Odebrecht, conglomerado
brasileño señalado por corrupción, ofreció a México un acuerdo reparatorio de
18 millones de dólares y entregar información sobre los casos de sobornos, a
cambio de poder realizar, otra vez, contratos de obra pública, de acuerdo con
un borrador al que tuvo acceso Reuters.
Odebrecht pidió que la
propuesta se mantuviera confidencial y que las autoridades mexicanas [la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP)] desistieran de futuras acciones en su contra.
La propuesta fue rechazada,
según Reuters, después de que fuera presentada ante la PGR.
“[Odebrecht se
compromete a] cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes
con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos
para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hay sido causados al
Estado mexicano”,
señala el documento.
La información que
podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en
México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la PGR no
quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos, informó el
10 de octubre la agencia AP.
El Ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese
documento es obligatorio para que México pueda utilizar la información aportada
por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración
suscritos con esa fiscalía.
La constructora
reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos
millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que
provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos
presidentes y ex presidentes, en una decena de naciones de la región.
La gran mayoría de
estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido
a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de
los implicados.
En el caso mexicano, Odebrecht
confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de
Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El escándalo creció con
la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex
ejecutivos de la constructora -como el ex director en México Luis de Meneses-,
que involucraban directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Lozoya, que en 2012
trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido
sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa
brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir
contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Pese a estas evidencias
la Fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a
pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le
pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República
insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.
En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios
y nueve ex funcionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora,
entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.
La Fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente
“deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en
contra de los colaboradores”.
Pero México no ha
aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que
Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las
autoridades brasileñas.
Por otra parte, Brasil
también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el
intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían
con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.
La AP solicitó a la
Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo
ningún comentario.
En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron un
acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado, pero no está claro si tiene
algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.
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