Atzayaelh
Torres.
Expertos y otros no tanto coinciden
en algo: los nombramientos por parte de Andrés Manuel López Obrador para
dirigir Pemex y la CFE tienen la finalidad de que se cumplan las promesas de
campaña a cualquier costo, el que sea.
En el caso
de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a
pesar de no tener una profesión alineada a la industria, se vislumbra como un
ejecutor de las políticas de austeridad y combate a la corrupción que promueve
AMLO desde hace muchos años. Aquí debía poner a alguien a quien no le
importaran los reflectores y se dedicara a ejercer puntualmente el gran paquete
de inversiones para la petrolera nacional del siguiente año.
Sin embargo,
Romero Oropeza llega a Pemex en un
momento sumamente difícil, con los peores indicadores financieros, gran
endeudamiento, los niveles más bajos de petróleo y gas, un sistema de
refinación operando a su mínima expresión, un sindicato opaco, pero sobre todo,
una Pemex desgastada por sus altos niveles de corrupción, los cuales se
recrudecieron en este sexenio.
Aquí, Romero tiene un gran reto: nombrar a un
director de Pemex Exploración y Producción (PEP) que dé manotazo en la mesa y
ponga orden a la ‘mafia de ingenieros’ que tienen prácticamente secuestradas
las actividades más importantes de la petrolera nacional, y que desde adentro y
fuera de Pemex mantienen presión sobre la asignación de contratos,
principalmente.
Sabemos que Romero ya está siendo
advertido de casos como el de José Luis Fong Aguilar, subdirector de la Región
Norte, quien ha gestionado ampliaciones del célebre contrato 421004823 para
Cosafi del Noreste, publicado por este medio; además de algunos jubilados que
se mantiene latiendo en la industria como Félix Alvarado Arellano,
exsubdirector de la Región Sur, con el contrato 422213801 de PEP, por el cual
arrendaron la plataforma Agosto 12 a Grupo Nuvoil, de Mariano Hernández
Palmeros, que burló una millonaria multa, tal cual lo informó este medio.
El próximo
director de PEP, que sustituirá a Juan
Javier Hinojosa, tendrá que poner en orden el PACMA (Programa de Apoyo a la
Comunidad y Medio Ambiente), creado por Pemex, en teoría, para atender las
necesidades de grupos vulnerables de las regiones petrolera, pero donde se han
llevado a cabo cuestionables gestiones cuando Ricardo Villegas era directivo de
PEP en los tiempos de Emilio Lozoya.
Otro es Gustavo Hernández García,
quien después de haber sido director de PEP cuando Manlio Fabio Beltrones lo
llamaba “paisano”, hoy opera como “consultor independiente”, según se lee en su
perfil de Linkedin, y quien fuera cuestionado por los contratos de Compañía
Mexicana de Exploración (Comesa), cuando la dirigía Adán Oviedo Pérez, donde
Pemex tiene 51 por ciento de participación, y que terminaron ejecutando la
empresa Cesigsa en las regiones Sur y Norte de PEP.
Ya adentro, será interesante también ver cómo Octavio
Romero se volverá a encontrar con algunos miembros de panismo que promovieron
el desafuero del próximo presidente de México cuando era jefe de Gobierno del
entonces Distrito Federal, y que se amalgamaron en la estructura de Pemex
durante el mandato de Juan José Suárez Coppel, quien me cuentan, sigue pesando
desde el sector privado.
Por otra
parte, Bartlett llegará a una CFE que ya
no es sólo un generador y subsidiador, sino que ahora es un fuerte participante
en la industria de gas y está entrando a empujones en el almacenamiento de
combustibles. Con Manuel Bartlett en la CFE, Andrés Manuel manda un mensaje
claro a la naciente industria eléctrica: CFE no será un jugador más y
despídanse del piso parejo. Podríamos ver después del 1 de diciembre la
reintegración de la CFE, la cancelación de contratos con los productores
independientes de energía, e incluso, la incorporación de miembros de la
extinta Luz y Fuerza del Centro. Otra. En el mercado eléctrico de largo plazo,
por ejemplo, la CFE ya no se perfilaría como el gran comprador de energía para
las renovables en las subastas, y será un negocio que tendrán que fomentarse
entre privados, si es que claro, el mercado sigue avanzando. Tendrá que poner
orden en las polémicas compras de medidores a Grupo IUSA señaladas por la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), e incluso, el propio
Bartlett ha advertido que podría poner fin a los contratos con proveedores de
mantenimiento en la zona central del país.
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