Más de 2 mil empleados de la
judicatura, entre ellos 600 magistrados, han promovido juicios de amparo en
contra de la reforma a los artículos 75 y 127 de la Constitución impulsada por
el Presidente Andrés Manuel López Obrador que propone que ninguna persona
dentro de la administración pública gane más que el jefe del Ejecutivo.
De acuerdo
con el diario El País, los funcionarios
han impugnado las normas generales pues las consideran violatorias a los
derechos humanos, además, afirman, la reforma es contraria al orden
constitucional.
“El Poder Judicial goza de autonomía
para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al
escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados
federales”, afirma una demanda, de la que El País tiene una copia y que difunde en un
reportaje que titula “El poder judicial, en pie de guerra ante López Obrador” y
firma Luis Pablo Beauregard.
Como parte
de las medidas de austeridad anunciadas por el nuevo Gobierno, el Presidente
López Obrador recortó en un 40 por ciento su sueldo y lo fijó en 108 mil pesos
mensuales para que ningún servidos público pudiera ganar más que él.
Al conocer la medida, diversos
magistrados de todo el país expresaron su inconformidad e iniciaron procesos
legales para que su sueldo no viera afectado a partir del 1 de enero, fecha en
la que entra en vigor el presupuesto 2019.
La
magistrada Sonia Rojas, de Sinaloa, fue
una de las primeras personas en promover un amparo. Su demanda fue aceptada en
un tribunal.
Según El
País, hasta el pasado viernes 30 de
noviembre se habían promovido 440 juicios que incluyen a 2 mil 94 quejosos,
entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Se estima que la cifra
aumentará entre los mil 429 puestos más altos de la judicatura: ministros de la
Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y
magistrados electorales.
Los demandantes piden a los jueces de
distrito que se declaren impedidos y pidieron a los Tribunales Colegiados que
soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso
para ponderar la constitucionalidad de la reforma.
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