El general de división y
exsubsecretario de la Defensa Nacional Humberto Alfonso Guillermo Aguilar
habría sido beneficiario de presuntos sobornos de la empresa alemana Heckler y
Koch (H&K) para cerrar contratos de venta de armas durante el tiempo en que
estuvo a su cargo la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones
(DCAM) de la Sedena.
Lo anterior se desprende de declaraciones
hechas a la fiscalía de Stuttgart por un testigo dentro del proceso que la
justicia alemana sigue por la posible exportación ilegal de fusiles de asalto
G-36 y armas cortas de la mencionada firma a México entre 2006 y 2009.
De acuerdo
con las declaraciones del testigo, de las que Proceso tiene copia, el general Aguilar, hoy en retiro y quien
también fue oficial mayor de la Sedena, habría recibido por cada uno de los
fusiles vendidos a México 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como soborno.
El testigo, cuyo nombre se omite en
el documento, se enteró de los sobornos por el representante de H&K en
México, Markus-Joachim Bantle.
En el
cuestionario que la fiscalía realizó al testigo en 2010 se lee:
–En sus consideraciones del
17.02.2008 usted menciona el siguiente hecho: que el general Aguilar, jefe de
la DCAM, recibió como soborno de parte de Bantle 25 USD por la venta de cada
unidad de G36 y 20 USD por la venta de cada arma corta. ¿De dónde lo sabe?
–Eso lo sé por el propio señor
Bantle. Ya en 2005/2006 él me lo habría mencionado; y las cantidades me las
comentó por ahí del 2006/2007. Bantle también me dijo que el señor Haas tenía
conocimiento de ello.
–¿Conoce detalles sobre si esos
sobornos se dieron antes o después de haber cerrado el contrato de venta?
–No.
El testigo es un antiguo trabajador
de H&K, quien fue enviado a México entre 2006 y 2008 para realizar
presentaciones sobre el armamento alemán y brindar entrenamiento y asesoría en
el uso de las armas a los clientes mexicanos. En 2008 dejó
su empleo en H&K y pasó a la clandestinidad supuestamente por estar en
contra de la forma sin escrúpulos en cómo la armadora alemana negociaba las
exportaciones a regiones que, según la ley de aquel país, están vetadas porque
en ellas se violan los derechos humanos. Sin embargo fungió como testigo ante
la fiscalía de Stuttgart en la acusación que Jürgen Grässlin presentó en 2010.
El referido señor Bantle es uno de
los principales acusados en el juicio, mientras que el tercer mencionado, Axel
Haas, era jefe de ventas de la empresa y murió en marzo de 2005.
El extracto
del interrogatorio forma parte del
expediente del juicio que iniciará este martes 15 de mayo en contra de seis
exempleados de H&K –dos antiguos gerentes, dos exjefes de ventas, una
trabajadora y un exrepresentante de ventas– a quienes se les acusa de estar
implicados en el envío a México de fusiles y accesorios entre 2006 y 2009 sin
el permiso correspondiente, lo que viola las leyes alemanas de Control de Armamento
Bélico y de Transacciones Internacionales.
La Sedena reconoció en 2015 que al
menos 4 mil 700 de esas armas exportadas a México fueron a parar a Chihuahua,
Guerrero, Chiapas y Jalisco, estados vetados por la ley alemana por
considerarlas entidades donde se violan los derechos humanos.
Entre los
acusados en el juicio, junto con Bantle, sobresale el exgerente de H&K
Peter Beyerle, quien antes de integrarse a la empresa fue presidente del
Tribunal Regional de Rottweil, circunscripción donde está la sede de la
empresa.
El juicio
inició ocho años después de que el activista Jürgen Grässlin presentó la
primera denuncia y se prevé que será un proceso muy mediático, pues será la
primera vez que la poderosa firma, líder en la producción de armas en Europa,
enfrente aunque sea de forma indirecta un juicio de este tipo. El tribunal de
Stuttgart contempla 25 audiencias en el proceso, con lo que éste puede
prologarse hasta finales de octubre de este año.
Satisfecho
por haber llevado a los tribunales el asunto, Jürgen Grässlin no se siente, sin
embargo, muy optimista sobre el resultado del juicio.
“Por una
parte me siento muy bien porque es un éxito para el movimiento en favor de los
derechos humanos en Alemania y espero que (el juicio) cuando menos aporte un
poco de justicia para todas las víctimas de Heckler & Koch.
Logramos
obligar a la procuraduría a levantar una demanda en contra de seis
extrabajadores de la empresa y no es cosa menor. Por otro lado, debo decir que
la fiscalía de Stuttgart nunca se sintió contenta ni miró con buenos ojos lo
que hicimos y mi gran temor es que al final no se haga justicia”, señala
Grässlin en entrevista telefónica.
Desde su punto de vista, la justicia
alemana no ha actuado imparcialmente: “En el banquillo de los acusados no
estarán sentados todos los que tienen que ser. Es un triada la que está
involucrada en este caso, pero al final sólo son representantes de H&K los
que comparecerán”.
La triada a la que se refiere el
activista alemán está conformada por la empresa H&K, así como autoridades
de la Oficina Federal de Exportación y del Ministerio Federal de Economía,
quienes a decir de Grässlin apoyaron activamente a la empresa para vender
misiles a México.
“Si el
estado de derecho alemán funcionara, Markus Bantle tendría que recibir cuando
menos 16 años en prisión, al estar involucrado en 16 entregas de armas, y Peter
Beyerle a seis años. Eso sería lo normal, lo que tendría que suceder. Pero mi
pronóstico es que sucederá lo contrario y serán arropados y protegidos por la
justicia”, comenta.
Y anticipa
que, si no son declarados culpables, él apelará la decisión en una instancia
superior.
Las reglas
rotas.
Las exportaciones de armas hacia
México no son un tema nuevo. Desde 2002 ingresaron al país fusiles, metralletas
y pistolas de origen alemán, en volúmenes modestos y dentro de lo legal.
Fue en 2005 cuando una delegación de
la Sedena visitó las instalaciones de H&K en Oberndorf y mostró su interés
en el fusil G-36. Entonces sobrevino la ofensiva comercial de la empresa,
encabezada por su entonces representante en México, Markus Bantle, quien logró
pedidos por miles de armas.
Conforme a
la ley alemana, el Consejo de Seguridad
Federal, integrado por miembros de ocho ministerios, se encarga de autorizar
las exportaciones de armamento a los denominados “países terceros”, entre ellos
México.
En 2006 el Ministerio de Asuntos
Exteriores alemán bloqueó a este país como receptor de armas por considerar que
los derechos humanos se violaban en cuatro estados. Sin embargo, finalmente el
Consejo de Seguridad Federal otorgó la autorización a condición de que las
armas no llegaran a Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero. Pero eso no se
cumplió.
Cuando menos
desde 2010 la prensa alemana se ha ocupado de las exportaciones de armas de
H&K a México. En marzo de 2012 policías municipales de Chilpancingo, Guerrero,
se enfrentaron en la Autopista del Sol con estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa. El diario alemán TAZ
comprobó, a partir de fotografías del suceso, que los uniformados portaban
fusiles de H&K.
En febrero de 2014 el canal
francoalemán de televisión ARTE realizaba un documental sobre armas alemanas
en Estados prohibidos y el equipo de producción llegó hasta la policía
comunitaria de Tixtla, Guerrero. Ahí descubrieron que los guardias de la
autodefensa poseían cuando menos dos fusiles G-36, decomisados a la policía
municipal.
Y en septiembre de ese mismo año la
prensa del país europeo también informó de que al menos 36 de las armas
decomisadas a la policía municipal de Iguala y utilizadas durante el
enfrentamiento del día 26 del mismo mes, en el que murieron seis personas y
desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, eran fusiles de asalto G-36
producidos por H&K.
A partir de este martes 15 la
justicia alemana determinará el nivel de culpabilidad de los exempleados de
H&K en la ilegal presencia de estas armas, no sólo en el estado de Guerrero
sino en los otros tres adonde estaba prohibido que llegaran.
Este semanario solicitó a la
dirección de Comunicación Social de la Sedena una respuesta oficial respecto de
los señalamientos contra el general Aguilar hechos ante la fiscalía de
Stuttgart, igualmente preguntó si esta dependencia realizaría una investigación
sobre este asunto.
Hasta la
tarde del viernes 11, Proceso no había recibido respuesta alguna.
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