Desplazados por catástrofes y pobreza en Guerrero son desalojados con máquinas.

Habitantes de los municipios Cochoapa y Metlatónoc, del sureño estado de Guerrero decidieron abandonar su lugar de origen el año pasado en busca de la supervivencia: las tormentas ‘Manuel’ e ‘Ingrid’ azotaron sus tierras en 2013 y con los años se volvieron inutilizables. Esto los llevó lentamente a una pobreza alimentaria que ya estaba cobrando las vidas de sus hijos pequeños, por lo que se desplazaron a Tlapa.

En la colonia Las Mesas, de ese municipio, encontraron un terreno baldío donde se asentaron el 20 de noviembre, pero dos días después apareció un apoderado legal del predio pidiéndoles que lo abandonaran. Llegaron a un acuerdo con él y les otorgó un plazo de dos meses para irse, sin embargo, este domingo acudió con retroexcavadoras y un camión de volteo para desalojarlos, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los afectados son alrededor de 200 indígenas Na Savi (mixtecos), entre mujeres, hombres y niños que intentaron impedir el desalojo y se enfrentaron con 12 personas que iban con el rostro cubierto y machete en mano destrozando todo a su paso. Del zafarrancho resultaron por lo menos 10 personas heridas, entre ellas tres embarazadas. La señora Florentina Vázquez fue golpeada hasta el desmayo y tuvo que ser trasladada al hospital regional de Tlapa, de acuerdo con la organización.

“A las 08:30 estábamos donde vivíamos, llegaron dos máquinas y dos carros de volteo, con unos 10 trabajadores. Empezaron a tirar las casitas, quitaron las lonas, rompieron las mallas de sombra, cobijas, todo lo echaron a la basura. Los polines para hacer las casitas se los llevaron, los sombreros de palma, gallinas, guajolotes, maíz (…) Esto paró como hasta las 3 de la tarde”, relató a Animal Político Benito Sánchez, una de las personas desplazadas.

Un comunicado del Centro refiere que ocho elementos de la policía preventiva municipal acudieron al lugar pero no intervinieron, “la gente comenta que los mismos policías municipales apoyaron las acciones realizadas por el apoderado legal y las personas encargadas del desalojo violento”, agrega el texto.

El equipo de Comunicación del Tlachinollan explicó que el abogado Constancio Sánchez es apoderado legal del terreno y familiar de la propietaria (que ya falleció), y en esa calidad otorgó a las 200 personas desplazadas permiso para permanecer en ese lugar mientras solicitaban apoyo a las autoridades para establecerse en otro. Incluso, las familias le pidieron oportunidad de gestionar algún apoyo para comprarle el predio, con lo cual estuvo de acuerdo y cedió la autorización.

Aunque el acuerdo era de dos meses -que se cumplirían el 22 de enero- el abogado acudió a desalojarlos la mañana del día 13 de manera violenta y sin posibilidad de diálogo, dijo Isael Rosales, del Centro de Derechos Humanos.

Aurelia López, otra de las personas desalojadas, asegura que desde que llegaron a Tlapa solicitaron apoyo al presidente municipal, Dionicio Pichardo, sin éxito. “Ninguna autoridad se ha dignado en visitarnos y escucharnos, solo el Ministerio Público, la policía preventiva, estatal y los ministeriales que sólo han llegado para intimidarnos e integrar carpetas de investigación para llevarnos a la cárcel”, relató la afectada.

Rosales agregó que el pasado 11 de enero entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta solicitándole apoyo para resolver su situación, aprovechando su visita al municipio de Tlapa para presentar el programa de Pensión para Adultos Mayores. Este medio solicitó una postura al alcalde pero hasta el momento no ha recibido respuesta

La pobreza extrema expulsó a este grupo de 200 personas de sus poblados en los municipios guerrerenses de Metlatónoc y Cochoapan, ambos considerados como los más pobres de México en distintos años. En 2013, las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ cayeron sobre Guerrero empeorando la situación de estas poblaciones, que aseguran no haber recibido apoyos oficiales en ningún momento, pese a la emergencia.

La señora Nieve Mendoza contó al Tlachinollan que desde esas fechas han intentado instalar viviendas y han buscado otros modos de supervivencia porque sus tierras quedaron devastadas por los fenómenos naturales; incluso han migrado a los campos agrícolas de Sinaloa, pero no han logrado recuperarse.

“Nuestros cultivos no se dieron, las tierras que sembramos no producen, nuestras viviendas están en condiciones indignas. Nuestros hijos mueren de vómito y diarrea por falta de atención médica y nuestros hijos e hijas no van a la escuela por falta de maestros”, contó Mendoza.

El más reciente intento de este grupo por sobrevivir fue desplazarse a Tlapa, donde encontraron el baldío y se instalaron con lonas, sogas, colchones que les fueron donando y préstamos de algunos familiares, cuenta el señor Benito Sánchez. Uno de ellos tenía dinero en efectivo en el campamento y lo perdió tras el desalojo, en el que los agresores prendieron fuego a los restos de sus pertenencias.

Los desplazados relataron para este medio que antes del desalojo hubo varios encuentros con el representante legal, en un tono cordial al principio e incluso con la posibilidad de que reunieran dinero suficiente para comprarle el terreno, y les permitió permanecer en él mientras lo conseguían o alguna autoridad les brindaba algún apoyo. “Él mismo nos sugirió que nos acercáramos al presidente el día 11 de enero”, aseguraron.

Después de eso, según su testimonio, el apoderado legal acudió al predio, les dijo que tenía fotografías y nombres de quienes encabezaron la ocupación y los exhortó a retirarse. “Ya no les digo más porque de buena onda les estoy hablando bien. De ahora ya no sé si les pasa algo y ya no los quiero ver aquí así es que retírense”, aseguran que les dijo Constancio Sánchez. Al día siguiente aparecieron las máquinas.

Ante esta situación, los desplazados de Cochoapa el Grande y Metlatónoc fueron recibidos en un refugio, sin embargo piden el cese de las agresiones y que la autoridad de Tlapa garantice su seguridad ante posibles represalias posteriores. Solicitan asimismo la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para generar condiciones dignas “y que se busquen alternativas para la compra de un terreno” dónde reubicarlos.