A casi siete años del asesinato del
joven universitario Carlos Sinuhé Cuevas, perpetrado en la capital del país el
26 de octubre de 2011, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de
México demandó a las autoridades regionales conformar un grupo
interdisciplinario de expertos independientes, que haga su propia indagatoria
para esclarecer el homicidio, ante la deficiente labor del Ministerio Público.
Calos Sinuhé
fue asesinado cuando descendió de un
vehículo de transporte público, en el km 28 de la carretera federal
México-Cuernavaca, luego de recibir amenazas en los meses previos por su
participación en movimientos sociales y estudiantiles, en su calidad de alumno
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Carlos
Sinuhé, además, era músico y encabezaba
talleres de enseñanza musical entre sus compañeros universitarios y de
preparatoria.
Tal como
constató la Comisión de los Derechos Humanos capitalina, durante los siete años transcurridos desde el asesinato, la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado alrededor
de 5 mil diligencias periciales, aunque ninguna de ellas ha resultado útil para
identificar a los responsables del crimen.
En
contraste, durante todo ese tiempo la
Procuraduría se ha negado a explorar y agotar las líneas de investigación que
señalan a una ejecución extrajudicial, es decir, que Carlos Sinuhé fue
asesinado por autoridades, subrayó la Comisión de los Derechos Humanos.
Asimismo, en estos siete años, la investigación
judicial se ha visto caracterizada por omisiones que, según la Comisión, se
traducen en diversas violaciones a los derechos humanos tanto de Carlos Sinuhé,
como de sus familiares.
Por ejemplo, al no haber preservado la escena del
crimen, ni los indicios que en ella quedaron del asesinato, tanto la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como la Instituto de
Ciencias Forenses violaron los derechos de la víctima y su familia al debido
proceso, al acceso a la justicia, y a la verdad.
Esos mismos derechos fueron
nuevamente violados por la Procuraduría al omitir investigar diligentemente, y
al incumplir su obligación de agotar todas las líneas de investigación,
“especialmente la de una posible ejecución extrajudicial”, tal como afirmó durante el acto de
presentación de conclusiones, la primera visitadora general Hilda Téllez.
La negativa a investigar la posible
participación de autoridades en el asesinato, de hecho, fue calificada por la
Comisión de Derechos Humanos como un acto de “obstaculización para acceder a la
justicia”.
Por el
contrario, se destacó que tras el
asesinato la Procuraduría de la Ciudad de México, en voz de su entonces
titular, Miguel Ángel Mancera, criminalizó y difundió juicios estigmatizantes
en contra de Carlos Sinuhé, culpabilizándolo de su propio asesinato.
La difusión de esas posturas
estigmatizantes, señaló la Comisión, se traduce en una violación al derecho a
la integridad personal, que sigue vigente para las personas fallecidas en lo
tocante al respeto a su honor, memoria, intimidad y su vida privada.
Además, se
señaló que, la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México también violó el derecho a la integridad
personal de la mamá de Carlos Sinuhé, la señora María de Lourdes Téllez, “por
el uso indebido de la fuerza durante una protesta social relacionada al caso”,
al ser sometida a “sufrimiento y revictimización”.
Las diversas ocasiones en que la mamá
de Carlos Sinuhé fue desalojada durante la realización de manifestaciones
pacíficas, por último, representan una violación “al derecho a la protesta
social, en ejercicio de la libertad de expresión”, lo cual realizaron las
autoridades capitalinas siempre de manera “arbitraria”, tal como concluyó la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Impunidad
endémica.
Durante la
presentación de las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, su titular, Nashieli
Ramírez, subrayó que “En México, y en esta ciudad, no se castigan los
asesinatos”, y enlistó las principales causas.
En el caso del asesinato de Carlos
Sinuhé, subrayó, las investigaciones de las autoridades responsables se
caracterizan por “falta de efectividad y negligencia para garantizar la verdad,
justicia y reparación; ausencia de líneas claras de investigación y demora para
resolver”.
Todos estos factores, añadió, se
agravan y se vuelven “mayormente sancionables si existe algún indicio, por
mínimo que sea, sobre la posible participación de agentes estatales”.
No obstante,
lamentó, en México, la impunidad
respecto de crímenes cometidos por servidores públicos tiene en la actualidad
un “carácter endémico”.
Para suprimir estas prácticas que
fomentan la impunidad, una de las exigencias principales de la Comisión,
incluidas en las conclusiones de su propia investigación sobre el caso de
Carlos Sinuhé, es que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México conforme un “grupo interdisciplinario de expertos independientes”, que
analice las deficiencias en las labores realizadas en estos siete años por el
Ministerio Público, y “fije las líneas de investigación y las diligencias que
se practicarán en la misma”, con el objetivo de emitir “en un término breve la
determinación que corresponda”.
Asimismo, exigió que las autoridades capitalinas
realicen un acto de disculpa pública, en el que se reivindique la honorabilidad
del estudiante universitario, y se pondere su condición de “activista social”.
Además, la Comisión de los Derechos Humanos de
la Ciudad de México demandó que las autoridades designen un espacio simbólico,
para la elaboración de un mural conmemorativo en honor a Carlos Sinuhé Mejía,
elaborado por sus compañeros y compañeras activistas, así como por colectivos
solidarios. Para honrar su memoria.
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