Por Ezequiel
Flores Contreras.
Los grupos armados que operan en la
Sierra y las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente, vinculados por el
gobierno de Héctor Astudillo Flores con el narco, lanzaron un reto al Estado
mexicano al anunciar que no van a deponer las armas, tampoco se replegarán de
las comunidades que mantienen tomadas y advirtieron que van a detener al obispo
de la diócesis Chilpancingo – Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.
De acuerdo
con una nota publicada en la edición de este día del periódico El Sur, el grupo armado de Tlacotepec que dirige
Humberto Moreno Catalán –primo del actual secretario de Desarrollo Social
estatal, Mario Moreno Arcos– anunció que el prelado católico “será detenido”
porque lo acusan de asumir una actitud parcial en el conflicto de los
desplazados de la sierra y lo vinculan con el bando antagónico de Chichihualco.
Además, advirtieron que no se van a retirar de los
poblados del municipio de Leonardo Bravo que mantienen tomados desde el mes
pasado.
Mientras, los líderes de la
autodefensa de la Costa Grande y Tierra Caliente, recién surgida en el
municipio de Tecpan de Galeana, expresaron su rechazo a deponer las armas y
anunciaron que van a instalar retenes sobre la carretera federal que conecta
los balnearios de Acapulco y Zihuatanejo, así como en la franja serrana de
Petatlán como parte de su confrontación con la banda denominada Guardia
Guerrerense por el control de esta plaza emblemática en la geografía del narco
en la entidad.
Al respecto,
Astudillo admitió en una entrevista con
el diario local El Sur que el gobierno estatal no cuenta con suficientes
policías para impedir enfrentamientos entre los grupos de civiles armados y
dijo que espera la creación de la Guardia Nacional, anunciada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Las policías comunitarias
representan y defienden intereses muy locales (…) su motivación principal no es
cuidar a la generalidad, sino intereses particulares en el lugar donde se mueven.
A todos los tenemos identificados, sabemos en cada aparición, quién las mueve,
quién está atrás”,
afirmó Astudillo.
“Estamos en un proceso de
construcción de la Guardia Nacional, que está en manos del Congreso federal y
en una semana se definirá. Conforme salga la Guardia Nacional, seguramente se
notará, pero a nadie se le ordenará realizar acciones drásticas como lo dice el
presidente, pero sí con un mayor número de elementos podrán actuar en el
estado, porque con lo que tenemos de la Policía de Estado, no nos es posible
actuar cuando se nos arman 200 o 300 gentes”.
En tanto, el
vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, que
aglutina al grupo armado de Tlacotepec, Salvador Alanís, acusó al obispo católico Salvador Rangel de asumir una postura parcial
en el conflicto de la Sierra y de tener nexos con el bando antagónico de
Chichihualco.
Alanís aseguró que tienen evidencias de que el
prelado “se ha reunido con líderes de la delincuencia y no precisamente para
buscar una tregua, esa es una pantalla. Específicamente se ha sentado a
convivir con el líder criminal de Chichihualco y sabemos que le dan prebendas
monetarias”, sentenció en la entrevista con el periódico local.
Exigió al gobierno de Astudillo que
detenga a Rangel Mendoza por su presunta complicidad y nexos con el narco.
Relató que en una asamblea
comunitaria se planteó la posibilidad de detenerlo y acusarlo por sus nexos con
la delincuencia, aunque luego se acordó solicitar una mesa de trabajo con el
gobierno para pedirle que sea puesto a disposición de las autoridades por sus
presuntos vínculos con líderes de la delincuencia. “Pero si no lo detienen las
autoridades, lo vamos a detener nosotros para llevarlo a un proceso de
reeducación”,
expresó el vocero del grupo armado de Tlacotepec.
La postura del frente que aglutina
grupos armados de Tlacotepec, Apaxtla, Teloloapan y Tlapa se dio luego de que
el obispo católico declaró que los civiles armados que irrumpieron en los
poblados del municipio de Leonardo Bravo son sicarios al servicio del narco.
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