El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), José Luis Vargas,
rechazó que su propuesta para anular la elección de Puebla haya sido por
presiones por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que el domingo
por la noche hizo público el proyecto de resolución de las impugnaciones sobre
los comicios del pasado 1 de julio, aseguró que la intención de difundir su
determinación es precisamente evitar cualquier tipo de presión e injerencia.
En entrevista, fue
cuestionado respecto a si la decisión de proponer a los demás magistrados la
nulidad de la elección obedece a la presión por parte de la nueva
administración federal, emanada del partido Morena, que presentó la impugnación
en contra del triunfo de la panista Martha Erika Alonso.
Al respecto, el
magistrado ponente comentó que no ha sido objeto de presiones y que no ha
tenido contacto con los miembros del nuevo Gobierno, al grado que ni siquiera
fue invitado a la toma de protesta de López Obrador.
“Ni siquiera fuimos
convocados a la toma de protesta, entonces usted dígame dónde va a estar la
presión, es decir, no hay tal cosa, yo no he tenido mayor vínculo con los
nuevos actores del Gobierno, hemos recibido en una ocasión a la ministra Olga
Sánchez Cordero, que fue a visitarnos a la Sala Superior en una plática
totalmente abierta y en su rol en ese entonces de futura secretaria de
Gobernación, y más allá no hemos tenido mayor contacto, así que es una decisión
que yo tomo con absoluta convicción del caso y a veces les toca a unos ganar, a
otros perder”,
explicó.
Vargas comentó que
incluso hay varias similitudes en la elección de Puebla con la de Monterrey,
que también fue anulada.
“Es un problema en la
cadena de custodia, la autoridad electoral fue omisa en torno al cuidado de las
actas y los paquetes, encontramos evidencia donde no estuvieron resguardados,
donde no fueron convocados los partidos políticos, más de 50 ocasiones que se
abrió la bodega, donde no contaron con las medidas de seguridad y entonces
cuando nosotros ordenamos el recuento hace unas semanas, eso básicamente ya
había ocurrido, no hubo ese deber de cuidado y básicamente eso afecta la
certeza del proceso en mi punto de vista y es por eso que estoy proponiendo la
anulación”, detalló.
El magistrado electoral
explicó que de ser aprobado su proyecto de resolución, la elección se
realizaría en un periodo de 60 días a partir de la notificación, por lo que
podría llevarse a cabo a principios de febrero y le correspondería al Instituto
Nacional Electoral (INE) su organización, porque se plantea la remoción de los
consejeros locales, aunque el financiamiento correría a cargo del Gobierno
estatal.
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