El gobierno de Enrique Peña Nieto
informó en sus respuestas a los grupos parlamentarios con motivo del Sexto
Informe que por el caso de La Estafa Maestra han sido sancionados 17
funcionarios, y “14 más se encuentran sujetos a procedimiento administrativo”.
En la Gaceta de la Cámara de
Diputados fueron publicadas este martes las respuestas de la administración de
Peña Nieto, que culminó el 30 de noviembre.
Respecto a
una pregunta de Morena, sobre omisiones
y hechos de corrupción, se detalló que en el caso de La Estafa Maestra la
Secretaría de la Función Pública ha investigado a 87 servidores públicos de
diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social,
Banobras, FOVISSSTE, SCT, Secretaría de Economía, las secretarías de
Agricultura y Educación, y el Registro Agrario Nacional de Sedatu.
“En el caso
de Estafa Maestra, se están integrando
diversas indagatorias. De las pruebas o datos de prueba que se recaben por la
PGR, se estará en posibilidades de realizar la consignación y/o de formular
imputación de las personas que el órgano de fiscalización señaló como probables
responsables, y de aquellas de las que la investigación permita acreditar su
participación en los hechos que la ley califica como delito”, indicó el
gobierno de Peña Nieto, en este caso en su respuesta a senadores de Morena, sin
detallar los nombres de los funcionarios castigados o investigados.
“Sedesol es una dependencia
constantemente evaluada y auditada, además la más observada por la sociedad
civil. En todo momento, Sedesol ha colaborado con las autoridades competentes,
entregando la información y documentación que obra en los archivos de la
Secretaría”, agregó.
Hasta
septiembre pasado, se tenía la cifra de
11 funcionarios sancionados por la Estafa Maestra, un esquema de presuntos
desvíos que involucró al menos 7 mil 600 millones de pesos de recursos públicos
y a 11 dependencias del gobierno federal.
En la investigación periodística
fueron identificados al menos 11 funcionarios implicados. Entre los
sancionados, no había ningún titular de las 11 dependencias involucradas en los
desvíos millonarios.
En la
respuesta a la pregunta sobre corrupción, planteada por Morena, el gobierno de Peña Nieto indicó también
que en el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca -por el que murieron
dos personas- se abrieron un total de 36 expedientes, “que culminaron en 24
procedimientos administrativos iniciados contra servidores públicos adscritos a
la SCT y a la Conagua”.
Derivado de
dichos procedimientos, se detalló, se
impusieron sanciones a 8 servidores públicos que estuvieron involucrados en más
de un expediente; 7 adscritos a la SCT y 1 a la CONAGUA.
“Las sanciones impuestas son
destituciones y suspensiones del empleo que van de 10 días a 1 año e
inhabilitaciones para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público por periodos de 3 meses a 10 años”.
Gobierno de
EPN reconoce fallas contra la corrupción.
La administración de Peña Nieto
reconoció cuáles son los principales “problemas” o deficiencias que tuvo “para
la detección de las dimensiones” de hechos de corrupción en México, ante la
pregunta de Morena: “¿Qué falló, para no darse cuenta de las dimensiones que la
corrupción estaba alcanzando en este sexenio?”
La primera
de ellas indicó la administración de Peña Nieto, fue la “ineficiencia de los mecanismos de detección” de hechos de
corrupción y faltas administrativas.
“En el ámbito del control interno, la
identificación de irregularidades es problemática, dado que los encargados de
dirigir dicha tarea -los Titulares de los Órganos Internos de Control y
Unidades de Responsabilidades- en ocasiones tienen una alta rotación o carecen
de las suficientes capacidades técnicas necesarias.
En el ámbito de control externo, la
tarea de detección es difícil dado que el personal auditor tampoco cuenta con
información en tiempo real, con la suficiente profesionalización necesaria para
el desempeño de sus funciones y existe aún poca claridad sobre los objetivos y
alcances del SNF (Sistema Nacional de Fiscalización)”, señaló el gobierno de
Peña Nieto.
Otra de las problemáticas en el
combate a la corrupción, agregó, son los “ineficientes incentivos y cultura
para la denuncia. Las personas no denuncian actos de corrupción, porque
consideran que la denuncia no haría ninguna diferencia, tienen miedo a las
consecuencias o no saben dónde denunciar dichos actos. La falta de denuncia
genera, a su vez, que las autoridades no tengan información para investigar e
identificar irregularidades”.
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