La Cámara de Diputados
prevé realizar al menos cuatro cambios importantes al dictamen aprobado en diciembre
sobre Guardia Nacional, con el objetivo de atender algunas de las críticas y
observaciones vertidas por servidores públicos y expertos durante las
audiencias públicas que se llevaron a cabo la semana pasada, y conseguir el
consenso suficiente para que la misma sea aprobada.
De acuerdo con legisladores que participaron en las
audiencias, entre los cambios que serán
impulsados por Morena y sus aliados (fuerza mayoritaria en el Congreso) se
encuentra el ya anunciado relacionado con el mando civil, pero además se prevé
modificar mecanismos de intervención que originalmente se habían propuesto en
los municipios, así como la posibilidad de fortalecer el mecanismo de control
legislativo sobre la nueva fuerza.
Por otro lado, y pese a
las críticas de especialistas y organismos de derechos humanos, los diputados
de la coalición mayoritaria esperan mantener algunas medidas ya establecidas en
el dictamen, entre ellas la capacidad de investigación que tendrá la Guardia
Nacional, así como su formación y administración en el ámbito de la Defensa
Nacional.
A partir de la información proporcionada por los diputados
que participaron en las audiencias, se
detallan a continuación los cambios que presentarán legisladores de Morena y
sus aliados, y que, por tanto, cuentan con mayor probabilidad de ser aprobados.
También se detallan aspectos que no se prevén modificar del dictamen.
Dado que el dictamen ya
fue aprobado en comisiones en diciembre pasado, estos cambios serán presentados
como reservas de modificación al referido documento. Legisladores de oposición
como la diputada Martha Tagle destacaron la necesidad de que las propuestas de
cambios se transparenten antes de su discusión en el pleno, en el periodo
extraordinario que inicia el 16 de enero.
Los cambios que vienen.
Mando civil.
El que la Guardia
Nacional opere bajo la dirección de un mando civil es una determinación que, en
realidad, ya estaba plasmada en el dictamen de la reforma constitucional
aprobado en comisiones en diciembre pasado.
Ello quedó establecido
en el artículo 21 constitucional cuya redacción, ya reformada, indica que la
Guardia estará adscrita a la dependencia del ramo de seguridad (es decir a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana) la cual se hará cargo de la “plantación,
programación y ejecución” de sus funciones. Agrega además que la Guardia
también estará adscrita a la Defensa Nacional, pero solo en cuanto a temas de
formación y reclutamiento.
Esto coincide
plenamente con lo propuesto por el gobierno federal en la audiencia del viernes
pasado. El problema es que el artículo 5to transitorio del dictamen aprobado en
diciembre postergaba hasta cinco años la adscripción de la Guardia al ramo de
seguridad en cuanto a la ejecución de sus funciones, y lo trasladaba a la
Defensa Nacional, bajo el argumento de la situación de “emergencia” en que se
encuentra el país. Es decir, el dictamen establecía un régimen de excepción en
sus transitorios que postergaba el funcionamiento del mando civil.
Lo que ahora se
propondrá al pleno de la Cámara de Diputados es la eliminación del artículo 5to
transitorio, para que la Guardia tenga el mando civil planteado en la reforma
desde el día uno de su entrada en funcionamiento.
Los legisladores indicaron
además que se está revisando la redacción del artículo 21 en cuanto a la doble
adscripción de la Guardia Nacional, luego de que en las audiencias de la semana
pasada se expresara que ello genera ambigüedades y posibles confusiones.
Marcha atrás a sanciones.
De acuerdo con el artículo 7mo transitorio del dictamen
aprobado en diciembre, los gobiernos
locales que hayan recibido el apoyo de la Guardia y aun con ello no cumplan con
desarrollar instituciones policiales propias que puedan desarrollar
adecuadamente su función, podrían ser sancionados económicamente, al
descontárseles los recursos federales que se les asignen periódicamente para
temas de seguridad pública.
El diagnóstico y
evaluación de las policías en cuestión estaría a cargo del denominado “Consejo
de Seguridad Interior”.
Lo que se va a proponer
en el periodo extraordinario, de acuerdo con los legisladores consultados, es
eliminar todo lo que dice el párrafo referido. Ello luego de que los alcaldes,
gobernadores y diputados de oposición advirtieron en las audiencias que está
medida atentaba contra el federalismo y trastocaba la soberanía de las
entidades federativas, que ya de por sí reciben una fracción del dinero que
generan y mandan al gobierno federal.
Otro problema que tiene
este párrafo del transitorio y por el cual se buscará su modificación o
eliminación, es que el denominado “Consejo de Seguridad Interior” que se alude
para evaluar a las policías locales no existe actualmente. Dicha función
tendría que recaer en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mayores controles.
El dictamen aprobado reforma
el artículo 76 de la Constitución para que el Senado tenga, entre sus
atribuciones, la revisión del informe anual de actividades que el Ejecutivo
proporcione respecto a la Guardia Nacional.
Lo que los legisladores
prevén ahora es cambiar está redacción o, en su caso, incluir nuevos párrafos
en el mismo o en el régimen transitorio, con la finalidad de que el seguimiento
y control que realice el Legislativo respecto a la nueva fuerza de seguridad no
se limite solo al análisis de informe anual.
En las audiencias de seguridad realizadas con expertos se sugirió que las cámaras de Senadores y
Diputados tengan, por lo menos, la capacidad de requerir mayor información
sobre la Guardia al Ejecutivo en cualquier momento, y que se pueda citar a
comparecer a los responsables de la misma.
También se analiza si
es necesario hacer un nuevo cambio al artículo al artículo 73 constitucional,
para clarificar la facultad del Congreso de emitir las leyes complementarias a
Guardia, entre ellas la de uso proporcional de la fuerza.
Policía auxiliar fuera; ingresó a C5 a revisión.
El dictamen aprobado en diciembre establecía en el reformado
artículo 89 de la Constitución que el Poder Ejecutivo Federal tendría la facultad de reglamentar dos
cosas: a las fuerzas de policía auxiliares de las entidades federativas, y la
operación y conexión de los centros de monitoreo locales (que controlan las
cámaras de videovigilancia), conocidos como C4 o C5.
El cambio que se
buscará en el periodo extraordinario es eliminar la porción normativa
relacionada con las policías auxiliares. En las audiencias públicas
gobernadores y alcaldes advirtieron, de nueva cuenta, que esta regulación
atenta contra el federalismo y la soberanía de las entidades, al abrir la
posibilidad de intervención al poder federal en instituciones y estructuras
locales.
Los expertos que participaron en el debate subrayaron además que se trata de un tema
totalmente ajeno a la Guardia Nacional y que no tenía sentido incorporarlo como
parte de esta reforma. El diputado de Morena Pablo Gómez, quien promovió las
modificaciones a los transitorios en diciembre, se expresó a favor de retirar
del dictamen el apartado relacionado con los policías auxiliares, aunque
reiteró que es un tema que necesita ser regulado en algún momento.
En cuanto al manejo de
los centros de control C4 y C5, tema que de acuerdo con varios gobernadores y
alcaldes también es un exceso en las atribuciones que busca el gobierno
federal, los diputados analizan qué modificación es la que llevarán a cabo.
Esto luego de que en la audiencia del viernes el secretario de Seguridad Ciudadana
federal, Alfonso Durazo, pidió a los legisladores buscar la redacción más
adecuada pero mantener esta disposición, pues dijo que es urgente que los
centros de monitoreo de las entidades tengan comunicación entre ellos, y que a
su vez estén interconectados con Plataforma México, que es la base de datos
criminal del gobierno federal.
Lo que no se prevé modificar.
Varias disposiciones
más del dictamen de la Guardia Nacional aprobado en diciembre fueron duramente
criticadas por expertos y por organismos como los ONU y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. No obstante, no existe consenso en el grupo mayoritario
(Morena y sus aliados) para llevar a cabo modificaciones. Al menos hasta el
momento.
Entre lo que no se
prevé modificar se encuentra la disposición constitucional (artículo 21) para
que la Guardia Nacional sea reconocida como una nueva fuerza destinada a tareas
de seguridad pública, y que la misma pueda fungir como auxiliar del Ministerio
Público, otorgándole facultades para investigar delitos.
En un análisis técnico la Oficina de la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de la ONU y la CNDH advirtieron
que, de acuerdo con estándares internacionales, no es recomendable otorgar
facultad de investigación de delitos a una institución de corte militar. En las
audiencias el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, también se había
mostrado en contra de esta disposición.
Pese a ello, los
legisladores se inclinan a mantener dicha facultad pues consideran inútil crear
una fuerza de seguridad pública que no esté facultada para actuar en apoyo al
Ministerio Público.
Por esa misma razón, los
diputados tampoco prevén modificar la capacidad que el dictamen da a la Guardia
Nacional para intervenir en todos los delitos y no solo en los ilícitos del
fuero federal, como originalmente se había planteado.
Otro tema fuertemente
criticado en las audiencias públicas es el hecho de que los elementos de la
Guardia Nacional vayan a ser reclutados, formados y mantenidos por la
Secretaría de la Defensa Nacional. Distintos expertos y organizaciones
consideraron que eso puede generar confusiones en cuanto al mando, además de
que contribuye a la militarización de un cuerpo de seguridad pública.
Pero en este punto los
diputados no prevén ninguna modificación pues la intención central de Morena, y
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es contar con un nuevo
cuerpo policial que tengan disciplina y formación militar.
Ruta legislativa y dudas.
La ruta legislativa de esta reforma, de acuerdo a lo
explicado por el diputado Mario Delgado, quien es coordinador del grupo
parlamentario de Morena en San Lázaro, es la siguiente:
En el periodo
extraordinario que arranca el 16 de enero el pleno de la Cámara de Diputados
buscará aprobar el dictamen ya avalado en comisiones en diciembre. Todas las
modificaciones que se plantean se presentarán como reservas al mismo, para ser
aprobadas con voto particular. Cabe señalar que se requiere del apoyo de dos
terceras partes del pleno para que todo el dictamen se avale.
Una vez aprobada la
iniciativa de reforma constitucional se elaborará la minuta que se enviará al
Senado de la República para que, siguiendo el mismo procedimiento, se busque su
aprobación. Primero por las comisiones que lo analicen, y después por el pleno
de la Cámara Alta. Los senadores tendrán facultad para realizar las
modificaciones que consideren pertinentes.
Una vez que el dictamen
sea aprobado por las dos cámaras, el mismo será enviado a todos los congresos
estatales. Por tratarse de una reforma que modifica la Constitución y por ende
afecta a todo el país, se requerirá que más de la mitad de los poderes
legislativos locales de las entidades den su aval para la misma.
De concretarse lo
anterior, la reforma ya podrá ser promulgada por el Poder Ejecutivo Federal y
publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Cabe señalar que
distintos legisladores de oposición que participaron en las audiencias de la
semana pasada, así como expertos del colectivo ciudadano #SeguridadSinGuerra,
mantienen dudas importantes respecto al dictamen.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien
además ha llevado a la mesa varios de los posicionamientos del referido
colectivo, subrayó la necesidad de que
se transparenten los cambios que se pretenden hacer al dictamen, antes de que
se aborde su discusión en el pleno.
“Como estaba planteada
la Guardia Nacional no se garantizaba lo que los ciudadanos exigen. De ahí lo
valioso de las audiencias. Ahora tenemos un reto importante de cara a la
dictaminación y aprobación en el pleno. Esperamos que antes de llegar a la
votación podamos conocer las propuestas de reserva a la modificación del
dictamen, para ver si en efecto se cumplen con los parámetros que la sociedad
civil organizada y los especialistas consideraron para que se garantice la
seguridad, pero se respeten a su vez los derechos humanos”, declaró la legisladora.
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