras no acepten
transmitirla. Efectivamente, en aras de la transparencia, es imprescindible
saber quién está detrás de una producción como estas y quién patrocina la
publicidad que se le ha hecho en microbuses en la Ciudad de México porque
podría tratarse de un delito electoral, pero lo que resulta inaceptable es que
se promueva su censura previa.
La misma
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que las expresiones, informaciones y opiniones
concernientes a asuntos de interés público, como lo es una candidatura, gozan
de mayor protección bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual
forma, “las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes
aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las
funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la
crítica”.
El productor de la serie, Javier
García Mata, denunció en un comunicado distribuido la semana pasada que el
mismo López Obrador y su coalición está ejerciendo una presión ilegítima y
antidemocrática para que la serie no tenga un canal de distribución. Reiteró
sus afirmaciones en una entrevista que concedió aen Imagen Televisión, aunque
tampoco detalló cómo se ha ejercido dicha presión, más allá de las opiniones de
rechazo que se han propalado en redes sociales.
Lo mejor que puede suceder en un
Estado democrático es que las audiencias vean este tipo de producciones y se
deje de alimentar el morbo o especulación sobre su contenido. Paralelamente
deberían organizarse mesas de análisis sobre la serie y el populismo en América
Latina y México. Es un buen tema de debate sobre un concepto y una práctica de gobierno
que tiene diversas interpretaciones, no necesariamente contrarias al interés
general o a la democracia.
Hasta ayer
por la tarde ningún canal de televisión abierta o de paga había levantado la
mano para transmitir la serie. Y no creo que haya sido por presiones sino por
la misma incertidumbre que genera esta producción que por lo que se sabe fue
preparada desde el año pasado, con la pretensión de lanzarla durante el proceso
electoral 2018 y hacer un “aporte”
político a las causas antiAMLO.
Un elemento
adicional sobre este uso, lo compartió ayer Denise Dresser durante su
participación semanal en el noticiario que conduce Carmen Aristegui. La politóloga dijo que fue entrevistada
para esa serie y que se le informó que sería transmitida en Netflix, pero se
lamentó que la producción haya sido utilizada con una “clara intención de
desprestigiar” y con fines políticos. Aristegui Noticias también presentó un
reportaje sobre las irregularidades en la contratación de publicidad de la
serie en microbuses, así como sobre la ausencia de registros de la producción
en el Instituto Nacional de los Derechos de Autor.
Si una televisora decide transmitir
la serie, lo correcto, lo ético, es que lo haga con un contexto (ya decíamos
que quizás una mesa de análisis plural) para que las audiencias tengan más
elementos sobre lo que lo que hay alrededor de esa producción y se convierta en
promotora de un debate abierto y democrático, en lugar de ser un instrumento
burdo de propaganda electoral, como hasta ahora le es inherente.
También la televisora debe estar
consciente que si hay calumnias en la serie es corresponsable al transmitirlas.
La calumnia es un límite a la libertad de expresión y sí podría tener
implicaciones legales, ya sea en un proceso electoral o fuera de éste.
Que sea la audiencia quien valore la
calidad de la serie y la ética de sus promotores. En su columna en El Universal, el
periodista Ricardo Raphael ofreció
algunos detalles de su productor ejecutivo, Javier García Mata: “Por la
información disponible vale decir que este señor no había hecho antes ningún
documental. Durante los años ochenta y noventa fue asistente de producción para
las películas Entre cornudos te veas, Un macho en el hotel, Dos nacos en el
planeta de las mujeres y Morir en el Golfo”.
Y agrega:
“Su máximo golpe lo dio en 1996, al lado de Fernando Sariñana, como
co-productor de la premiada cinta Cilantro y Perejil. Luego la trayectoria
profesional del CEO de La División se desvaneció, hasta la semana pasada en que logró mayor fama que nunca”.
No sé si alguien pueda sentirse
orgulloso de una fama colgada con alfileres y de dudosa procedencia, si se
considera, además, el deslinde de uno de sus supuestos socios en la productora
La División, el cineasta Enelio Fariña, quien en Twitter escribió lo siguiente en respuesta a un
tuit de José Hernández, más conocido como el Monero Hernández:
“Hola, solo comentarte que no formo
parte de esa productora desde hace meses y que mi trabajo no ha tenido nada que
ver con ese proyecto. No trabajo (no) en política ni para políticos, como creo
que es el caso. No he visto tampoco los documentales”.
La serie sobre los populistas está en
línea con los spots del miedo, anti-López Obrador, que han producido las
coaliciones que buscan llevar a Ricardo Anaya y José Antonio Meade a la
presidencia.
Aún no sabemos si lograrán su
cometido, pero hasta ahora, al parecer, poco impacto han tenido en las
intenciones del voto.
Estas
estrategias de comunicación político-electoral tendrían, si nos basamos en
mismo supuesto, un efecto distinto al que se tuvo en 2012, donde la televisión
tuvo un papel más relevante, pero aun nada está definido. Y como no han
funcionado como se quisiera, se estirará más la liga. ¿Hasta qué nivel? Pronto
lo sabremos.
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