Georgina Morett.
Así es, la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servidores Públicos ha provocado una competencia en
redes sociales para tramitar amparos e impedir la disminución de salarios, e
incluso algunos proponen ampararse para evitar que les sean suspendidos los
seguros de gastos médicos, separación individualizada y vida.
Esta propuesta fue ampliamente criticada desde que la
dio a conocer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en campaña, pero
sobre todo cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, por los errores que
tiene, ya que se retomó una iniciativa de Pablo Gómez, de 2011, en lugar de
crear una nueva.
Incluso la propia senadora y futura secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha manifestado en contra de que se
reduzcan los salarios de ministros, jueces y magistrados.
De hecho, el
Presidente electo ya se reunió con los ministros y, según nos cuentan, les
expresó que no habría problema si se amparan en el artículo 94 de la
Constitución, que señala: “La remuneración que perciban por sus servicios los
ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de
Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados
electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Claro que el costo
político que tendrían que pagar sería muy alto, por lo que deberán definir si
aceptarán esta legislación o no.
Porque finalmente es
decisión del Presidente electo responder a un acto político al que se
comprometió en campaña, y que refleja el hartazgo de los mexicanos con el
actual gobierno.
Y enfrentarse a esta
disposición puede provocar mucha molestia entre los ciudadanos hacia al Poder
Judicial, al que ya de por sí se le acusa de la impunidad que se vive en el
país.
De cualquier forma,
distintos despachos de abogados, como Trusan & Roma, invitan a los
funcionarios públicos a ampararse, tanto por el decremento salarial, como por
el dejar de contar con los seguros.
Señalan que lo más
importante es la tranquilidad de las familias y los seres amados, por lo que
los invitan a luchar para mantener su salario.
Ofrecen promover un
amparo indirecto contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así
como contra la Ley de Austeridad Republicana.
Tienen una visión muy interesante, ya que aseguran que no deben ampararse
respecto a la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el pasado 5 de
noviembre, porque esa será derogada cuando se apruebe La ley de Austeridad
Republicana; y por ello piden: ¡no te dejes sorprender!
Mientras que el bufete López Padilla invita a los funcionarios a presentar un
amparo directo contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y
señalan que cuentan con dos oportunidades dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor de la ley, o bien dentro de los 15 días
hábiles siguientes a que tenga lugar el primer acto de aplicación de las normas
reclamadas, lo que significa al día siguiente de que le bajen el salario.
No sólo en el Poder
Judicial los funcionarios públicos están preocupados por esta legislación,
también en Pemex, el INEGI, el INE y muchas otras, donde los mandos medios y
superiores que tienen posibilidades de un trabajo transexenal están preocupados
y dispuestos a actuar judicialmente para no verse perjudicados.
El próximo gobierno
deberá pensar muy seriamente en las liquidaciones, sino quiere enfrentase a una
lluvia de amparos.
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