¿De quién es Proceso?

Por Francisco Ortiz Pinchetti.

Julio Scherer Ibarra, asesor jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, renunció “por congruencia” al consejo de administración de la empresa editora del semanario Proceso. Su dimisión revive el tema de la propiedad de esa publicación fundada en 1976 por su padre, Julio Scherer García, al frente de un nutrido grupo de ex cooperativistas de Excélsior expulsados del periódico meses atrás por un golpe perpetrado desde la Presidencia de la Republica durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Scherer Ibarra escribió una carta dirigida “a los lectores de Proceso” y publicada por la revista en su más reciente edición. Pone en ella que dado su actual cargo en el gobierno federal y “en congruencia con los valores irrevocables del periodismo independiente y la absoluta libertad que definen a Proceso, he decidido separarme de su Consejo de Administración”.

La verdad es que en congruencia con el origen y la naturaleza de esa publicación Julito, como se le conoce en el medio, nunca debió formar parte de su Consejo ni detentar acción alguna.

De hecho, el asunto de la propiedad de la empresa Comunicación e Información, S.A. de C.V. (CISA) –sobre todo ante la inminencia de su retiro simultáneo ocurrido en 1996— fue preocupación permanente del propio Scherer García, de Enrique Maza SJ y sobre todo de Vicente Leñero Otero. La realidad es que ni ellos ni ninguno de quienes fundamos el semanario y asumimos el compromiso original de nuestra causa hicimos aportación económica alguna.

Más de una vez me habló Vicente del riesgo de perder ese espíritu original y caer en una rebatiña de intereses económicos. Temía un agandalle y no descartaba una posible traición a los principios. “No hay ningún documento escrito que consigne la verdadera naturaleza de la empresa, de la que nadie de nosotros es dueño”, me decía. Y fue uno de sus afanes prioritarios durante meses conseguir la elaboración y firma de ese documento. Él concibió la idea, convenció a Scherer García de su conveniencia y redactó personalmente el texto que finalmente firmaron los ocho integrantes en ese entonces del Consejo de Administración.

El mismo Leñero la leyó el viernes 4 de noviembre de 1994 ante todo el personal de CISA (tanto el área periodística como la administrativa), durante una reunión efectuada en el salón de usos múltiples de nuestro edificio administrativo de Fresas 7. La Carta, como le llamamos, resultó a la postre un invaluable legado del destacado novelista y dramaturgo, subdirector del semanario. Este es el texto íntegro de ese documento, que aclara a cabalidad el tema de la propiedad de Proceso:

Nunca será admisible olvidar el origen. Nuestra revista Proceso y nuestra agencia CISA (Comunicación e Información, S.A. de C.V.)  nacieron a raíz de un atentado. Fueron más bien la respuesta a un atentado contra la libertad periodística.

Cuando en julio de 1976 el gobierno de Luis Echeverría, valiéndose de un grupo de ambiciosos consiguió expulsar del periódico al director general de Excélsior, algunos de los trabajadores que salimos con él –convencidos de que el ataque al director nos involucraba a todos los que creíamos en la independencia y en la libertad del diario – decidimos fundar un semanario y una empresa periodística donde pudiéramos seguir ejerciendo nuestro oficio.

Económicamente partimos de cero. Sólo teníamos lo que desde entonces hemos llamado una causa: la de desarrollar hasta sus últimas consecuencias esa libertad y esa independencia –al margen de todo compromiso partidario,  político, económico, personal–  sin las cuales el periodismo no puede manifestarse plenamente.

Una convocatoria pública y las aportaciones morales monetarias de muchos simpatizantes, permitieron reunir el capital básico de la empresa que bajo la orientación del licenciado Jorge Barrera Graf fue dividido –de acuerdo con las disposiciones legales de una sociedad anónima—  en acciones preferentes de la serie A y en acciones comunes de la serie B.

La posesión mayoritaria de esas acciones que irían creciendo con el tiempo dejaría el control de la empresa en manos de un consejo de administración. Según el plan original, sus integrantes tendrían el compromiso de marcar el rumbo de las actividades, defender el proyecto de posibles infiltraciones o traiciones, y mantener sobre todo el espíritu de nuestra tarea común.

Dado que ninguno de los miembros del grupo había aportado dinero propio de ese capital –o si lo había hecho fue con el espíritu de una donación— ninguno debería sentirse dueño personal de las acciones. El capital pertenecía y sigue perteneciendo desde entonces a todos los trabajadores en activo de la empresa, independientemente de su cargo. Ser poseedor mayoritario de acciones A y acciones B sólo ha significado –independientemente de lo que representan como valor monetario ante la ley— ejercer una tarea de custodia del capital que encarna nuestra causa. La causa es lo único que vale.

Así se entendió en un principio y desde entonces los poseedores mayoritarios de acciones, casi todos miembros del consejo de administración, de CISA y Editorial Esfuerzo— empresa derivada de la primera pero formalmente independiente–, se comprometieron a renunciar a los derechos económicos que nominalmente poseían, cuando decidieran por cualesquiera razones renunciar a la empresa.

Varios poseedores mayoritarios de acciones fueron renunciando a lo largo del camino y al irse no objetaron ser fieles al compromiso inicial: sin alegar derechos, transfirieron “sus” acciones al consejo, y el consejo las asignó a nuevos miembros que se comprometieron a mantener el espíritu original y actuar de igual manera en caso de una renuncia personal.

Eso se ha hecho en el transcurso de una breve historia y eso se continuará haciendo mientras existan Proceso, CISA y Editorial Esfuerzo.

Esta carta tiene por objeto confirmar, por escrito, el compromiso inicial. Quienes la suscribimos, en nuestro carácter de poseedores mayoritarios de acciones A y B, estamos convencidos de que la causa que anima nuestra tarea periodística parte de un absoluto desinterés económico personal. El futuro económico de CISA y Editorial Esfuerzo es un futuro económico para todos, no para unos cuantos. Se traduce mensualmente, y con eso basta, a través de un salario que nos empeñamos en que sea justo.  El capital pertenece a los trabajadores en activo, y si algún día –en un caso extremo— nuestras empresas tuvieran que clausurarse, ese capital se repartiría proporcionalmente de acuerdo con el sueldo entre el conjunto de los trabajadores de las áreas periodísticas y de administración.

A eso nos comprometemos al firmar esta carta. Y a eso se comprometerán quienes en el futuro se vayan incorporando a este consejo de administración que pretende definir y defender el espíritu original de nuestro trabajo.

Más que un documento legal, este escrito es un documento moral. Un pacto entre nosotros mismos. Una decisión animada por lo que ha sido y quiere seguir siendo el espíritu de la empresa: servicio periodístico para la comunidad y satisfacción íntima por ejercer el oficio que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra carrera en Proceso.

México, noviembre de 1994.

Julio Scherer García, Vicente Leñero, Enrique Sánchez España, Enrique Maza, Rafael Rodríguez Castañeda, Carlos Marín, Froylán M. López Narváez y Elena Guerra (firmas).

A lo largo de los años, la transmisión de las acciones se cumplió cabalmente conforme al acuerdo. Por ejemplo, cuando el también fundador Miguel Ángel Granados Chapa dejó la dirección-gerencia, devolvió las acciones que tenía en custodia, las que le fueron asignadas al reportero José Reveles Morado.  Y cuando Pepe renunció al semanario, entregó los documentos que le fueron encomendados. Y así sucesivamente.

Julio Scherer Ibarra no ha trabajado nunca en Proceso. Durante algún tiempo dio una asesoría externa a la empresa, pero jamás apareció en su nómina. A la muerte de su padre, acaecida el 7 de enero de 2015, Julito “heredó” sus acciones y se convirtió en presidente del Consejo de Administración de CISA.  Conforme al pacto moral original –reiterado en La Carta a 18 años de la fundación—, sin embargo, las acciones no son heredables. Seguramente el hijo de nuestro fundador pudo esgrimir argumentos jurídicos, válidos legalmente.  Moralmente, no. Nunca será admisible olvidar el origen, Vicente querido.