Por:
Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro
La Policía Federal realizó al menos
tres informes confidenciales que concluyen que altos funcionarios de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) participaron en “actividades
detectadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto”, incluyendo a
Raúl González Apaolaza, Manuel Ángel Núñez Soto y Carlos Noriega Romero.
Los
documentos en poder de Aristegui Noticias coinciden
en que se estableció un mecanismo ilegal para controlar miles de acarreos de
materiales de carga, mediante sindicatos en los que colaboraron personajes
cercanos a Raúl González Apaolaza, como Máximo Reyes Vilchis.
Este mecanismo fue expuesto en el
reportaje Sindicato manipulado desde GACM controló negocio multimillonario de
aeropuerto en Texcoco, publicado por este medio el 8 de diciembre de 2018.
Renato
Sales, entonces titular de la Comisión
Nacional de Seguridad, dijo a este medio que el “Informe confidencial” es
auténtico.
Aristegui
Noticias obtuvo el documento más amplio
de una fuente de alto nivel relacionada con la investigación y los dos complementarios
de una fuente vinculada con el GACM. Los oficios también fueron difundidos este
lunes por José Luis Moya, quien se presenta como asesor en materia de
transparencia y combate a la corrupción.
El último reporte está dirigido a
Federico Patiño, director de GACM, con fecha del 6 de noviembre de 2018 y está
firmado por una oficial con grado de “Policía Segundo”. Este documento fue
reseñado por El Universal en su edición de este lunes.
Otro
documento está fechado el 18 de abril de
2018. En todos los casos, los documentos llevan sellos de la Secretaría de
Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad y Policía Federal.
En los
documentos se involucra a otros
servidores públicos, incluyendo al ex director del Infonavit, David Penchyna
Grub, quien aparece como socio de Carlos Noriega Romero, ex Director
Corporativo de Administración Inmobiliaria del GACM en la empresa denominada 3A
Inmobiliaria SA de CV.
Los
documentos indican que es el ministerio público el encargado de dirigir las
investigaciones criminales. Las personas solo pueden ser declaradas de un
delito mediante sentencia judicial.
LOS
DOCUMENTOS.
Personal de la Policía Federal
realizó visitas y entrevistas a operadores del transporte que participaron en
la obra, a personal de sindicatos y dueños de minas.
Concluye que la compra de 8 millones
de metros cúbicos de minerales no se dio en las mejores “condiciones en cuanto
a precio, calidad y financiamiento”. En informe indica que “En todo el polígono
de la obra es basta la evidencia de tezontle que no cumple con la norma, pesos
y dimensiones”.
Indica que el “conflicto de interés entre el director
corporativo Lado Tierra de GACM, Raúl González Apaolaza con Máximo Reyes
Vilchis”, quien dirigía el sindicato que obtuvo el contrato colectivo de trabajo.
González
Apaolaza y Máximo Reyes Vilchis laboraron
juntos en la Secretaría de Educación de Hidalgo (2001-2006), en la firma
cabildera Open Lobbying Firm (2011) y en la plana directiva de un sindicato
(2013), según la investigación de Aristegui Noticias.
Los sindicatos y servidores públicos
involucrados convinieron el pago de los minerales sin la intervención del
Órgano Interno de Control, organismos jurídicos o administrativos de Grupo
Aeroportuario.
Además de
este arreglo entre particulares, se
indica que GACM no contrató la operación del tren de carga para realizar los
traslados de material, lo que “hubiese reducido considerablemente el costo del
transporte…”, dice el documento.
En cuanto al daño al erario, se
establece que “prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle, por
transportarlo de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos”.
El informe
cita otro reportaje de Aristegui Noticias: la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encareció 89% el precio de la barda
perimetral.
La Policía Federal indica que los
contratos entregados a Sedena por alrededor de 11 mil millones de pesos no
garantizan el correcto seguimiento de los gastos, toda vez que GACM no tiene
archivados los comprobantes de gasto.
Esta
conducta fue verificada por Aristegui Noticias en marzo de 2018, cuando informó
que Sedena y Grupo Aeroportuario declararon inexistentes las facturas y
contratos que amparan los gastos de la barda perimetral.
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