Con el apoyo de toda la bancada de
Morena y tras la protesta de organizaciones ciudadanas y especialistas en
derecho a la información, se retiró de la fracción VII del artículo 27 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) la frase que le
otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de “proveer el servicio de
radiodifusión pública digital a nivel nacional”.
“Proveer es una palabra que no
queremos, ni pensamos ni deseamos esta potestad”, afirmó el coordinador de
Morena, Ricardo Monreal, y propuso que se elimine esta frase y regresar “a la
redacción original de la iniciativa” aprobada por la Cámara de Diputados. Con esta modificación,
la LOAPF retorna a San Lázaro.
La posición
de Monreal y de Morena se adelantó a la de una larga lista de 20 oradores del
PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano que habían presentado reservas a este
precepto, que denunciaron como un intento de “control antidemocrático” hacia
los medios públicos mexicanos.
“Después de los casos tan
controvertidos como la llamada Ley Televisa, la Ley Chayote, en episodios
distintos, o los actos reprobables de censura contra Carmen Aristegui o José
Gutiérrez Vivó, de tantos reporteros, comentaristas, titulares de noticiarios
de provincia que han sido cesados por atreverse a cuestionar, a criticar a
determinado personaje de la vida pública y privada, que impactan en sus
derechos de audiencias… nos preguntamos cuál debe ser el objetivo del nuevo
gobierno y de la Secretaría de Gobernación para establecer una relación franca,
sana y libre con los medios convencionales y digitales, bajo un nuevo enfoque
social, bajo un nuevo enfoque cultural basado fundamentalmente en la libre
expresión”,
argumentó Monreal.
El político
zacatecano afirmó que la reserva
presentada “es para dejar claro que las atribuciones de la Secretaría de
Gobernación no se van a alterar” y que “los medios públicos de radio y
televisión, por su naturaleza, por su objetivo, como están a cargo del Estado,
siempre han buscado que sus contenidos sean preponderantemente educativos, de
valores cívicos, de formación ciudadana, de profundo respeto a los valores, a
la nación”.
Monreal admitió que el dictamen original “se
modificó para establecer, con mucha preocupación para los medios, para los
articulistas, para columnistas, para periodistas prestigiados y destacados, se
alteró y se estableció una facultad a la Secretaría que altera el propósito
fundamental para que la Secretaría de Gobernación pudiera tener esta potestad
que nosotros no queremos, ni pensamos ni deseamos”.
La posición
de Monreal fue avalada por la exministra y senadora Olga Sánchez Cordero, por
el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, por el presidente de la
Comisión de Radio y Televisión, José Antonio Álvarez Lima, exdirector de
Imevisión en el sexenio salinista.
Álvarez Lima
destacó que en Morena “se escuchan” las críticas y los reclamos de la sociedad
civil y reconoció el esfuerzo de las organizaciones y de los especialistas que
destacaron esta modificación preocupante.
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