Jenaro
Villamil.
Con 72 votos a favor y 46 en contra,
el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que modifica la
estructura de la Secretaría de Gobernación y crea la nueva Secretaría de
Seguridad Pública.
Además, crea la nueva Secretaría de Bienestar,
faculta al titular del Ejecutivo para conformar comisiones especiales y da
atribuciones a los llamados delegados estatales.
A pesar de su aprobación en lo general,
la minuta regresará a la Cámara de Diputados ante la propuesta aceptada por la
bancada de Morena de modificar el párrafo 27 que le otorgaba a la Secretaría de
Gobernación la facultad de “proveer servicios de radiodifusión pública
digital”, que suponía una violación al artículo 6 constitucional, ya que esta
atribución es del Servicio de Radiodifusión Pública del Estado Mexicano, creado
en este sexenio.
En el
posicionamiento, las bancadas del PAN,
del PRI, del PRD y de MC criticaron la nueva ley porque “fomenta el
presidencialismo y el centralismo”. Y legisladores de Acción Nacional y del
tricolor adelantaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que la figura de
“súper delegados” atenta contra el federalismo y convertiría a los gobernadores
en figuras decorativas.
El Partido
Verde, a través de su coordinador Raúl Bolaños, se sumó a los votos de Morena,
el PT y el PES para apoyar el dictamen, y advirtió que su apoyo está
condicionado “siempre y cuando no existan excesos en el poder y velando en todo
momento por el federalismo constitucional”.
Al presentar
el dictamen, el senador de Morena Cristóbal Arias afirmó que el mandato popular es “claro y contundente” para cambiar
las estructuras de gobierno “hasta hoy incapaces de dar solución a los grandes
problemas nacionales”.
Afirmó que los 27 cambios legales
establecidos en la nueva LOAPF son constitucionales y responderán a los
reclamos y demandas más sentidas de la sociedad, como son la seguridad, la
justicia y el bienestar económico y social.
A nombre de
la bancada del PRI, Beatriz Paredes indicó
que la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no
debería implicar “el desmantelamiento” de la actual Secretaría de Gobernación,
dependencia que queda “fatalmente vulnerada”, pues se distribuyen atribuciones
sustantivas en la misma entre la oficina de la Presidencia de la República y
otras secretarías de Estado.
La
exgobernadora de Tlaxcala y exdirigente nacional del PRI reiteró que la protección civil, el Archivo General, la readaptación
social de menores, la memoria histórica, entre otras funciones, deben ser
reconsideradas para que se mantengan en la Secretaría de Gobernación.
A su vez, el
también priista Manuel Añorve consideró
como “excesivas” las atribuciones que se le otorgan a la Secretaría de
Hacienda, dependencia que concentrará las compras de todas las dependencias, y
podrá designar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas y de
Finanzas de todas las secretarías.
A nombre del
PAN, Nadia Navarro cuestionó la
estructura “hiper concentrada” para crear los “súper delegados” estatales.
Advirtió que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad para
eliminar esta figura, establecida en el nuevo artículo 17 de la LOAPF.
La discusión
en lo particular se prolongará durante toda la noche de este 22 de noviembre, y
se espera que la próxima semana la Cámara de Diputados realice las
modificaciones acordadas en el Senado.
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