Insuficientes recursos para programas sociales.

Georgina Morett.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sin duda se convirtió en uno de los programas sociales con mejor respuesta de la ciudadanía, a tal grado que casi de inmediato fue replicada por gobiernos panistas y priistas.

Ahora será uno de los programas fundamentales del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien le dio un giro fundamental al aumentar los recursos que se entregarán a los beneficiarios a poco más del doble y darle carácter de universal, ya que antes excluía a quienes ya recibían una pensión, por exigua que fuera.

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se señala que la pensión “que también lo recibirán los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro Social, coadyuvando a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, dado el grado de vulnerabilidad que enfrenta esta población”.

Y se explica que se busca proporcionar a las personas indígenas adultas mayores de 65 años o más y a la población no indígena adulta mayor de 68 años o más, una pensión no contributiva como piso mínimo solidario por un monto mensual de mil 274.6 pesos.

Los recursos para dicha pensión de acuerdo con el PEF ascienden a 100 mil millones de pesos; sin embargo, hay un pequeño problema, ya que si tomamos las cifras que dio a conocer el Presidente de la República, tenemos que son 8 millones 500 mil adultos mayores que recibirán la pensión, las cuales coinciden con las del INEGI, lo cual, multiplicado por el monto para cada uno de ellos y por los 12 meses, nos da un total de 130 mil 9 millones 200 mil pesos.

Por lo que faltan poco más de 30 mil millones para pagar estas pensiones en 2019.

Y la misma situación se presenta en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que de acuerdo con la exposición de motivos cuenta con un presupuesto de 7 mil millones de pesos.

Este programa busca “mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente, que viven en los municipios indígenas, de alta y muy alta marginación, en situación de pobreza extrema y zonas urbanas pobres, a quienes se les otorgará un apoyo igual que a los beneficiarios inscritos en el programa de adultos mayores”.

Lo cual es una excelente noticia, ya que, de acuerdo con la ONU, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo y registran las tasas de pobreza más altas. Además de que considera que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos.

Este programa está previsto para un millón de personas, quienes recibirán mil 274.6 pesos mensuales, que, multiplicado por 12 meses, nos da un total de 15 mil 295 millones 200 mil pesos.

Lo cual es poco más del doble de lo que se tiene presupuestado. Esperemos que esta situación no impacte a las finanzas públicas.

En medio de la crisis del desabasto de gasolina y la lucha contra el huachicol, las investigaciones sobre el accidente aéreo en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más pasaron a segundo término. Tras 12 días sin hablar del tema, los panistas exigieron al gobierno federal que dé a conocer los avances en la investigación en torno a la caída del helicóptero.

Además esperan que se mantenga la cortesía de que el gobernador interino sea de su partido que fue el que ganó la elección de julio pasado; sin embargo, hasta ahora no han tenido un mínimo acuerdo al respecto con los diputados de Morena que son mayoría en el Congreso local.