En junio
pasado se cumplieron dos años de la
puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que buscaba
reestructurar todo el aparato judicial para darle efectividad en un país que no
confía en sus autoridades. Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar
listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese
primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87
% de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %.
Los estados que superaron el 90 % de
impunidad en 2016
(la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz,
Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo
León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 % de delitos
cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el
nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a
60%.
La
organización presenta este jueves el informe ‘Hallazgos 2017’, una nueva edición de la evaluación que realiza
a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
en vigor desde junio de 2016.
En esta ocasión agregó un ranking de
las entidades por el índice de impunidad que reportaron durante ese año, donde
el promedio nacional fue de 87.3 %, sin considerar ocho
entidades que no entregaron la información que México Evalúa les solicitó vía
transparencia: Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa,
Sonora y Tamaulipas.
Los números apenas son una pincelada
de la realidad delictiva en el país, admiten los investigadores, pues además de
no poder contar con toda la información de cada estado, también debe
considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, cuando la
cifra negra (delitos que no se denuncian) en México llega hasta 94 %.
“Existe una tendencia generalizada a
no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que sólo una
pequeña parte de los delitos ocurridos llegan al conocimiento de las
autoridades”,
sentencia el reporte.
Una buena parte de estos altos
porcentajes de impunidad son atribuibles a los recursos legales de que echan
mano las instituciones para dar por resueltos los casos sin que hayan sido
completamente investigados ni haya justicia real, según explicó la coordinadora del
Informe, María Novoa. El más utilizado y grave de ellos: el archivo temporal.
Impunidad
institucionalizada.
El Sistema Acusatorio contempla un
recurso para las instancias judiciales similar a la antigua “reserva” del
Sistema Tradicional: el archivo temporal. Esta herramienta permite a los
investigadores poner una “pausa” a la investigación para recopilar más
información sobre el caso, obtener mejores elementos probatorios o hacer un
expediente histórico delictivo de personas o grupos, explicó María Novoa a Animal
Político.
Sin embargo,
este “comodín” –como ella lo llama- ha
sido usado por las instituciones más como un atajo para quitar esos casos de
los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es
utilizado hasta en 30 % de las carpetas de investigación, lo cual, a decir de
los evaluadores, es un abuso que les ha permitido mejorar sus cifras de
resolución de casos en las evaluaciones; además de que puede llevar a los
expedientes al olvido al no tener un plazo límite de esa temporalidad.
“Están más preocupados por cumplir
con los números que por resolver los casos, es la institucionalización de la
impunidad. Lo que evidencia son procuradurías debilitadas, y esto demerita al
Sistema Acusatorio, aunque el problema no es la herramienta sino su
aplicación”, puntualizó
la coordinadora del Informe.
Aunque el Sistema Acusatorio tiene
como prioridad la resolución de los conflictos por vías alternas que eviten el
encarcelamiento, esta opción ha sido mínimamente contemplada en todo el país, según el Informe.
Además del
archivo temporal, las procuradurías de
justicia han preferido dar cauce a las investigaciones por otras vías: la no
competencia de la autoridad; el no ejercicio de la acción penal; la
investigación complementaria o los criterios de oportunidad.
Avances a
“cuentagotas”
Además de los altos índices de
impunidad, en el informe se reconoció que ningún estado ha alcanzado la meta
establecida de avances en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(SJPA), aunque tuvieron ocho años para prepararse.
El reporte señala las etapas de este nuevo Sistema de
Justicia, basado en la presunción de inocencia y caracterizado por la búsqueda
de alternativas de solución a los conflictos antes de optar por la prisión. La
Reforma Penal de 2008 otorgó un plazo de ocho años a las instituciones
involucradas a nivel federal y estatal, a fin de que hicieran las adecuaciones
necesarias para operar con el nuevo Sistema Acusatorio.
En 2016
venció ese plazo e inició la etapa de consolidación, para la cual todos dijeron
estar listos, aunque los expertos advirtieron que les tomaría otros 11 años
contar con todos los elementos para llevarlo a cabo.
En su
evaluación, los investigadores
establecieron otro ranking para evaluar el avance que en 2016 y 2017 se tuvo en
cada estado para consolidar el sistema de justicia penal. Para ello
establecieron un estándar ideal de mil
puntos. Para el primer año de operación, 2016, se estableció en 500 puntos y
para 2017 en 600.
Básicamente lo que se calificó en
este ranking fue: el avance y la calidad de las acciones de política pública en
2016 y 1017 y los avances logrados respecto a las demás entidades federativas.
El estado con mayores avances hasta
la fecha apenas alcanzó 483 puntos (Querétaro) y ocho entidades no superan
siquiera los 200, donde Guerrero es el más bajo con 134.
Dilación en
los procesos.
El riesgo de abusar del archivo
temporal es que los casos tomen tanto tiempo en investigarse, que el delito
acabe prescribiendo o la víctima abandonando su caso, advierte Novoa. Y la operación
del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio no se ha salvado de los conocidos
limbos en la justicia mexicana: el Informe detectó que la dilación en las
audiencias –uno de los pilares del SJPA- está aumentando a un nivel alarmante.
“Uno de los retos a vencer es el
índice de diferimiento de las audiencias, que se elevó de 7% en 2016 a 21% para
2017 a nivel nacional”, advierte el reporte, en el que destacan los estados de
Guanajuato (alrededor de 48%) y de Chiapas (44) que aumentaron dramáticamente
el diferimiento en las audiencias.
Policías,
talón de Aquiles.
En la
edición 2016 de ‘Hallazgos’ los
investigadores advirtieron que la Policía es el punto más débil de la cadena de
deficiencias que presenta el sistema judicial mexicano. En este nuevo informe
refuerzan este dato: la fuerza de seguridad en México es de 128,067 policías,
es decir, 1.1 policías por cada mil habitantes. “Si consideramos a los
elementos que serán dados de baja por no acreditar los controles de confianza,
el promedio quedaría en 0.8 policías por cada mil habitantes”, señala el
texto presentado este jueves.
La Ciudad de México cuenta con el
promedio de estado de fuerza más alto (4.3 policías por cada mil habitantes) y
Baja California el más bajo, con 0.3. Respecto a la capacitación a las policías
en el nuevo Sistema de Justicia Penal, el reporte afirma que el 100% del estado
de fuerza fue capacitado en al menos uno de los talleres, pero únicamente el
26.8% tomó el Taller de la función del primer respondiente: justo el eslabón
más importante en la cadena de investigación de un delito.
“Más que capacitación se necesita
profesionalización de los cuerpos de seguridad en un servicio profesional de
carrera”, agrega
María Novoa.
La
investigadora apunta que la nueva
administración federal (a cargo del candidato presidencial electo, Andrés
Manuel López Obrador) debe retomar como prioridad el Sistema Acusatorio, ya que
ningún plan de pacificación dará resultados si prevalecen las viejas prácticas
en el poder judicial, que entre otras fallas, siguen invisibilizando a las
víctimas.
“Le están dando prioridad a este
pacto de paz, pero no están contemplando la procuración de justicia, así se
seguirán repitiendo los casos. Ningún proceso de construcción de paz tendrá
viabilidad en el tiempo si no se refuerza el Sistema Acusatorio, es necesario
subirle la prioridad en el nuevo gobierno”, expresó.
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