CHILPANCINGO,
Gro. Líderes de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) advirtieron que
acudirán a tribunales internacionales para revertir la reforma al artículo 14
de la Constitución estatal, que desconoce el sistema de seguridad y justicia
comunitario de pueblos indígenas y afro-mexicanos.
A través de
un comunicado que también suscribieron diversas organizaciones sociales, advirtieron que levantarán la voz contra
“los gobiernos racistas” porque no fueron consultados, y llamaron a los
ayuntamientos a no avalar esa reforma –elaborada por el gobernador Héctor
Astudillo Flores y aprobada en el Congreso local– que violenta derechos humanos
de los pueblos originarios.
“Ante la aprobación de esta
contrarreforma, por esta agónica legislatura, llamamos a los ayuntamientos a no
ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien
hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que
como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”, expresó la CRAC-PC.
Añadió: “Con el derecho que nos asiste hacemos
público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta
reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el
proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la
seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”.
A finales de
julio, Apro informó que diputados
locales del PRI y sus aliados del PRD, MC, PAN, PT y PVEM aprobaron una
iniciativa promovida por el gobierno estatal para eliminar de la Constitución
estatal el reconocimiento del sistema de seguridad e impartición de justicia
indígena que rige desde 1995 en 34 municipios de la Montaña y Costa Chica
guerrerense.
Además, los actuales legisladores delegaron a los
próximos diputados locales, con mayoría de Morena, la responsabilidad de
elaborar las leyes secundarias para “delimitar la competencia” de los usos y
costumbres de los pueblos indígenas y afro-mexicanos con “el sistema jurídico
estatal”, con el argumento de que las acciones de la CRAC-PC “se contraponen”
con las normas jurídicas actuales, según el dictamen oficial.
En
contraste, la modificación
constitucional deja intacta la estructura paramilitar de los 19 grupos de
autodefensa que operan en 50% del territorio guerrerense, a los que Astudillo
ha calificado como brazos armados del narcotráfico.
Esas organizaciones armadas mantienen
retenes en vías de comunicación federales y controlan territorios completos en
poblaciones mestizas y urbanas donde el narco se disputa el control de las
ganancias de la industria minera, así como las zonas de producción, tráfico y
venta de estupefacientes en la entidad, de acuerdo con un análisis del gobierno
estatal.
Los
dirigentes de la CRAC-PC fijaron este
miércoles una postura sobre la reforma astudillista avalada por el PRI y
aliados: “Hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron
para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía
nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes
que violentan nuestros derechos colectivos”.
Destacaron que se trató de una
contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los
diputados, “con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de
nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria”.
Advirtieron
que, “ante este golpe artero”, desde la
sede de la CRAC-PC, en el municipio de San Luis Acatlán, defenderán con la ley
en la mano su modelo ejemplar “que nos ha garantizado la paz y la seguridad” en
los territorios.
“A pesar de este atraco queremos
decirles con la frente en alto que nosotros somos los dueños primigenios de
este enclave sureño de vastas riquezas naturales. Somos herederos de una
civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra
madre tierra y a nuestros derechos colectivos. En contrapartida, los gobiernos
usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos
originarios, sin embargo, aquí estamos, de pie para emprender otra batalla
más”.
De igual
manera, recordaron que en 1995 los
pueblos indígenas de la Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad
originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se
coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al
amparo del poder.
Por ese hecho, que calificaron como
“amenaza”, decidieron organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus
derechos. “Inspirados en la lucha de nuestros antepasados aplicamos nuestro
sistema de seguridad y justicia y logramos revertir los índices de criminalidad
en un 90%, recuperando el control de nuestras instituciones encargadas de
procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad”.
La respuesta
de los de arriba no se hizo esperar: “El
gobierno mestizo, que es cómplice de la corrupción, se obstinó en perseguirnos
y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener
nuestra capacidad para organizarnos”.
Sin embargo,
“no cejamos en nuestro empeño de luchar
contra este aparato represivo para demostrar que la razón jurídica está de
nuestro lado”.
La CRAC-PC finalmente logró que las autoridades
estatales reconocieran en la Ley 701 que la Policía Comunitaria es “legal y
legítima”, y que representa un aporte transcendente que enriquece la pluralidad
jurídica del estado y el país, como lo reconocieron los Relatores Especiales de
pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Por ello, subrayaron, “esta legislatura de triste
memoria” ignoró que en Ayutla de los Libres, donde habitan los na’savi (mixtecos)
y me’pháá (tlapanecos), se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y
luchar por la instauración de un gobierno democrático.
“Fue en este mismo municipio donde
decidimos como pueblos nombrar a nuestras autoridades municipales por usos y
costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias”, precisó la CRAC-PC en referencia a
la histórica elección por usos y costumbres de julio pasado.
“Esta lucha tenaz fue una
demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones
del estado y los mismos partidos políticos. No fue una concesión graciosa de
los gobiernos ni de los políticos disfrazados de redentores de los pueblos
indígenas. Fue un proyecto que nació en la cuna de la rebeldía, en los
territorios donde Genero Vázquez sembró junto con los pueblos el ideario de
justicia para los pobres”.
Los
inconformes con la reforma subrayaron: “Los
pueblos no somos vasallos de los gobiernos usurpadores ni súbditos para que nos
impongan leyes que nos sojuzgan. Ostentamos la titularidad de nuestros
derechos, le pese a quien le pese. Somos sujetos de derecho no objeto de
políticas asistencialistas”.
Recalcaron que acudirán a tribunales
internacionales para defender su sistema de seguridad y justicia “con la fuerza
de la razón y la legitimidad de nuestras luchas”.
El documento
está firmado por la CRAC-PC, conformada por las casas de justicia de San Luis
Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan; el Consejo de comunidades damnificadas de la Montaña, y
otros colectivos.
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