Trece días antes de que el gobierno
federal lanzara una estrategia para combatir el robo de combustible y la
corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), en el piso 44 de la Torre Ejecutiva
de la empresa productiva del Estado su Consejo de Administración –que presiden
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Secretaría de
Hacienda, Carlos Urzúa– aprobó los nombramientos de los directivos de las
subsidiarias.
Entre ellos hay personajes vinculados con escándalos
como la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, y funcionarios sin experiencia en
materia energética pero cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al
director general de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza.
Ese día, 14
de diciembre, Miguel Ángel Lozada
Aguilar fue designado director general de Pemex Exploración y Producción (PEP),
según el acuerdo CA-165/2018. Lozada es un ingeniero petrolero con más de 35
años de servicio en Pemex: de 2009 a 2014 fue administrador del Activo Integral
Cantarell, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los
yacimientos más grandes del mundo.
No obstante,
en 2017 el entonces presidente Enrique
Peña Nieto anunció el cierre de ese complejo con la frase: “La gallina de los
huevos de oro se acabó”.
Ese año el nombre de Lozada apareció
en la investigación periodística de la Estafa Maestra; en 2012, como administrador de Cantarell y adscrito a la Subdirección de
Producción Región Marina Noreste de PEP, autorizó el convenio 422082806 con la
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas, Tabasco, para el
servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos
para esa Subdirección.
De acuerdo con la auditoría forense
13-4-99063-12-0250, funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la
UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron
parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las
licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones
educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar
servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en
muchos casos no existieron.
Lozada firmó el convenio con la
universidad tabasqueña por 140 millones de pesos. Sin embargo, según la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) la UPCH facturó 82 mil 863.2 pesos y
realizó la subcontratación de servicios a la empresa Maheca, SA de CV, por 80
mil 880.4 pesos, aunque ésta tampoco tenía las capacidades para desarrollar los
trabajos.
La ASF señala en su informe que
mediante el oficio número DGAF/1690/2012 del 24 de noviembre de 2014 dio aviso
al Órgano Interno de Control de PEP para investigar y fincar responsabilidades
administrativas para servidores públicos en este caso específico.
Ahora Lozada tiene la tarea de
desterrar la corrupción de PEP.
La sombra de
Odebrecht.
A propuesta
de Romero Oropeza, el abogado José
Samuel Sánchez Reyes fue ratificado por el Consejo de Administración como
subdirector jurídico de Operaciones Regionales, pese a que buena parte de la
trama de sobornos de Odebrecht coincide con sus años como gerente jurídico de
Convenios y Contratos de Pemex, cargo que desempeñó de 2012 a 2015 para más
tarde ser gerente jurídico de contratos de Procura y Abastecimiento de
Exploración y Extracción, según el currículum que forma parte de su declaración
patrimonial en la plataforma Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
Sánchez
Reyes figura entre los 18 funcionarios
investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la
Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en los
contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho que se deriva de la investigación
contra el exdirector Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho (carpeta
FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017).
En la
auditoría realizada al Contrato de Acondicionamiento del Sitio, Movimiento de
Tierra y Conformación de Plataformas para el Proyecto de Aprovechamiento de
Residuales de la Refinería de Tula, la
ASF sostiene que la información y las aprobaciones correspondientes pasaron por
distintas áreas, como las jurídicas a cargo de Sánchez Reyes.
Dicha
auditoría señala que desde el inicio de
la licitación, concretamente el 10 de diciembre de 2013, Pemex Refinación “dio
el visto bueno de la excepción a la licitación pública para llevar a cabo el
contrato”; así se adjudicó éste de manera directa a Constructora Norberto
Odebrecht.
En 2015, cuando el nuevo director general de Pemex
Fertilizantes, Rogelio Hernández Cazares, era titular del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud (REPSS) de Oaxaca –a cargo del programa Seguro
Popular–, médicos y enfermeras de la Sección 35 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud encabezaron protestas por el desabasto
de medicamentos y exigieron la renuncia del funcionario, acusándolo de desvío
de recursos.
Un año más
tarde la ASF confirmó las denuncias:
documentó un desvío de 915 millones 271 mil pesos; en la fiscalización superior
de la Cuenta Pública 2016 señaló que el REPSS no presentó la documentación que
justificara el destino de los recursos por medicinas, productos farmacéuticos,
gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la
salud y pagos a terceros por servicios de salud.
Hernández
Cazares, titular del REPSS de noviembre de 2014 a noviembre de 2016, dejó el
cargo para sumarse ese año a Morena como enlace estatal en Oaxaca, donde su
función era la de organizar la estructura electoral para los comicios de 2018.
Aquel año, según la prensa local, consiguió
un amparo contra una orden de aprehensión de la Fiscalía estatal.
Entre los
datos que le dio a la SFP sobre su experiencia laboral, Hernández Cazares señaló que fue enlace estatal hasta julio del año
pasado, cuando se celebraron las elecciones. Ahora reaparece como el nuevo
director de Pemex Fertilizantes con un sueldo de 107 mil pesos mensuales.
Hombres de
confianza.
Entre otros
nombramientos hechos a solicitud de Romero Oropeza de personajes sin
experiencia pero cercanos a él destaca
el de Marcos Manuel Herrería Alamina, su secretario particular cuando aquel fue
oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés
Manuel López Obrador. Ahora fue designado director corporativo de
Administración y Servicios de Pemex.
Herrería Alamina –cuñado de Pedro
López Obrador, hermano del presidente– también estuvo en la Dirección General
de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina durante el gobierno
de Miguel Ángel Mancera.
Romero
Oropeza asignó a otro hombre cercano la
Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex: el
ingeniero industrial Víctor Manuel Navarro Cervantes, quien fue subdirector de
Administración y Finanzas del Metro en 2004; más tarde, en 2005, fue
coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, que
en ese momento dejó el director actual de Pemex.
Otra ficha del lopezobradorismo que
tiene un papel central en la cruzada contra el huachicol, de la que se
desprende la estrategia del cierre de ductos, es Javier Emiliano González del
Villar, director general de Pemex Logística, subsidiaria encargada de la
distribución de combustible en el país.
González del Villar, sobrino del
exprocurador capitalino Samuel del Villar, tampoco tiene credenciales en el
área energética: es licenciado en derecho y se desempeñó de 2004 a 2015 en
funciones de seguridad. Fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México de 2004 a 2007, y más tarde, de 2009 a
2011, asesor en tareas de seguridad pública del entonces jefe de gobierno,
Marcelo Ebrard. Al año siguiente fungió como primer fiscal de Extinción de
Dominio de la Procuraduría capitalina.
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